Desde la oposición (y con el acuerdo de los directores del oficialismo), piden que se rescinda el contrato con Trasus, la empresa a cargo del ex ministro Mario Elettore. Aseguran que, salvo en gestiones como la subasta inversa en Compras, el software no estaría implementado en el resto de las áreas. Además, desde el EMOS se niegan a abonar el pago correspondiente al corriente mes, ya que la empresa ha recibido más de $150 millones por parte del ente.
Luego de reiterados pedidos de informe, la oposición ahora requiere la disolución del contrato entre el Ejecutivo Municipal y las empresas del ex ministro de Finanzas de la Provincia, Mario Elettore. El pedido ahora toma otro tenor, ya que contaría con el respaldo de todos los miembros del directorio, a partir de no haber visto avances en la implementación del nuevo software en el Ente Municipal de Obras Sanitarias. Según señaló Lucas Castro, director del EMOS por la oposición, el método de subasta inversa en el área de Compras es el único que se lleva a cabo con la nueva herramienta.
“Todo lo que es liquidación de sueldos, pedidos de licencias de los trabajadores, imprimir recibos de sueldo, entre muchas otras acciones, no se están haciendo con Trasus. Ya se le pagó más de $150 millones a la empresa y no se ha avanzado en prácticamente nada. Lo único que se puede hacer vinculado a compras es el método de subasta inversa”, manifestó el funcionario.
En diálogo con Otro Punto, Castro recordó cuando, poco tiempo después de su denuncia ante los medios, una decena de trabajadores pertenecientes a Trasus llegaron a las oficinas del EMOS para acelerar los trabajos. Incluso se llevó a cabo una capacitación para el personal del EMOS en relación al nuevo sistema de gestión de Recursos Humanos. Aún así, la herramienta no se estaría implementando en dichas áreas.
Cabe resaltar que otra firma perteneciente a Elettore (BPI Servicios S.A.S) también firmó un convenio para avanzar en la capacitación y acompañamiento en el proceso de certificación de las normas ISO. En este sentido, Castro aseguró que “en el EMOS hay 0% de certificación de avance en normas ISO” y remarcó que, a pesar de eso, se realizaron pagos en relación a ese ítem.
El contrato que se elaboró hace tres años tiene entre sus partes al secretario de Economía, Pablo Antonetti y el propio Mario Elettore. La ordenanza aprobada en 2022 planteaba que el 75% del pago del servicio provendría de la secretaría de Gobierno Abierto (en aquel entonces conducida por el actual intendente, Guillermo De Rivas) y que el 25% restante sería abonado por el EMOS. Además, señala que la licencia del uso del software comprende un término de 48 meses y que, vencido ese plazo, se establece la renovación automática del contrato por 24 meses más.
El aspecto más preocupante tiene que ver con los plazos de implementación que, según el contrato, el proceso debiera haber finalizado a comienzos del 2024. Es decir, 18 meses después de que se haya firmado el acta de inicio de tareas. En caso de no cumplir con ese plazo, el contrato dispone penalizar a la empresa para que deje de percibir el canon pactado “hasta la entrega de todos los módulos funcionando y operativos”.
A fines de julio, Castro emitió un documento en el que solicita la disolución del contrato con las firmas Trasus y BPI (ambas pertenecientes a Elettore). Entre las razones, menciona la ausencia de cumplimiento comprobable de los objetivos establecidos contractualmente “sin entregables auditables o documentación técnica respaldatoria” y la falta de informes técnicos y financieros que justifiquen la erogación de más de $153 millones provenientes del presupuesto del EMOS.
Por otra parte, resalta que hubo un incumplimiento en “los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad y transparencia en la administración de recursos públicos, en abierta contradicción con los valores institucionales que deben guiar el accionar del ente”. Allí, enumera que hubo un gasto sin prestación efectiva del servicio y considera que constituye un acto “sin justificación ni mecanismo de control”. “Esto implica que los pagos realizados pueden generar responsabilidades patrimoniales y administrativas para los funcionarios que las autorizaron”, concluye el escrito en una tácita alusión al secretario Antonetti.
A diferencia de la gestión Llamosas, se advierte cierta intención (al menos de parte de los directores del oficialismo) de avanzar en el control de los servicios prestados por la empresa e incluso intentar recuperar el dinero pagado por el ente. En el Ejecutivo, también se habría manifestado cierta predisposición de avanzar en la constatación de las tareas. Sin embargo, en los últimos días, la Municipalidad le habría requerido al EMOS que abone el pago correspondiente a este mes a Trasus/BPI pero desde el directorio se habrían negado.
La polémica por la contratación directa que tuvo lugar hace tres años (y que fue criticada por el Cluster Tecnológico de Río Cuarto) sigue generando críticas por parte de la oposición pero también por parte de figuras como el presidente del Emos, Juan José Oses, quien estaría de acuerdo con avanzar en la disolución de dicho contrato o, por lo menos, de exigir el cumplimiento del mismo. En un contexto en el que la gestión De Rivas asegura ponderar la austeridad, la oposición insiste en que se revean los pagos a una empresa (perteneciente a un ex funcionario provincial) que estaría lejos de haber cumplido con lo pactado.
