Minutos después de que iniciara la tercera Marcha Federal, se dio a conocer el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario y hay expectativas de que el Senado siga el mismo camino. El presupuesto 2026 destinará a la educación superior un 33% menos que en el 2023. Con más de 10.000 personas en las calles de Río Cuarto, el grito de la UNRC se hizo escuchar.
Fotos: Santiago Mellano
“Nuestro futuro no les pertenece”. Ese cartel fue uno de los tantos que se pudo leer en las calles de Río Cuarto en la movilización que congregó a más de 10.000 personas el pasado miércoles. Aquella expresión remite a una de las frases más rimbombantes del discurso que brindó la riocuartense y graduada de la UNRC, Piera Fernández, durante la primera marcha en abril del 2024 en Capital Federal. Mientras estudiantes, docentes, no docentes, graduados y vecinos en general se acercaban a la Plaza San Martín para dar inicio a la tercera Marcha Federal Universitaria, el Congreso daba un mensaje que inyectó cierto optimismo de cara a octubre, cuando el Senado se expida en relación al veto presidencial.
Este miércoles, con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja trazó el camino hacia el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei (tanto para con las universidades nacionales como el Hospital Garrahan). En Río Cuarto, las dos manifestaciones previas también cosecharon una buena convocatoria y la última concentró a más de 10.000 personas con un reclamo que sigue siendo el mismo: garantizar el sostenimiento de las universidades nacionales.
“El país levantó su voz en defensa de las causas justas: discapacidad, el Garrahan, la salud pública, nuestros jubilados y jubiladas, nuestras universidades públicas y el sistema científico. Se sintetizaron en este reclamo las cosas importantes que debemos cuidar y que definen una Nación. Las instituciones que nos dan prestigio en el mundo entero, que todos los días producen lo que le transforma la vida a nuestra gente”, expresó la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, en la explanada de la Municipalidad. Previamente y durante el recorrido hacia el Palacio de Mójica, la vicerrectora, Nora Bianconi, mostró su conmoción ante un resultado que, a juzgar por la experiencia previa, era inesperado.
El decreto emitido por el presidente Javier Milei (en el que argumentaba la decisión de vetar la ley) planteó que “el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad y que constituye la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible y transformarla en crecimiento genuino”.
La Ley de Financiamiento Universitario propone tres puntos claves: que la inversión en el sistema universitario sea creciente hasta llegar al 1,5% del PBI en el año 2031 y así fortalecer el sistema de educación superior; la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento; y la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios atrasados que, entre docentes y no docentes, la pérdida de poder adquisitivo rozó el 40%. El secretario de Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Gastón Chiesa, aseguró a Radio Universidad que la entrada en vigencia de esta normativa brindaría previsibilidad, una mirada a largo plazo y sobre todo, implicaría un avance en la recomposición del salario docente y no docente.
A comienzos de esta semana, el presidente Javier Milei presentó de manera escueta el Presupuesto 2026 y, como era de esperarse, las UUNN no tuvieron buenas noticias. Aunque en términos nominales se habla de un supuesto incremento en los fondos que percibirán las universidades, desde la UNRC consideraron que en términos reales no difiere del presupuesto que reciben actualmente (que implicó una baja de más del 30% en comparación al 2023). Las y los rectores de las universidades públicas plantearon que el presupuesto total debiera ascender a $7,3 billones. El gobierno nacional no pretende invertir más de $4,8 billones durante todo el 2026.
En lo que va del 2025, el gasto real de las universidades cayó un 5,8% en relación al 2024 según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y el INDEC. En tanto, lo anunciado en el Presupuesto 2026 destina a la educación superior un 1,5% menos que el 2025. La situación es aún más grave si se compara con el 2023: el presupuesto 2026 será un 33% menor al de aquel entonces. Si se intenta desglosar, el ítem más perjudicado fue el de gastos de funcionamiento que registró una baja del 18,1% respecto al 2024 y de un 33,4% respecto al 2023. En cuanto al salario (que suele implicar el 90% del total del presupuesto), solo hubo un aumento del 1,4% respecto a los primeros 8 meses del 2024 y una caída del 29% si se compara con el mismo período del 2023.
El Gobierno Nacional no “fingió demencia” ante este dato y, por el contrario, lo utilizó para argumentar el veto. “Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49% en términos nominales, mientras que en el mismo período la variación del IPC fue del 220,45%”. Posiblemente, el mandatario buscó apelar a un sector de su electorado que probablemente considere “acertado” que se haya achicado el gasto en las UUNN.
