Pasaron 10 días desde la última marcha en reclamo por la seguridad y más funcionarios provinciales bajaron a Río Cuarto para tratar de apagar el incendio. La implementación del Nuevo Código Penal Juvenil y el Poder Judicial en la Mesa de Seguridad del Municipio. Un ultimátum del Panal derivó en la designación del villanovense Maximiliano Funes, nuevo jefe de la Unidad Departamental.
El Municipio respira algo aliviado después de un mes marcado por cuatro movilizaciones en reclamo por más seguridad. Los delitos siguieron ocurriendo pero se advierte una relativa calma por parte de la agrupación de Comerciantes Autoconvocados y los cadetes, quienes fueron voceros del malestar social y del peligro al que se exponen diariamente en las calles. Que se haya descomprimido la tensión social no quiere decir que en el Panal no hayan estado atentos a lo que ocurría en “La ciudad de la furia”. De hecho, la visita del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue el puntapié para que más integrantes del gabinete provincial arriben a la Capital Alterna para brindar herramientas al Ejecutivo Municipal y apelar a un mayor fortalecimiento del Poder Judicial. De alguna manera, “alivianar” la mochila del Municipio, que fue el principal blanco de las críticas en las movilizaciones.
A finales de la semana pasada, el ministro de Justicia, Julián López, llegó a la ciudad para seguir con el “operativo descompresión” y profundizó el mensaje que pone al Poder Judicial como el actor principal en el combate del delito. Aseguró que se afianzará el trabajo con el Ministerio Público Fiscal y reiteró la pronta creación de una nueva fiscalía de lucha contra el narcotráfico (que estaría a cargo de la magistrada Georgina Osella de Laboulaye). Aseguró que dichas fiscalías estarán “en el territorio” y no en el edificio de Tribunales.
La participación del juez Emilio Andruet en la Mesa de Trabajo por la Seguridad (encabezada por el intendente Guillermo De Rivas y distintas instituciones) fue otra muestra del direccionamiento de las responsabilidades y de un intento del Ejecutivo -tanto municipal como provincial- por aliviar su carga. Lo curioso en la participación de Andruet es que el propio magistrado, aún siendo parte de dicha estructura, no escapa al escepticismo de la ciudadanía. El camarista había manifestado a FM Gospel que él mismo ha denunciado kioskos de droga que operan frente a Tribunales “pero no pasó nada”. “Todos lo sabemos, ¿la policía no lo sabe?”, agregó el funcionario judicial, trasladando cierta cuota de la responsabilidad a la fuerza de seguridad.
La llamada “puerta giratoria” de los delincuentes fue una de las expresiones con las que el intendente abrió la primera reunión de la Mesa de Seguridad (que en esa jornada no contó con representantes del Poder Judicial). La mirada de Andruet es que dicha puerta giratoria, quiérase o no, está en el marco de la Ley. “Primero hay que revisar y cambiar nuestras leyes. No se puede detener a una persona por detener. Si no tiene antecedentes y no implica riesgos, hay que liberarla. Está en la ley”, señaló. De este modo, la repartición de responsabilidades hizo una especie de recorrido: del Palacio de Mójica a Tribunales y desde allí a la Legislatura Provincial y al Congreso Nacional.
Mientras a nivel nacional se sigue debatiendo sobre la Baja de la Edad de Imputabilidad, la Unicameral de Córdoba aprobó hace una semana un nuevo Código Penal Juvenil. Se trata de modificaciones a la Ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El legislador Miguel Siciliano (jefe del bloque oficialista y potencial candidato a diputado del PJ cordobés) fue el vocero de esta iniciativa junto a las legisladoras Julieta Rinaldi y Victoria Busso (representante del departamento Roque Sáenz Peña).
En su defensa del proyecto, el bloque Hacemos Unidos intentó diferenciarse de la propuesta del gobierno nacional, asegurando que ellos no apuntan únicamente a definir una edad de base para privar de la libertad. Esta iniciativa crea la figura de “resguardo institucional excepcional” para adolescentes no punibles y se aplicaría “solo en casos estrictamente necesarios (como homicidios) y bajo las garantías del debido proceso”. Anexaría medidas para la “reintegración social” y crearía una mesa de seguimiento y control con miembros de los tres poderes del Estado, universidades y organizaciones civiles.
El propio De Rivas, buscando hacer equilibrio, no se pronunció directamente en contra de la baja de la edad de imputabilidad pero aseguró que “es algo de lo que se habla” y agregó que “si hay menores de 13 años que van a ser imputables, hay que acompañarlos en un proceso de contención”. A estas expresiones, sumó el dato de que habría cerca de 50 menores judicializados en la ciudad. “Necesitamos fiscales con herramientas más activas para abordar la reincidencia de delitos menores y un sistema de Justicia que permita sancionar de manera efectiva a quienes delinquen”, dijo el mandatario municipal. Otro de los principales pedidos de la Mesa de la Seguridad fue la pronta incorporación de tres fiscalías nuevas (incluyendo la de Lucha contra el Narcotráfico).
