Más allá de la reciente disolución de la Dirección de Vialidad Nacional, el achique en distintas dependencias locales del Estado Nacional comenzó a sentirse hace al menos un año. La reducción del personal del INTA Río Cuarto y el “cierre silencioso” de la Agencia de Empleo local. Por otro lado, la Provincia dispuso el cierre de la oficina local de RUGEPRESA y preocupa que esto impacte en el control y habilitaciones de geriátricos y centros de día.
La disolución de la Dirección de Vialidad Nacional generó múltiples repercusiones en el interior del país. Intendentes de la región emitirán un posicionamiento conjunto para plantear su preocupación pero, además, pedirán que alguien se haga cargo de la situación: ¿Cuál es la puerta que tendrán que golpear para seguir gestionando los reclamos por el mantenimiento de las rutas nacionales?
En el caso de localidades como Santa Catalina – Holmberg, el Municipio ha debido afrontar los costos del mantenimiento de la ruta y ya prevé la realización del desmalezado que le habría correspondido a Vialidad Nacional. También hay incertidumbre en relación a lo que ocurrirá con la segunda etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg, cuya gestión había sido iniciada por el intendente Maximiliano Rossetto.
Hace un año, el gobernador Martín Llaryora firmó un acuerdo con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para la “colaboración en la reactivación de la obra pública nacional en el ámbito de la provincia de Córdoba”. Esto implicó el compromiso del gobierno nacional de continuar las obras de la autovía Río Cuarto – Holmberg y la circunvalación de Villa María, así como efectuar el traspaso de la Ruta 19 a la Provincia.
En el caso de la autovía del Gran Río Cuarto, se argumentó que en ella confluye el tránsito internacional de las rutas nacionales 8, 158 y 36 y la necesidad de reactivar la obra que se encontraba paralizada pero con un alto grado de avance. Con la reciente decisión del Ejecutivo Nacional y teniendo en cuenta el acuerdo firmado hace un año, resta saber si será el gobierno provincial quien finalmente asuma la responsabilidad de llevar a cabo la segunda etapa que comprende el vínculo entre el Batallón de Holmberg y el crematorio de dicha localidad.
En otras localidades como General Deheza, durante el verano se procedió a tapar al menos 10 baches en la Ruta 158. Aún afrontando los costos de estos trabajos y en época de vacas flacas, los municipios al menos contaban con un área específica a la cual recurrir para pedir la autorización para realizar estos arreglos. Según lo planteado por autoridades provinciales y los propios intendentes, el gobierno de Javier Milei ya no destinaba fondos ni ejecutaba los arreglos pertinentes en las rutas nacionales. En un contexto en el que ha caído la coparticipación y la recaudación, los jefes municipales deberán priorizar aquellos arreglos necesarios para disminuir los riesgos de accidentes viales.
Según informó Puntal, en la ciudad de Río Cuarto hay una decena de puestos de trabajo que estarían en riesgo a partir del decreto nacional: esto incluye ingenieros, técnicos, administrativos y operarios. La resolución que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad; la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; y la Agencia Nacional de Seguridad Vial también asegura que se realizará una profunda reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y que se llamará “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.
Aunque se trata de decisiones drásticas que ya comenzaron a cosechar rechazo en distintos sectores (incluso en aquellos que evitaban confrontar con el actual gobierno nacional), el achique en distintas dependencias había comenzado a evidenciarse hace un tiempo. Así lo plantearon desde el INTA Río Cuarto, en el marco de una reunión de la comisión de Desarrollo Económico en el Concejo Deliberante. La preocupación planteada por el referente local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Sebastián Muñoz, apuntó a los recortes sufridos en el último año, ya que pasaron de tener nueve profesionales a cuatro: dos de ellos con retiros voluntarios y otros dos pidieron licencia. Actualmente, se encuentran activos tres ingenieros agrónomos y un técnico.
En diálogo con Radio Universidad, Muñoz manifestó que la reestructuración del INTA implica una modificación en la gobernanza del Instituto (que perdería su autarquía) y a nivel de agencia de extensión. Agregó que las universidades dejarían de tener un lugar en el directorio (la UNRC perdería su representación con el docente y médico veterinario Guillermo Bernardes), al igual que el grupo CREA, integrado por casi 2000 empresas agropecuarias.
