La denuncia de una investigadora que advirtió irregularidades en laboratorios de la UNRC conlleva un precio importante para ella hasta el día de hoy. A casi un año de la primera denuncia administrativa, aún sufre represalias por parte de sus colegas denunciados, de los cuales tres se encuentran detenidos en la sede de la Policía Federal.
Fotografía: Santiago Mellano
Si googleás cuál es el precio a pagar por hacer una denuncia, la IA del buscador de Google rápidamente lanza la respuesta más obvia y literal: en general, es un trámite gratuito y no se suele cobrar por presentar una denuncia ante la Policía o las autoridades competentes de una institución. Pero en este caso, esta definición no aplica: denunciar una irregularidad en el lugar de trabajo puede traer mucho desgaste psicológico, emocional e incluso económico cuando se requiere de asesoramiento legal para hacer frente a los “contraataques”.
La siguiente historia no lleva el nombre de su protagonista pero resulta imperioso remarcar las secuelas que ha sufrido (y sigue sufriendo) esta docente e investigadora que hace un año denunció a cuatro de sus colegas por presunta utilización de laboratorios, equipamiento e insumos de la Universidad para un emprendimiento privado. Este mes se cumple el primer aniversario de aquella denuncia presentada ante el área de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto que, lejos de traer alivio o esclarecimiento, desandó una serie de hostigamientos que no cesan hasta el día de hoy.
Miradas esquivas, falta de empatía e incluso “un mejor trato hacia los denunciados” son algunos factores que llevan a pensar que la intervención de la Justicia Federal, en lo que ha demostrado hasta ahora, podría traer cierta calma y dotar de cierto respaldo a la mujer que se animó a denunciar un delito en su lugar de trabajo. Esta semana, se dio a conocer que dos de las tres personas detenidas declararon ante el fiscal Rodolfo Cabanillas. En tanto, la denunciante fue citada a declarar en calidad de testigo y, hasta el momento, se desconoce si la Universidad o el Conicet buscarán constituirse como querellantes en la causa.
En el último trimestre del 2023, la investigadora comenzó a advertir anomalías en las tareas diarias que se llevaban a cabo en uno de los laboratorios. La cantidad de muestras que llegaban para analizar era bastante mayor a la demanda que el equipo de investigadores solía recibir usualmente. La negativa de sus colegas a dejar constancias en un Drive sobre lo que ingresaba al laboratorio aumentó las sospechas que, de todos modos, no contaban con el peso suficiente como para realizar una denuncia formal. Cabe recordar que, a partir de distintos convenios con privados, la UNRC presta servicios a terceros pero esto se encuentra debidamente regulado a partir de acuerdos formales firmados entre las partes.
Meses después y con el aporte de otros colegas de la facultad, se pudieron recabar las primeras pruebas: un emprendimiento privado compartía imágenes de su trabajo en redes sociales y se denominaba A&B Agrobiotech Diagnostica. La página de Instagram cerró hace casi un año (luego de la denuncia administrativa en la UNRC) pero en su descripción aseguraba que dicha empresa -de la que no hay ningún tipo de registro formal – se dedicaba al diagnóstico y seguimiento experimental de bioinsumos y formulaciones agroespecíficas, así como también a la venta de bioinsumos y asesoramientos integrales.
La página era de carácter privado, algo inusual para un emprendimiento que, naturalmente, procuraría vender sus servicios en una página pública para tener más alcance y visualización. Allí se compartían imágenes del trabajo realizado en los laboratorios de la UNRC que no eran de carácter ilustrativo, ya que en varios de esos posteos mencionaban e incluso agradecían a las empresas que contrataban dicho servicio.
Luego de la denuncia presentada ante el área de Asuntos Jurídicos de la UNRC, la denunciante requirió su traslado a otro laboratorio pero la respuesta tardó siete meses en llegar. Sin mencionar que el traslado fue a nada más y nada menos que… ¡al laboratorio de al lado! Durante esos siete meses, la investigadora (quien dirigió varios de los proyectos que trabajaban en conjunto con los denunciados) debió compartir espacio y horas de trabajo junto a personas que hoy se encuentran detenidas en la sede de la Policía Federal de Río Cuarto. Fuentes cercanas a la docente aseguraron que los investigadores denunciados no daban ninguna muestra de preocupación o remordimiento y que, por el contrario, se mostraban campantes en su espacio de trabajo. “Se fingía demencia y, en algunos casos, se sigue fingiendo”, señalaron.
El contraataque
La primera bala llegó en forma de denuncia por supuesto maltrato laboral. La denunciante habría comenzado a marcar cierta distancia de sus colegas, a quienes aseguran que ya no podía mirar a la cara. Según pudo saber Otro Punto, dicho maltrato no pudo probarse y fue desestimado pero la situación forzó a la docente (que pasó de denunciante a denunciada) a hacerse de herramientas para poder defenderse y conseguir asesoramiento jurídico en materia laboral. De hecho, en estos últimos 12 meses, también debió solicitar asesoramiento de abogados especialistas en Derecho Administrativo e incluso en lo Penal a raíz de las situaciones que debió atravesar.
