La caída de un pedazo de revoque sobre una estudiante del colegio Di Chiara volvió a poner en el foco la situación edilicia de las escuelas en Río Cuarto. Estudiantes y padres se organizan para fortalecer el reclamo. Esta semana, la inspectora general visitó la institución, luego de la suspensión de clases presenciales durante una semana. ¿Una situación que “se veía venir”?
Hace un mes y medio que empezaron las clases y los primeros vientos de otoño comienzan a sentirse. Salir de la cama cuesta un poco más pero sigue siendo más fácil de lo que va a ser en junio o julio. Ni hablar de agosto con el viento que tanto caracteriza a Río Cuarto y ni hablar si en tu escuela no funciona la calefacción. Te tomás el colectivo y el viaje sirve un poco para desperezarte. Llegás y te encontrás con tus amigos. Algunos incluso ya están pensando qué van a hacer el fin de semana, otros hablan sobre la serie que están viendo, otros están pensando en que todavía tienen que juntarse para hacer el trabajo grupal de Biología. Entrás al aula y ¿cuál es el peor escenario que se te puede ocurrir cuando estás en 5° año? ¿Que te entreguen ese examen que pensaste que aprobabas y al final no? ¿Que la profe de repente empiece a tomar examen sorpresa y seas el primero en pasar al pizarrón para resolver el ejercicio? ¿Qué se te caiga un pedazo de techo en la cabeza? Al parecer, la última opción es tan potable como las otras.
El martes pasado, en el colegio IPET N° 203 Juan Bautista Dichiara, cayó un pedazo de revoque sobre una estudiante de quinto año. Afortunadamente, la adolescente no sufrió heridas pero desde el colegio activaron el protocolo correspondiente y llamaron al servicio de emergencias. Posteriormente, se determinó la suspensión de las clases durante una semana para que se lleven adelante los arreglos correspondientes. Dos días después del hecho (que aún no había trascendido mediáticamente), el gobernador Martín Llaryora visitó la ciudad y entre sus anuncios resaltó el fortalecimiento del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Desde diciembre del 2023, el Panal transfiere determinada cantidad de fondos pero son los municipios los que se encargan de gestionar los respectivos arreglos en las instituciones. Este fondo contempla trabajos de mantenimiento; reparación y/o readecuación del sistema eléctrico, sanitario y de gas; mantenimiento y reparación de cubiertas de techo. También implica la limpieza de tanques de agua; mantenimiento y reparación de carpinterías; protección anti-vandalismo, desmalezamiento y/o poda de espacios verdes, entre otras reparaciones. Desde el inicio de su gestión y hasta marzo del 2025, Llaryora ha transferido a los municipios y comunas cerca de $22 mil millones en concepto del FODEMEEP.
En el verano del 2024, la entonces secretaria de Educación, Mercedes Novaira, se mostró al frente de este operativo que implicó, en principio, la refacción de aproximadamente 10 escuelas. Entre las principales falencias detectadas, se encontraban los techos de los edificios escolares, la necesidad de mantenimiento y limpieza de los baños, desmalezado, pintura, falta de mantenimiento de calefactores, falta de ventiladores, entre otros aspectos.
Con la premisa de que la primera puerta que tocan los vecinos es la de la Municipalidad, la fortaleza de este mecanismo sería generar una “respuesta rápida” ante este tipo de necesidades en las escuelas. En junio del año pasado, el gobierno local resaltó que se estaban interviniendo cerca de 70 instituciones educativas a partir del FODEMEEP, tanto en nivel inicial, primario, secundario y terciario (el colegio Dichiara figuraba en la lista). En febrero de este año, el Municipio aseguró que se estaba trabajando en 25 edificios de manera simultánea y el propio intendente resaltó que varias tareas se realizaron entre enero y febrero, por lo que agradeció que las autoridades hayan prestado tiempo de sus vacaciones para facilitar la realización de los arreglos.
Las obras en el colegio Juan Bautista Dichiara se hicieron esperar un poco más pero se comenzaron a realizar en febrero. Estos trabajos fueron destacados por el propio Municipio una semana antes de que comiencen las clases. Resaltaron que, tanto en la escuela de la calle Bolívar como en el colegio Normal, se estaban realizando “importantes obras” a través del FODEMEEP y también trabajos complementarios. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro, dijo que se estaban llevando adelante las tareas de reparación y mantenimiento “más intensivas” y que había 10 convenios en marcha con la ejecución de distintas tareas. En ese entonces, Cantoro resaltó que las tareas que se priorizaron en estos casos fueron las del interior de los colegios para no afectar el inicio de clases.
En diálogo con el programa Así son las cosas, la directora del colegio Dichiara, Alejandra Álvarez, señaló que no se trató de un hecho aislado y que desde el comienzo de clases se han dado situaciones similares. La docente resaltó que el edificio tiene casi 150 años y que frecuentemente presenta desperfectos de este tipo. Aseguró que hace ocho años llevan adelante el reclamo ante las autoridades estatales y que, en el comienzo del ciclo lectivo 2025, tuvieron que clausurar la biblioteca y advirtieron caídas de revoques en galerías.
