Cuando existe una sucesión de hechos con un denominador común, te obliga a dejar de mirar cada noticia por separado. No porque los casos sean iguales, ni porque pueda atribuirse responsabilidad colectiva por conductas individuales, sino porque la repetición exige interrogarnos: ¿qué está pasando?
En pocas semanas, la Legislatura de Córdoba quedó atravesada por investigaciones y denuncias de enorme gravedad vinculadas con abuso sexual, grooming, corrupción de menores y violencia de género. Los casos pertenecen a espacios políticos diferentes y tienen situaciones procesales diferentes; hago esta aclaración, ya que no es menor, porque precisamente no es posible reducir lo ocurrido a una disputa entre oficialismo y oposición.
El primer gran impacto llegó desde Villa de María del Río Seco con una investigación judicial iniciada a partir de la desaparición de una adolescente que terminó revelando una trama mucho más amplia. La causa fue creciendo hasta involucrar a numerosos hombres investigados por delitos sexuales contra adolescentes. Entre ellos apareció José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del entonces legislador departamental Ernesto “Cañito” Flores, de Hacemos Unidos por Córdoba. Villarreal quedó detenido e imputado en la investigación por abuso sexual, grooming y corrupción de menores.
El problema adquirió otra dimensión al conocerse que Villarreal ya había sido denunciado años atrás por Marfa por graves hechos de abuso y sometimiento sufridos desde su infancia, en una causa que no obtuvo una respuesta judicial oportuna y terminó prescribiendo; ella volvió a declarar en agosto pasado, poco antes de morir el 14 de septiembre.
Ese dato debería interpelarnos bastante más que cualquier discusión partidaria, porque una mujer habló mucho antes de que existiera un escándalo político, y no alcanzó.
Luego comenzaron a conocerse otras situaciones vinculadas con colaboradores del mismo entramado político. Medios cordobeses informaron que Mario Giraudo, quien había sido asesor de Flores, recibió una condena por encubrimiento en una causa de abuso sexual y que José Héctor Villegas, exjefe comunal de Puesto de Castro que figuraba como asesor del bloque justicialista, había sido imputado en una investigación vinculada con explotación infantil y abuso. También apareció Ariel Rodríguez, otro exasesor de Flores, aunque su condena corresponde a delitos de usurpación y peculado.
La sucesión de hechos obligó a dejar de mirar solo la conducta individual de un asesor y pasar a ver cómo se selecciona a quienes ingresan a los espacios de poder, cuánto conocen los dirigentes sobre las personas que los rodean y qué responsabilidad política existe sobre esas decisiones.
Flores primero pidió licencia y finalmente renunció a su banca el 30 de agosto. La Legislatura, a su vez, modificó los controles sobre el personal contratado. El decreto 206 incorporó nuevas exigencias para asesores y personal no permanente, entre ellas certificados de antecedentes, declaración jurada, controles de asistencia y mayores responsabilidades para los legisladores respecto de las personas que designan.
Parecía que el episodio podía circunscribirse al norte provincial y al oficialismo, pero pocos días después apareció otro caso, esta vez en la UCR.
Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura y vinculado durante años al radicalismo, fue detenido luego de denuncias por delitos sexuales. Actualmente se encuentra imputado por abuso sexual continuado en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores calificada, según la información judicial difundida públicamente. Las denunciantes son dos hermanas de crianza y los hechos investigados se remontan a cuando eran menores de edad.
Una vez más apareció el tiempo; las denuncias contra Ludueña también se remontan a años atrás y estuvieron atravesadas por el miedo, las amenazas y las dificultades de las víctimas para sostenerlas.
Dos espacios políticos diferentes, personas diferentes, pero algunas preguntas empiezan a ser muy parecidas…
La violencia sexual rara vez puede comprenderse solamente observando el momento del delito denunciado. También hay que mirar las condiciones que rodean a las víctimas, tales como la edad, la dependencia económica o familiar, las relaciones de autoridad, el miedo, el aislamiento y, particularmente, las asimetrías de poder.
El poder (está comprobado) sí puede producir condiciones para el silencio, puede generar la percepción de que denunciar será inútil y hacer creer a una víctima que enfrente tiene a alguien con contactos, recursos o capacidad de influencia. ¿Cuántas situaciones conocemos solamente cuando una víctima consigue romper el miedo?
Es imposible saber hoy si existen más casos vinculados con la Legislatura de Córdoba, sería irresponsable afirmarlo sin evidencia. Lo que sí sabemos es que los expedientes conocidos ya exceden dos episodios aislados. Además de Villarreal y Ludueña, la revisión pública de antecedentes de colaboradores legislativos reveló otras situaciones judiciales relacionadas directa o indirectamente con delitos contra niños y adolescentes.
Claramente pedir antecedentes penales es necesario, pero no suficiente. Hace falta discutir qué sucede una vez que una persona ya forma parte de una institución política. ¿Dónde denuncia una trabajadora? ¿Quién recibe esa denuncia? ¿Existe confidencialidad? ¿Hay protección frente a represalias? ¿Qué sucede cuando existe una relación jerárquica? ¿Quién interviene si la persona denunciada depende directamente de un legislador? ¿Existen mecanismos externos o independientes? ¿Y qué ocurre cuando la advertencia no llega mediante un expediente judicial sino a través de una víctima, un compañero de trabajo o alguien que conoce una situación?
Estas preguntas son bastante menos espectaculares que un escándalo mediático, pero probablemente sean más importantes ya que obligan a revisar el comportamiento de la política frente a estos episodios. Es urgente dejar de preguntarnos únicamente por qué una víctima tardó tantos años en denunciar y comenzar a preguntarnos qué condiciones hicieron que denunciar fuera tan difícil. Es un cambio pequeño en la formulación de la pregunta, pero enorme en sus consecuencias.