Recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es también mirarnos hoy; nuestras desigualdades, nuestras violencias, nuestras responsabilidades. Una reflexión necesaria sobre el lugar que los derechos humanos ocupan —y deberían ocupar— en una Argentina democrática.
Cada 10 de diciembre volvemos a nombrar los derechos humanos. Y, sin embargo, cada año pareciera que debemos explicar nuevamente por qué esta fecha no es un ritual vacío, ni un recuerdo encapsulado en el pasado. Argentina tiene una historia que nos marcó, sin dudas; la última dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas, el exilio, la censura. En ese terreno árido nació, con enorme esfuerzo social y político, una cultura de memoria, verdad y justicia que hoy es ejemplo en el mundo. Pero limitar la conversación a ese capítulo sería, paradójicamente, desandar lo que aprendimos.
Los derechos humanos no son solo un espejo del pasado, son el termómetro de nuestras prioridades presentes. Y ahí es donde se pone incómodo. Porque cuando hablamos de derechos hablamos de jubilados que no llegan a fin de mes; de niños que necesitan comer, jugar y aprender; de escuelas que deben ser espacios de igualdad y no de reproducción de brechas; de personas con discapacidad que siguen chocando con barreras invisibles y visibles; de quienes esperan horas en un centro de salud; de jóvenes a quienes el Estado mira tarde y mal; de la obligación de tratarnos con respeto incluso en la diferencia política.
Este día icónico recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un hito que estableció por primera vez que todas las personas poseen derechos básicos e inalienables como la vida, la libertad, la igualdad, el acceso a la educación y la justicia. Pero en Argentina coincide con otro hecho: la recuperación democrática en 1983. Ese retorno al Estado de derecho abrió el camino para más de cuatro décadas ininterrumpidas de democracia, juicios de lesa humanidad y políticas públicas de reparación. Un compromiso sostenido que no debe darse nunca por garantizado.
Sin embargo, después de 42 años de democracia aún persisten grandes deudas estructurales: desigualdades profundas, violencia estatal, falta de acceso equitativo a oportunidades urbanas y educativas, y enormes brechas económicas y territoriales que condicionan la vida cotidiana de millones de personas. Esos problemas son tan parte de la agenda de derechos humanos como las políticas de memoria. Y, en algunos casos, son su condición misma.
Por eso insisto: defender los derechos humanos implica mirar hacia adelante tanto como hacia atrás. Implica evitar que el dolor del pasado sea utilizado de manera selectiva o partidaria, pero también impedir que las urgencias actuales queden fuera del radar moral de la sociedad. Los derechos no retroceden solos, retroceden cuando naturalizamos que no haya un pleno ejercicio de ellos.
Hoy, en un mundo convulsionado, el desafío es doble. Por un lado, defender las instituciones democráticas frente a los discursos que relativizan la violencia, la discriminación y el rol del Estado en la protección social. Por el otro, comprender que la discusión pública sobre derechos humanos debe incluir la vida cotidiana de quienes menos voz tienen, no solo los capítulos ya consagrados de nuestra historia.
Celebrar el 10 de diciembre es mirar la democracia como una obra en construcción, no como una postal congelada. Es asumir que los derechos humanos no se defienden solo en los tribunales ni en los museos —tan necesarios como son—, sino en las decisiones diarias, en la política pública bien hecha, en el debate respetuoso y en la capacidad de reconocer al otro como un igual.
La Argentina que queremos no puede permitirse menos que eso. Porque celebrar los derechos humanos es, por encima de todo, garantizar que nadie quede afuera del proyecto democrático.