Por otra parte, la denunciante fue acusada por dos de sus colegas investigadoras por supuesto incumplimiento laboral en su rol docente. En este caso, la denunciada (nuevamente contraatacada por sus colegas) acudió al gremio docente, quienes la acompañaron durante esta instancia en la que presentó pruebas que desestimaron las acusaciones. No obstante, no se descarta que vuelva a haber un embate similar en el corto plazo, ya que sus colegas habrían realizado esta denuncia con el objetivo de apartarla de la cátedra que compartían.
Tanto la denuncia en la UNRC (en mayo del 2024) como el planteo vertido ante el CONICET (en julio de ese año) y la Oficina Anticorrupción (presentada en noviembre) contaron con la misma cantidad de pruebas presentadas por la denunciante. La mayoría de ellas vinculadas al emprendimiento privado y las respectivas publicaciones en redes sociales de A&B Agrobiotech Diagnostica. En diciembre y tras filtrarse la denuncia, el juez federal Carlos Ochoa inició una investigación de oficio y desde la Oficina Anticorrupción, quienes estaban al tanto de esto, archivaron temporalmente la causa a sabiendas de que el hecho ya estaba en manos del Juzgado local.
Los denunciados
Otro Punto accedió a la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción en noviembre del 2024. En el escrito, hay cuatro personas señaladas: el magister Oscar Masciarelli (actualmente detenido), la técnica Judith Reynaga (actualmente detenida), la doctora Julia Iparraguirre y la doctora Analía Llanes. Estas personas poseían llaves para ingresar al laboratorio n°5, en el cual se advirtieron los hechos denunciados. Contrario a las expresiones que aseguraron que los denunciados eran personal del Conicet y no de la UNRC, los perfiles laborales (Linkedin) de la mayoría de ellos dan cuenta de un vínculo fuerte con la institución. En el caso de Masciarelli, con más de 30 años de trabajo en la casa de altos estudios.
Por otra parte, hay una tercera persona detenida que no figura en la denuncia inicial pero que también está siendo investigada por la Justicia Federal: el doctor Lucas Gallaratto. Según informaron desde el programa Así son las cosas, el profesional además tenía un contrato docente para suplir en una cátedra a quien actualmente se desempeña como secretaria de Ciencia y Técnica de la UNRC, Marta Dardanelli.
Antes de que el Juzgado Federal realice el primer allanamiento en los laboratorios y detenga a las primeras dos personas, la actitud de los denunciados no evidenciaba preocupación. Desde el entorno de la denunciante, sospechan que al menos uno o dos de los investigadores en cuestión se habrían enterado de primera mano acerca del estado de situación de la denuncia administrativa. Mientras que la denunciante, al día de hoy, desconoce cuál fue el dictamen del área de Asuntos Jurídicos con respecto a la primera denuncia. El “fingir demencia” no es algo que forme parte del pasado. Pese a los distintos allanamientos ordenados por la Justicia Federal y que ya derivaron en la detención de tres personas, el resto de los denunciados sigue yendo a trabajar, pese a no contar con gran parte de sus herramientas de trabajo que se encuentran secuestradas.
Desde hace 12 meses, prácticamente no hubo un día de tranquilidad en la vida de la docente e investigadora que se animó a romper el molde con algo que, desde el punto de vista ético y profesional, no debiera llamar la atención ni implicar el desgaste que ha conllevado. Más allá de rescatar la predisposición de algunas autoridades en particular, desde el entorno de la denunciante aseguran que se ha sentido “absolutamente sola” en lo que refiere a un respaldo institucional.
El avance de la investigación -que actualmente tiene secreto de sumario- no solo será clave para esclarecer el hecho sino para incentivar a que aquellos que sospechen o detecten algún tipo de irregularidad, se animen a alzar la voz y no teman sufrir represalias por parte de sus pares o superiores. Por otro lado, no se puede hacer la vista gorda frente a discursos que hacen “leña del árbol caído” y aprovechan esta situación para denigrar a los profesionales de la UNRC, a los científicos del Conicet y a los trabajadores de las Universidades Nacionales en general. Como si este hecho fuese un argumento lo suficientemente fuerte para sostener creencias que derivan de un discurso que busca degradar al sistema universitario, científico y tecnológico nacional. Pero ese mismo argumento cae por la borda cuando se tiene en cuenta que la propia denunciante, que atravesó un “calvario” por haberse animado a hablar, también forma parte de esa comunidad académica a la que algunos denigran. Si se nos permite cambiar el dicho: “Una manzana podrida no siempre pudre todo el cajón”.
Deberian investigar en las otras facultades. Lo raro de este país es que los presos vayan a la cárcel. Estamos acostumbrados al libertinaje. Una pena. “Ay Patria mía dijo el General”