El sector no docente ha experimentado una caída del 40% en su salario básico en lo que va del gobierno de Javier Milei. Daniel Garis, secretario general de ATURC, manifestó a Otro Punto que un trabajador no docente en su categoría inicial no llega a los $600 mil de salario. El referente sindical remarcó que hubo gobernadores y diputados que “le dieron gobernabilidad” a este gobierno en un principio y consideró que aún no se dimensionan las consecuencias de la Ley Bases para el sector trabajador.
La convocatoria en Río Cuarto contó con apoyo de buena parte del arco político: el peronismo en sus distintas expresiones, la UCR e incluso el Frente Cívico (aliado de La Libertad Avanza) acompañó la movilización en las calles. El intendente Guillermo De Rivas, junto a sus pares del Gran Río Cuarto, enfatizaron en el rol clave que tiene la casa de altos estudios desde hace más de 50 años en la construcción de la identidad de Río Cuarto y la región y como matriz principal del desarrollo productivo, conocimiento, ciencia y tecnología.
“Como vecino de la ciudad, como docente universitario y también como intendente, veo que no tendríamos el Río Cuarto que tenemos si no fuera por la Universidad. Lo que nuestra Universidad produce en conocimiento, en talento, en desarrollo, en actividad productiva, tiene un valor importante. Por eso acompañamos estas tres movilizaciones que se hicieron en todo el país”, señaló en diálogo con Otro Punto. Por su parte, el intendente de Holmberg, Maximiliano Rossetto, consideró que esta situación debiera servir para revalorizar el rol del Estado. “En Córdoba sabemos que más del 70% votó a este gobierno pero no creo que la gente le diga ‘No’ al Estado. El Municipio es parte del Estado y en nuestro caso, ante la falta de recursos de Nación, estamos dando las respuestas que ellos no dan. Por ejemplo, en materia de salud”, afirmó.
Los concejales de los bloques Hacemos Unidos por Río Cuarto y La Fuerza del Imperio también se hicieron presentes. En cuanto al bloque Primero Río Cuarto, Antonella Nalli (UCR) y Pablo Benítez (Frente Cívico) acompañaron la manifestación. El jefe del bloque oficialista, Leandro Carpintero, resaltó el rol activo del Legislativo local frente al reclamo de la UNRC y la participación de la mayoría de los ediles en la movilización de esta semana. También se refirió al contexto electoral, con las elecciones de medio término a fines de octubre: “La supuesta estabilidad macroeconómica no se nota en los bolsillos de la gente y a eso se suma la política en materia de discapacidad, jubilaciones, falta de generación de empleo que es una vergüenza”.
Pese al gran acompañamiento de la sociedad a las movilizaciones que se replicaron en todo el país, tampoco deja de ser recurrente el discurso que asegura que las universidades “no se dejan auditar”. Pero este dato es fácilmente rebatible: aunque el gobierno nacional anunció que hará auditorías y que hay casas de altos estudios que supuestamente “no quieren hacerlo”, todavía no avanzó en el nombramiento de los integrantes que faltan en la AGN (Auditoría General de la Nación) para poder funcionar. Solo hay uno de sus siete miembros con mandato vigente (Juan Manuel Olmos, presidente del organismo y designado por Unión por la Patria, espacio con mayor representación en el Congreso). Resta la designación de seis miembros a través de la Cámara de Diputados y el Senado (tres por cada cuerpo). Que ese nombramiento tenga lugar en las respectivas cámaras está en manos de nada más y nada menos que los presidentes de cada una: Martín Menem y Victoria Villarruel respectivamente. Es decir, es el propio gobierno nacional quien ha imposibilitado ese proceso.
Más allá de los entretelones políticos, que no quedan exentos en un año electoral como el que atravesamos, la reflexión del párroco Carlos Juncos busca enmarcar este reclamo en términos de justicia y humanidad. El coordinador de la Pastoral Universitaria citó al Papa Francisco y consideró que “nadie se salva solo” y que “esto también es democracia”. “No solamente ir a votar el día de la elección. Cuando el pueblo deja claro lo que esperamos de nuestras autoridades, sean del partido que sean, también es importante” y agregó: “La educación pública es un derecho y tiene que ver con nuestro mismo sueño: que todos puedan tener una vida plena, digna y justa”. La educación pública nos salva y nos hace libres. Libres de verdad.
