El presidente Javier Milei aseguró que vetará la Ley de Emergencia en Discapacidad y esta semana comenzó a correr el plazo para hacerlo. Familias y profesionales de la discapacidad alertaron sobre los obstáculos para acceder a pensiones no contributivas y advierten que las auditorías se están realizando sin criterios accesibles y transparentes. En Río Cuarto, buscan frenar recortes que podrían afectar a 10.000 personas.
Fotos: El Megáfono
Amo mi trabajo pero no vivo del amor. No hay vocación que aguante la precarización. Hoy mi profesión duele. Tengo que reclamar mis derechos y justificar mi trabajo. No vivimos de la vocación. Dignidad laboral para cuidados de calidad. Aumento urgente del nomenclador, pagos sin demoras y aranceles éticos ya. Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera. Lo esencial es invisible al Estado. Basta de vulnerar los derechos de mi hijo. Nadie se salva solo. … Algún día, ese ‘otro’ podés ser vos. Todas las frases anteriores se pudieron leer en los carteles que coparon la plaza central de Río Cuarto en las últimas movilizaciones que reclamaban por la declaración de Emergencia en Discapacidad.
Con el inminente veto a la ley aprobada por el Senado (y que ya fue anticipado por el presidente Javier Milei), seguramente estos carteles volverán a ser sostenidos por educadores, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos/as, transportistas, familiares y las propias personas con discapacidad que advierten una crueldad inédita en esta medida que se ampara en el precepto de que “El déficit fiscal no se negocia”.
Aún así, este accionar no resulta sorpresivo. Previamente, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, había tenido declaraciones polémicas hacia Marlene Spesso, madre de Ian Moche (el niño activista por los derechos de las personas autistas que luego fue agraviado en redes sociales por el propio presidente). Spagnuolo manifestó: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia. No del Estado”. Aquella expresión terminó de evidenciar cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional en torno a las políticas públicas para las personas con discapacidad.
Los prestadores y profesionales que trabajan en la temática hacen hincapié en que la situación del sector es cada vez más crítica: los aranceles requieren de un incremento de más del 45% para equipararse a la inflación y los pagos llegan a demorarse hasta 120 días. Marisa Morales, coordinadora de la cooperativa Todos Juntos (institución que hace más de 30 años acompaña con actividades de formación laboral y como centro de día), comentó a Otro Punto que hay profesionales que están considerando otras alternativas o sumando otras actividades laborales por fuera de su especialidad.
“Todos Juntos” tiene a 54 personas con discapacidad que asisten diariamente a sus talleres de formación y al centro de día. Mientras que 22 profesionales trabajan en forma permanente en la institución, además del personal administrativo y de limpieza. La cercanía diaria con quienes asisten al centro y sus familias les permite conocer de primera mano que, además del desfinanciamiento en políticas de discapacidad, la falta de actualización del nomenclador de las prestaciones y la cobertura reducida de las obras sociales, las personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos de manera simbólica y en múltiples instancias.
“Se ha profundizado la falta de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Tiene que ver con la concepción que tiene este gobierno en relación a esta temática. El problema es mucho más profundo”, comentó Morales y citó como ejemplo aquella resolución que salió a fines de febrero y empleaba términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a las personas con discapacidad (conceptos que dejaron de emplearse a mediados de los ‘60).
El problema no es auditar sino cómo
Lejos de alimentar aquellas falacias de “no querer auditorías”, la coordinadora de la cooperativa aseguró que, por el contrario, “el problema no es que se audite. Queremos que las pensiones no contributivas se den a quienes les corresponde por derecho. El problema es cómo se audita. Se necesita que haya un proceso respetuoso”. Morales comentó que las instituciones, al igual que el Estado municipal, trataron de brindar información al respecto y acompañar a las familias en ese proceso. “No estamos en contra de los controles porque nosotros, en nuestra actividad, vivimos controlados. Tenemos que cumplir con muchísimos requisitos de seguridad, higiene. Hemos tenido auditorías de obras sociales. Lo importante es que esos procesos sean respetuosos”, enfatizó.
En esa línea, los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (que no cuenta con una sede física en Río Cuarto desde el 2018), consideran que el nuevo sistema de auditorías apunta, lisa y llanamente, a buscar un “pretexto” para dar de bajar cierta cantidad de pensiones no contributivas. De hecho, hasta el pasado 16 de julio, se registraron 80.000 bajas de pensiones por discapacidad. El gobierno nacional manifestó que esto representaría un “ahorro” de $23 mil millones para el Estado.