Una semana después de su aprobación en la Unicameral, la Provincia no dudó en traer los primeros lineamientos del Código Penal Juvenil a una “zona caliente”. Esta semana, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezó una reunión en los Tribunales de Río Cuarto para avanzar en la aplicabilidad de la legislación. Estuvieron presentes los jueces Mariano Correa y Victoria Cavagnaro, al igual que la asesora de menores, Paula Céliz. Junto al intendente, Montero analizó el impacto que podría tener la nueva normativa “y que acciones puntuales pueden dar una mejor actuación por parte de la Justicia y del Poder Ejecutivo”, dijo la funcionaria.
El Municipio, nuevamente, procuró diferenciar esta iniciativa del proyecto libertario y dijo que este procedimiento apunta a menores no punibles pero “se ajusta a principios de protección integral y Justicia especializada”, además de sumar medidas socioeducativas no privativas de la libertad, supervisión en territorio, entre otros aspectos. “No queremos que la respuesta estatal se limite a la privación de la libertad”, enfatizaron desde el gobierno de De Rivas.
Cambios en la cúpula: ¿Deja vu?
La designación de Maximiliano Funes como nuevo Jefe de la Unidad Departamental Río Cuarto no sorprende en este contexto. Según señaló el diario Alfil, desde el Panal estaban atentos a los acontecimientos de la Capital Alterna e incluso habrían planteado un ultimátum luego de la visita del ministro Quinteros. La condición era ver cambios sustanciales en la problemática social luego de los distintos operativos de saturación que se desplegaron (mayoritariamente con recursos del Estado provincial). Aunque el enojo social parece haber menguado -al menos en la calles-, las modificaciones en la cúpula policial fueron inminentes.
Funes tiene 47 años y lleva 30 años de servicio en la fuerza policial. El Comisario Mayor y licenciado en Seguridad ha estado al frente de cuatro departamentales. En diciembre se produjo un enroque: tras un pedido de licencia, Funes no retomó su función en la departamental San Martín y en diciembre del 2024 fue designado al frente de la departamental Unión, antes presidida por Roque Carabajal.
Se presume que la falta de soluciones ante los disturbios generados en la zona de la Costanera de Villa María fueron el puntapié para que Funes se apartara lentamente de su cargo: primero con un pedido de licencia y luego, siendo trasladado al departamento Unión. Aunque no hay registros de que haya sido una salida “polémica”, el pedido de designación de un nuevo jefe fue contundente. El intendente Eduardo Accastello requirió al propio ministro Quinteros que se asigne una nueva autoridad en la departamental a fines del año pasado. Al poco tiempo, Funes retomó su actividad pero en el departamento Unión.
Funes estuvo a cargo de cuatro departamentales y su designación aliviaría un poco la carga del comisario Jorge Olguín, quien se desempeñó como director interino en el último tiempo y representó a la fuerza policial en las distintas instancias de diálogo encabezadas por el Municipio y la Provincia. Los cadetes, caras visibles del reclamo local, aseguran haber tenido un buen trato con Olguín y se muestran dispuestos al diálogo con la nueva autoridad.
“Los hechos siguen ocurriendo, eso está claro. Pero ahora se ve un poco más de presencia policial”, manifestó Yamil Bravo, representante de los cadetes que encabezaron las protestas. El joven trabajador resaltó que el diálogo sigue de manera fluida con el secretario de Gobierno, Roberto “Tito” Koch y pidió aclarar que el cadete señalado por haber arrojado una piedra a la oficina del funcionario “está totalmente arrepentido. Fue un momento de bronca y no quedó detenido como se anda diciendo en todos lados”. Por lo pronto, los trabajadores de Pedidos Ya adelantaron a Otro Punto que se encuentran trabajando en la posibilidad de contar con un sistema de GPS propio y están avanzando (de manera autogestiva) en la compra de gas pimienta y elementos de protección que, en principio, sean entregados a las trabajadoras mujeres.
Más allá de la necesidad urgente del Ejecutivo de demostrar una disminución de los hechos y de que las fuerzas policiales respondan a la demanda de mayor presencia en los barrios, la dirigencia en general sigue teniendo el desafío de recuperar al menos un poco de credibilidad en un contexto en que, también a nivel país, se volvió a escuchar el cántico “Que se vayan todos”. La “guerra” de proyectos de Seguridad en el Concejo Deliberante trae consigo la oportunidad de que el Legislativo local priorice la creación de herramientas para hacer frente a la problemática y evitar la puja por el “copyright” de las iniciativas.