La polarización ideológica y la “batalla cultural” no son un rasgo local, atraviesan las democracias de todo el mundo. Entre derechas radicalizadas e izquierdas cada vez más identitarias, la política corre el riesgo de olvidar su razón de ser: las personas y los contratos sociales que hacen posible la convivencia.
En los últimos años se volvió casi un reflejo automático describir la política en términos de extremos. Derechas “ultra”, izquierdas “radicalizadas”, batallas culturales, guerras simbólicas. A veces parece que el mundo entero estuviera atrapado en una conversación permanente a los gritos, donde cada grupo habla más para reafirmarse a sí mismo que para comprender al otro. Argentina no es una excepción, pero tampoco es el centro del fenómeno; lo que vemos en nuestro clima político local es apenas una expresión más de una dinámica global que recorre Estados Unidos, Europa y buena parte de América Latina.
Donald Trump en Estados Unidos, Giorgia Meloni en Italia, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, no son réplicas exactas entre sí, pero comparten una gramática política común. Esa narrativa de construcción de enemigos culturales y una apelación emocional que desplaza la discusión sobre problemas materiales, institucionales y sociales concretos. En paralelo, buena parte de la izquierda contemporánea también ha mutado; menos anclada en programas económicos redistributivos y más concentrada en disputas identitarias, simbólicas y morales, con un tono que muchas veces termina reforzando la lógica de trincheras que dice combatir.
A este clima se lo suele resumir bajo una expresión que se volvió ubicua: “batalla cultural”. No es un concepto nuevo. Tiene antecedentes en la noción gramsciana de hegemonía cultural, pero hoy es usado de manera muy distinta. En su versión actual, la batalla cultural no busca ampliar horizontes de comprensión ni democratizar sentidos comunes, sino instalar una disputa permanente por símbolos, lenguajes y gestos, donde todo desacuerdo es leído como una amenaza existencial. En esa lógica, la política deja de ser un espacio de mediación entre intereses diversos y se convierte en una escena de guerra moral.
Un ejemplo elocuente de esta dinámica es la construcción del “enemigo woke” por parte de las nuevas derechas. Como han mostrado distintos análisis recientes, lo “woke” funciona menos como un concepto preciso que como una etiqueta comodín para designar todo aquello que incomoda: feminismo, derechos LGTBIQ+, políticas ambientales, educación sexual, multiculturalismo, incluso consensos básicos de derechos humanos. Bajo ese rótulo se arma un discurso de decadencia moral de occidente, se invoca una amenaza difusa y se justifica una cruzada simbólica en nombre de la libertad de expresión, aunque en los hechos implique disciplinar, estigmatizar o silenciar voces disidentes. Esta operación no solo reconfigura el campo de la derecha, sino que empuja a la izquierda a replegarse aún más en una defensa identitaria que, aunque muchas veces legítima, termina siendo funcional a la polarización.
Lo interesante —y preocupante— es que, en los extremos, izquierda y derecha empiezan a parecerse más de lo que les gustaría admitir. Ambas tienden a encerrarse en marcos ideológicos rígidos, a reducir la complejidad social a esquemas binarios de buenos y malos, y a operar bajo una lógica de amigo-enemigo que empobrece el debate público. En lugar de matices, proliferan consignas, y la política se transforma así en un teatro de identidades puras, donde cada bando compite por exhibir mayor coherencia doctrinaria antes que por ofrecer soluciones viables.
Esta simetría no implica decir que “son lo mismo” ni desconocer diferencias históricas, programáticas y éticas profundas. Implica, más bien, advertir que comparten esa deriva común de la absolutización de la ideología en detrimento de la realidad social concreta. Cuando la política se vuelve principalmente una disputa por símbolos, palabras prohibidas, gestos correctos o enemigos imaginarios, lo que se erosiona no es solo la calidad del debate democrático, sino algo más profundo: el contrato social.
Entendido en un sentido amplio, el contrato social no es solo una noción filosófica clásica, sino un conjunto de acuerdos implícitos y explícitos que sostienen la vida en común. Es la idea de que, más allá de nuestras diferencias, hay un piso de convivencia que no se discute todos los días. La polarización extrema erosiona ese piso.
Mientras tanto, las necesidades reales de las personas siguen ahí, tercas, ineludibles. Trabajo, educación, salud, seguridad, acceso a la vivienda, estabilidad económica, cohesión social; son problemas poco glamorosos, difíciles de convertir en memes o consignas virales. Resolverlos requiere acuerdos transversales, políticas sostenidas en el tiempo, capacidad técnica y voluntad de negociación. Todo lo que la lógica de la batalla cultural desalienta.
La pregunta incómoda es si no estamos confundiendo intensidad con profundidad. ¿De verdad estas guerras culturales nos acercan a una sociedad más justa, más libre o más integrada? En un mundo cada vez más ruidoso, tal vez el interrogante más subversivo no sea “¿de qué lado estás?”, sino “¿para quiénes estamos haciendo política?”. Y, sobre todo, si todavía estamos dispuestos a reconstruir un lenguaje común que nos permita discutir sin destruirnos y convivir sin necesidad de inventar un enemigo nuevo cada semana.