Franco Orsato, titular del departamento de Discapacidad de ATE Córdoba y trabajador de la ANDIS, explicó que las auditorías que se están llevando a cabo con este nuevo sistema no contemplan las necesidades y derechos de las personas con discapacidad. “Ya lo había manifestado el director nacional de la ANDIS cuando dijo que piensa dejar un tercio de los pensionados sin el beneficio. Hay casos en los que ya se procedió a la suspensión. No es un censo lo que se quiere hacer sino un ajuste”, aseguró.
Orsato manifestó que las condiciones de espera en los consultorios a los que han sido citados los beneficiarios no siempre están adaptadas a las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con la forma en que se han planteado estas citaciones. “La mayor parte del universo que percibe una pensión no contributiva, en función de sus ingresos escasísimos y su situación de vulnerabilidad, no tienen un domicilio fijo y se mudan constantemente. Viven en condiciones muy precarias y no siempre tienen actualizado su domicilio. Ellos (en relación a Nación) lo saben y hay una actitud manifiesta de no comunicar toda la información para que llegue a la gente y se advierte una fuerte intencionalidad de que se den de baja los beneficios”, explicó el director del departamento de discapacidad de ATE . Además, señaló que el Estado tiene la obligación de hacer al menos dos citaciones para las respectivas auditorías y que se han advertido suspensiones de pensiones luego de una sola citación. En este sentido, reafirmó que no se trata de un “capricho” del sector sino de derechos consagrados en la Constitución Nacional y alineados a la Convención Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad.
Nuevamente, el problema no radica en la revisión de las pensiones (que son alrededor de 1.200.000 en el país) sino en la forma en que se ha planteado el nuevo sistema de auditorías que, en palabras del trabajador local de la ANDIS, debiera haber tenido una planificación acorde. De esta manera, los beneficiarios sabrían con anticipación las condiciones necesarias para mantener el beneficio y contarían con un tiempo prudente para actualizar sus datos en ANSES, previo a la auditoría.
Orsato señaló que la consulta más recurrentes de los pensionados es “¿Qué pasa si no me puedo presentar a la primera citación porque no llego con la documentación?”. Los requisitos que se le piden a varios pensionados es, en muchos casos, información médica actualizada. Al tratarse de personas que, en su gran mayoría, son de bajos recursos, deben acudir a los hospitales públicos para realizarse los estudios correspondientes. Con una demanda cada vez más creciente en el sistema público de salud, los turnos médicos se suelen extender más allá del tiempo que les otorga la ANDIS para presentar la documentación.
“O hay incomprensión o hay mala fe. Las horas y condiciones de espera en este proceso de auditorías tampoco han sido pensadas en función de los distintos tipos de discapacidad”, manifestó el integrante de ATE, quien remarcó que las personas que acuden a tramitar una pensión son personas que, de por si, no cuentan con ninguna vivienda o vehículo a su nombre y la pensión es el único ingreso que perciben. “El gobierno juega con esa vulnerabilidad y cierta resignación”, consideró.
Los primeros datos a nivel local
En 12 sectores ya relevados por la Municipalidad de Río Cuarto, se advierte que el 17,36% de los hogares tendría al menos una persona con discapacidad y en el 8,99% de los casos habría al menos una persona que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad. Cabe resaltar que esta información aún no puede considerarse representativa de todo el universo de personas con discapacidad en la ciudad, ya que hay sectores que están pendientes de ser relevados. Según pudo saber Otro Punto, el Municipio también se encuentra trabajando -en conjunto con profesionales del Conicet- en el desglose de los datos del censo del 2022.
Otro dato interesante que se desprende de estos operativos tiene que ver con los distintos tipos de discapacidad (según porcentaje de personas). Del universo relevado en 12 sectores de la ciudad, el mayor porcentaje corresponde a un tipo de discapacidad física y ronda el 45%. Luego sigue la discapacidad intelectual (que comprende casi un 18% de las personas con discapacidad que fueron relevadas) y la discapacidad sensorial (11,25%). Luego se ubica la discapacidad múltiple y la discapacidad de aprendizaje (ambas con un 9,65% respectivamente) y, por último, la discapacidad psicosocial (6,43%).
Además de las distintas acciones impulsadas por el Consejo Asesor en Discapacidad (integrado por el departamento de discapacidad de la Municipalidad, ATE Río Cuarto y diversas organizaciones y entidades), la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto ha elevado reclamos a la superintendencia de Salud para procurar el freno de posibles recortes a 10.000 personas de Río Cuarto y la región que se verían afectadas.