Desde la Unión de Estudiantes Secundarios se solidarizaron con el reclamo de las autoridades del colegio y aseguraron que se está violando el derecho de los estudiantes a acceder a un establecimiento educativo que garantice el bienestar físico y la permanencia del cursado. En su descargo, la UES aseguró que el colegio está siendo víctima del incumplimiento del pago de subsidios por parte del Municipio. Juan Mirás, integrante del espacio, manifestó a Radio Universidad que el gobernador había anunciado hace un año una inversión de casi $800 millones para ocho colegio (incluido el Dichiara). En tanto, Agnes Casas, otra de las referentes de la agrupación, enfatizó en que el Estado autorizó el inicio de clases en la institución, pese a conocer el estado en el que se encontraba el edificio.
La directora de la institución mencionó que el trabajo lo llevó adelante la desarrolladora Diez y Asociados, quienes fueron los adjudicatarios de dicha obra por un monto que, según Álvarez, rondó los $300 millones. Además, señaló que las refacciones se llevarían adelante por etapas y que recién se llevó a cabo la primera. Lo planteado por la docente fue rápidamente desmentido por la constructora en cuestión, quienes aseguraron que la obra para la que fueron contratados ya está finalizada y que, entre las tareas que llevaron adelante, no se contemplaba la reparación del sector en el que se desprendió la mampostería.
A comienzos de marzo, la constructora había mostrado imágenes de los trabajos realizados, tanto en el colegio Juan Bautista Dichiara como en el Nacional (otra de las instituciones educativas más longevas de la ciudad). Desde la empresa, aseguraron que el señalamiento de parte de las autoridades del colegio no corresponde: “No deberíamos hablar de un incidente del cual no fuimos responsables, ya que se dio en sectores donde no se hicieron reparaciones”. Las obras del pliego en cuestión se asignaron a partir de un proceso licitatorio en el que Diez y Asociados resultó ganadora “por presentar el mejor presupuesto”. Remarcaron que los trabajos realizados se cumplieron en tiempo récord y que, pese a las fuertes lluvias que hubo durante marzo, no ha habido inconvenientes en los sectores que fueron intervenidos por la constructora. Agregaron que la empresa cumplió con todos los puntos requeridos pero que aún no se ha cobrado la totalidad de los trabajos realizados (contrario a las declaraciones de la directora).
“Se veía venir”
“No debería haberse autorizado el inicio de clases en el colegio”, señaló un integrante de la comunidad educativa del colegio Dichiara en diálogo con Otro Punto. Más allá de que el edificio tiene más de 130 años, aseguró que en los últimos años se han visto todo tipo de deterioros en la institución de calle Bolívar y que ha sido motivo de preocupación para los docentes, estudiantes y padres/tutores.
En febrero, semanas previas al inicio del ciclo lectivo, se barajó la posibilidad de que el alumnado tenga clases en otro edificio hasta que finalizaran los arreglos. De hecho, las inscripciones del mes de febrero se estuvieron realizando en la escuela Líbero Pierini. Según la información que pudo recabar Otro Punto, las respectivas autoridades a cargo de la inspección (entre ellas la inspectora de la zona XII, Delia Cavalli), habrían dado el visto bueno para que el ciclo 2025 iniciara normalmente..
Más allá de la rotura de los techos, el edificio con más de 130 años presenta frecuentemente problemas de filtraciones e incluso problemas de subsidencias en el piso. Según pudo saber Otro Punto, los arreglos efectivamente estarían planteados en tres tramos: en una primera fase, la mayoría de las refacciones tuvieron que ver con la mampostería. En segundo lugar, con el suelo; y en una tercera fase, se procedería al arreglo del sistema eléctrico (etapa que aún no inició y que generaría preocupación en el cuerpo docente).
Una semana después del incidente, el colegio retomó la presencialidad. En la jornada, estuvo presente la inspectora general del gobierno provincial, Noemí Fonseca. Según pudo saber Otro Punto, padres de estudiantes acudieron a primera hora al colegio para tratar de dialogar con la funcionaria o con alguna autoridad de la escuela para tener tranquilidad de que la situación edilicia se había subsanado. En aquella jornada, no pudieron entablar diálogo con ninguna de las partes.
Más allá de que las inspecciones generales forman parte de la órbita provincial, da la impresión de que la pelota ahora la tiene el Municipio. Este traslado de responsabilidades al gobierno local podría equipararse a otras patas de la gestión como la prevención en el marco de las políticas de seguridad (a partir de la creación de la Guardia Urbana Local). De esta forma,el gobierno local se encuentra con un nuevo frente y un conflicto que desactivar. Por lo pronto, antes del fin de semana largo, funcionarios se reunieron con distintos actores (entre ellos, la UES) para tratar de calmar las aguas.
Se reúnen con la UES pero no con los padres de los estudiantes que asisten a la Escuela. Qué formas de gestión son esas? A qué intereses responden?