A 50 años del golpe de Estado de 1976, la Argentina sigue discutiendo su pasado reciente, y lo hace, muchas veces, desde lugares políticos que no ayudan a cerrar heridas, sino que las vuelven a abrir.
Fotos: Santiago Mellano
Hay algo que debería ser un punto de acuerdo básico entre todos los argentinos, y tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, el valor de la memoria, la búsqueda de la verdad y la construcción de justicia. Esos principios no deberían tener partido político, ni dueño, ni bandera partidaria, porque son verdaderos principios de la democracia.
Sin embargo, en este país de los antagonismos, los derechos humanos también quedaron atrapados en la grieta. Durante muchos años, el kirchnerismo construyó una política de derechos humanos que tuvo aspectos tan valiosos como controversiales, y muchos sectores de la sociedad comenzaron a sentir que los derechos humanos eran un relato construido y no un patrimonio de toda la sociedad. Cuando una causa tan profunda se transforma en una herramienta política, pierde fuerza moral y deja de unir para empezar a dividir.
Pero si eso fue un error, lo que ocurre hoy desde sectores del gobierno nacional también es profundamente preocupante. El negacionismo, la relativización del terrorismo de Estado o la idea de una “memoria completa” entendida como una equiparación entre la violencia del Estado y la de las organizaciones armadas, no contribuyen a la construcción de una memoria democrática, sino que vuelven a poner en discusión consensos que la Argentina construyó con mucho dolor. La condena a la dictadura y a las violaciones a los derechos humanos constituye uno de los pilares de la democracia argentina.
Los argentinos ya hemos caminado mucho para construir esos consensos. El Juicio a las Juntas, el informe Nunca Más, la CONADEP, fueron decisiones políticas valientes en un momento en que la democracia todavía era frágil. Allí se construyó la base de la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, y claramente que ese proceso no pertenece a un partido político, sino a la misma democracia de nuestro país.
El problema es que, con el paso del tiempo, la memoria se transformó en un campo de disputa política. De un lado, un relato que convirtió a los derechos humanos en una bandera partidaria; del otro, un relato que busca relativizar o reinterpretar lo ocurrido en los años setenta desde una lógica de confrontación ideológica. Y en el medio, la sociedad argentina, que muchas veces asiste a esta discusión con cansancio, con dolor o con distancia.
Lo que no deberíamos olvidar nunca es que detrás de toda discusión política hay historias humanas, hay familias que todavía no saben dónde están sus hijos o sus nietos; hay personas que fueron torturadas, perseguidas, exiliadas. Hay madres que buscaron durante décadas a sus hijos desaparecidos y nada de eso puede ser utilizado como una herramienta política ni como una consigna electoral.
La memoria no puede ser kirchnerista ni puede ser libertaria. La memoria tiene que ser democrática. A 50 años del golpe, la Argentina necesita salir de la lógica de la apropiación y de la negación, dos formas distintas pero igual de peligrosas de deformar el pasado. Tal vez sea momento de volver a un punto más simple, pero mucho más profundo: reconocer lo que pasó, sostener la memoria de las víctimas, defender los derechos humanos como un valor universal y no como una bandera partidaria, y entender que la democracia también se construye a partir de cómo una sociedad recuerda su historia. La violencia, el autoritarismo y el desprecio por la vida no pueden volver a ser una forma de hacer política en nuestro país. Nunca Más.