La paz social, como concepto fundamental para la convivencia y el ejercicio de los derechos en una sociedad, enfrenta en Argentina una tensión constante entre la estabilidad institucional y las fuerzas que desafían el orden. ¿Cuáles son los límites de este orden y cuál es la responsabilidad colectiva en su construcción?
La paz social es un concepto que se sustenta en la convivencia armónica entre los distintos sectores de una sociedad, garantizando el ejercicio de los derechos ciudadanos dentro de un marco institucional sólido. Se trata de un equilibrio delicado, que requiere del accionar responsable de los Estados y de los actores sociales para evitar la escalada de conflictos. En Argentina, este ideal se enfrenta a un escenario de tensiones sociales y políticas que se expresan tanto en las calles como en los recintos legislativos.
El reciente episodio en el que una marcha de jubilados culminó en violentos enfrentamientos con la policía pone en evidencia la fragilidad de la paz social en Argentina. La presencia de grupos organizados de clubes de fútbol, que se sumaron a la protesta como supuesto “apoyo”, revela una de las contradicciones más profundas del orden público en el país: la persistencia de estos sectores como actores clave en la vida política y social, a menudo operando al margen de la ley. Aunque muchos intentaron disfrazar su participación como respaldo a los jubilados, estos grupos impulsaron su participación previamente tanto por convocatorias en redes sociales como por relaciones estrechas con actores políticos que buscan utilizarlos como fuerzas de choque. Lo que comenzó como un reclamo pacífico por el ajuste en los haberes de los jubilados se transformó, en cuestión de horas, en un escenario de caos.
Esta situación expresa la falta de acción concreta del Estado para desarticular estos actores, que no solo dominan las tribunas del fútbol, sino que también operan como estructuras organizadas con intereses económicos y políticos. Muchas de ellas cuentan con nexos dentro de los municipios y sindicatos, lo que les permite una permanencia y acción que trasciende el ámbito deportivo.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, con certera información sobre la autoconvocatoria, no logró contener los hechos de violencia, poniendo en tela de juicio la capacidad de anticipación del gobierno y la efectividad de sus estrategias de seguridad en contextos de protesta social.
Mientras afuera se desarrollaban los disturbios, dentro del Congreso la crispación política llegó a un nuevo nivel con enfrentamientos entre diputados de diferentes espacios. Insultos, empujones y una sesión abruptamente levantada reflejan la falta de tolerancia extrema que atraviesa el país y la ausencia de un diálogo político que permita canalizar los conflictos por vías democráticas.
El escenario en el recinto es el reflejo institucional de la tensión social que se vive en las calles. La falta de acuerdos y la desconfianza mutua entre los sectores políticos contribuyen a la sensación de desorden y desgobierno. En este contexto, las barras bravas y otras fuerzas de choque encuentran terreno fértil para actuar, aprovechando la falta de respuestas contundentes por parte del poder político y judicial.
El problema de fondo radica en la incapacidad del Estado para garantizar una paz social sostenible. La delgada línea entre el orden y el caos se vuelve cada vez más difusa, y el riesgo es innegable: si la dirigencia política persiste en la confrontación y el Estado no recupera el control de la seguridad pública, el país se encaminará hacia una espiral de conflictos de consecuencias imprevisibles. La paz social no es un concepto abstracto; es el cimiento sobre el que se construye cualquier nación. Hoy, ese cimiento se resquebraja peligrosamente, y su deterioro demuestra que aún no se han implementado las herramientas necesarias para restaurarlo.