La corrupción es el principal problema del país y ningún gobierno logró frenarla. Hace falta una ingeniería institucional que funcione como un panóptico democrático, una vigilancia continua sobre los funcionarios, transparencia obligatoria y control ciudadano.
La corrupción se ha instalado, una vez más, como el principal problema del país. Según distintas encuestas recientes, más de la mitad de los argentinos la considera la preocupación más urgente, incluso por encima de la inflación, el desempleo y la inseguridad. Ese dato no es casual, es el reflejo de una percepción social arraigada de que ningún gobierno —sea del signo que sea— logró construir instituciones eficaces para prevenir y sancionar los abusos de poder.
La historia reciente es pródiga en ejemplos. El kirchnerismo arrastra causas por la obra pública, y más; el macrismo, por los aportantes truchos y la mesa judicial; el actual oficialismo ya enfrenta denuncias por contratos irregulares y tráfico de influencias. La conclusión es incómoda pero inevitable: “la corrupción es un mal estructural del Estado argentino”, no un accidente atribuible a una gestión en particular. Y lo más grave es la incapacidad crónica de las instituciones estatales para controlarla.
En este punto, conviene preguntarse: ¿qué tipo de arquitectura institucional necesitamos para frenar este círculo vicioso? Aquí resulta iluminador rescatar una metáfora de Michel Foucault: el panóptico diseñado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Se trataba de una cárcel circular en la que un único guardia, ubicado en el centro, podía vigilar a todos los reclusos sin ser visto. La clave era la visibilidad permanente, la sensación de que siempre hay un ojo que observa.
Aplicado al Estado argentino, el desafío sería crear ese sistema institucional que garantice la vigilancia continua, no de los ciudadanos, sino de los propios funcionarios. Un entramado de organismos de control con autonomía real, tecnología de seguimiento en tiempo real de contrataciones y presupuestos, y un sistema judicial blindado frente a las presiones políticas. En otras palabras, una ingeniería institucional que convierta la opacidad en transparencia obligatoria.
La resistencia a un esquema así es claramente previsible. Ningún poder político disfruta de ser vigilado. Pero si aceptamos que la corrupción no es patrimonio de un partido sino una enfermedad sistémica, entonces la solución debe ser sistémica, también. No alcanza con leyes más duras o con discursos moralistas; se requiere un rediseño institucional que impida que la corrupción florezca.
Lo interesante de esto es que gran parte de la sociedad, cansada de la ineficiencia estatal, termina tolerando cierto grado de corrupción bajo la promesa de resultados. Estudios regionales muestran que cinco de cada diez latinoamericanos estarían dispuestos a “pagar el precio” de un poco de corrupción si eso significara resolver problemas urgentes. Esa naturalización del mal menor solo perpetúa el círculo: resignados a convivir con la trampa, reducimos nuestras expectativas y perdemos la brújula ética.
La democracia argentina necesita otro horizonte. El combate a la corrupción debe dejar de ser una bandera electoral que se enarbola en campaña para olvidarse en la gestión. Debe convertirse en una política de Estado sostenida, consensuada entre oficialismo y oposición, y monitoreada por organismos independientes, la sociedad civil y la prensa libre.
El Panopticom que imagino no es una utopía totalitaria, es un mecanismo democrático de control continuo, donde la transparencia no sea una excepción sino la regla. Una vigilancia que no persiga ni intimide, sino que proteja los recursos públicos y devuelva a los ciudadanos la confianza perdida. En definitiva, la corrupción no es solo un delito, es el principal obstáculo para cualquier proyecto de desarrollo. Y hasta que no nos animemos a rediseñar nuestras instituciones como un verdadero panóptico de control, seguiremos condenados a la misma historia de promesas incumplidas y desilusiones cíclicas.
