En la Argentina de hoy, los gobiernos locales están atrapados en un dilema cada vez más evidente, son el nivel del Estado más cercano a la gente, el primero al que se le reclama, pero también el más frágil desde el punto de vista financiero. Mientras se achican transferencias, se congela obra pública y se redefine el rol del Estado, los municipios quedan expuestos, obligados a hacerse cargo de demandas crecientes con recursos cada vez más escasos.
No es un fenómeno nuevo. En los años 90, bajo el rótulo de la descentralización, se transfirieron competencias clave a provincias y municipios sin un análisis serio del financiamiento necesario para sostenerlas. Salud primaria, asistencia social, programas de empleo, atención de la infancia y, más recientemente, seguridad ciudadana, pasaron a la órbita local. Lo que se descentralizó no fue el poder ni el dinero, sino el conflicto. Como se ha señalado variadas veces con crudeza, en Argentina lo que se descentralizan son los problemas.
Durante años, ese modelo se sostuvo con parches, por medio de transferencias discrecionales, fondos extraordinarios, programas nacionales que iban y venían según el ciclo político. Hoy, ese esquema parece agotado. La caída o virtual desaparición de la asistencia nacional hacia la provincia, y provincial hacia lo local, sumada a la presión política y económica para bajar impuestos, coloca a los municipios frente a un dilema imposible: o ajustan servicios esenciales o asumen costos políticos y financieros que no están en condiciones de afrontar.
El resultado empieza a verse con claridad. Centros de salud municipales desbordados, programas de prevención recortados, menor inversión en seguridad urbana, deterioro del espacio público y dificultades crecientes para pagar salarios y sostener estructuras básicas. Todo ocurre en el territorio, donde vive la gente, donde el Estado no puede esconderse detrás de discursos macroeconómicos.
El problema de fondo es de estructura ya que los municipios concentran responsabilidades de gasto, pero carecen de herramientas fiscales robustas. Hay una dependencia de tasas que tienen límites económicos y sociales evidentes, y de una coparticipación que no siempre alcanza ni llega a tiempo. Cuando Nación se retira y las provincias ajustan, el último eslabón de la cadena queda solo.
A esto se suma un cambio de época. La demanda ciudadana ya no distingue niveles de gobierno. El vecino no reclama a la Nación ni a la provincia: reclama al intendente, receptor inmediato de urgencias que exigen respuestas rápidas, aun cuando las herramientas y los recursos no estén bajo su control.
¿Puede sostenerse un Estado que se retira de lo nacional sin redefinir seriamente el federalismo fiscal? ¿Es viable exigir municipios eficientes, modernos y cercanos cuando se los asfixia financieramente? ¿Quién se hace cargo del costo social de este repliegue?
Si no se revisa este esquema, el riesgo posible es el debilitamiento progresivo de los gobiernos locales, una degradación silenciosa de servicios esenciales y un aumento de la conflictividad social en el nivel más sensible del Estado. No hay épica en la motosierra cuando corta en la sala de espera del dispensario o en el comedor comunitario que reduce raciones.
Los gobiernos locales no pueden seguir absorbiendo las consecuencias de decisiones que se toman lejos del territorio, en un escritorio. Es necesario entender que el federalismo no se mide por la cantidad de competencias transferidas, sino por la capacidad real de sostenerlas.