Otro aspecto que preocupa a los ingenieros y técnicos es la posibilidad de continuar desarrollando investigaciones a largo plazo. “Al perder autarquía, creemos que las investigaciones van a pasar a ser cortoplacistas porque van a estar atadas a lo que defina el gobierno de turno, con un plazo no mayor a cuatro o seis años. Hoy tenemos investigaciones que superan los 40 años y creemos que algunas se pueden ver interrumpidas. Quizás las que no sean del ‘lineamiento’ del gobierno queden desafectadas”, expresó el representante local del INTA, quien agregó que además de hacer investigación aplicada, el Instituto llevaba a cabo investigaciones básicas que otros organismos o empresas privadas no hacen y que, con esta resolución, se perderían esas líneas de investigación.
Más allá de los argumentos que esgrimen desde el Ministerio de Desregulación, que considera al INTA como un organismo “ineficiente”, los datos oficiales contradicen la idea de un crecimiento exponencial en el personal: en 10 años, la cantidad de trabajadores se redujo casi un 25% en la provincia.
La Sociedad Rural local, aunque bastante cercana al actual gobierno nacional, también formó parte de la reunión en el Concejo Deliberante y adhirió al reclamo de los profesionales del instituto. Consideraron que “hay que evitar miradas extremas para una reforma necesaria en el INTA” pero rechazaron que el organismo pase a depender directamente de un funcionario de turno “de este Gobierno o del que sea”. “Cuando una institución tiene dificultades en su funcionamiento pero su rol es relevante para el conjunto de la población, la solución no puede ser bajar la persiana”, expresaron desde la entidad ruralista.
Otro caso que no puede dejarse afuera es el “cierre silencioso” de la Agencia Territorial de Empleo de la Nación. Desde que asumió el actual gobierno nacional, la sede ubicada en la calle Alvear se redujo a una oficina que funcionó durante un año en el edificio de ANSES. Allí, Santiago Pinasco (actual director del PAMI local) se desempeñó como director de dicha agencia que, en marzo del año pasado, despidió a 7 trabajadores.
Pese a que se abrió una búsqueda laboral de cinco puestos de trabajo para dicha oficina, el proceso se vio anulado y el vaciamiento de la agencia llegó al punto de prácticamente no tener empleados. A eso, podrían sumarse las polémicas siestas de Pinasco en dicha dependencia, lo que evidenció que la agencia no estaba funcionando como tal en la ciudad.
Gobierno provincial, también cuestionado
El cierre de la oficina local de RUGEPRESA (Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud) derivó en un pedido de informe ante el Ministerio de Salud de la Provincia. La oficina funcionaba en el Hospital San Antonio de Padua y brindaba asesoramiento en materia de habilitación y regulación de los geriátricos o centros de día. El legislador departamental, Ariel Grich, elaboró el pedido de informe y aseguró que espera que el proyecto tome estado parlamentario luego del receso invernal.
“Al cerrarse esa oficina, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con el asesoramiento, las inspecciones y las habilitaciones en Río Cuarto y el sur de Córdoba. Esto deja puertas abiertas para que muchos de estos lugares que trabajan con personas de la tercera edad lo hagan en forma clandestina y con autorización vencida”, manifestó Grich, quien enfatizó en que, más allá de si está habilitada la atención telefónica o vía mail “se pierde la comunicación interpersonal y no hay certezas de cómo se seguirán haciendo las inspecciones y habilitaciones”.
En poco más de seis meses del segundo año de gobierno de Javier Milei, comienzan a efectuarse aquellas medidas de achique del Estado que, hasta no hace mucho tiempo, asomaban como meras amenazas. Por otro lado, aunque el gobierno provincial se ha constituido en “la única mano” que reciben los municipios en materia de fondos y programas, decisiones como el cierre de la oficina local de RUGEPRESA también se interpretan como medidas de ajuste/achique que irían a contramano de lo pregonado por el Panal.
En este contexto, cabe parafrasear aquella icónica frase de una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta vez, cambiando la palabra “futuro”. “El ajuste llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El ajuste… ya llegó”
