En el 2022, un contrato con la firma del ex ministro de Finanzas, Mario Elettore, generó polémica y podría volver a estar en la agenda del Concejo Deliberante. Primero Río Cuarto denunció que habría contrataciones con firmas foráneas que incluso se superponen en sus tareas. Se estima que, entre todas, recibirían más de $1700 millones de la Municipalidad.
En tiempos donde la mayoría de los gobiernos pregona (o se ve obligado a pregonar) austeridad, algunas contrataciones directas siguen generando interrogantes que serán plasmados en un pedido de informe por parte del bloque Primero Río Cuarto. Una de estas contrataciones, quizás la más polémica, corresponde a Trasus, perteneciente al ex ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore. Las inquietudes del bloque opositor tienen que ver con el estado de situación de la implementación del software para la administración y gestión del Municipio.
En el contrato firmado a mediados del 2022, se establece que la contratación incluye “la capacitación para su correcta utilización, diagnóstico, adecuación y posterior mantenimiento”. Aunque la herramienta está vigente en algunas áreas del Municipio, otras apenas atraviesan una etapa preliminar en la que se está capacitando al personal. En EMOS, hace una semana se realizó la primera capacitación sobre el nuevo sistema de gestión de RRHH.
¿Qué establece la ordenanza aprobada hace tres años? En principio, que el 75% del pago de este servicio provendrá de la secretaría de Gobierno Abierto y el 25% restante del Ente Municipal de Obras Sanitarias. Por otra parte, el contrato firmado entre Elettore y el secretario de Economía, Pablo Antonetti, señala que la licencia de uso del software comprende un término de 48 meses. “Vencido ese plazo, se establece la renovación del contrato por hasta 24 meses más, la que será de carácter automática, en tanto y en cuanto las partes acuerden las nuevas condiciones, en el caso de que existiesen”. Este punto en particular plantea que dicho contrato podría extenderse incluso hasta seis años desde su firma. Es decir, podría finalizar en el 2028.
El pedido de informe que se está cocinando en el bloque Primero Río Cuarto apuntaría a los plazos de implementación del software en la administración municipal. Según el contrato, dicho proceso debiera haber finalizado 18 meses después de la firma del acta de inicio de tareas. En caso de que la empresa no cumpliera con ese plazo, recibirá la penalización de dejar de percibir el canon pactado. “Esto hasta la entrega de todos los módulos funcionando y operativos”, asegura el contrato. La duda principal radica en si la empresa respetó los tiempos estipulados en cuanto a la implementación total del sistema, plazo que habría finalizado en el 2024. El hecho de que hace una semana se haya llevado a cabo una primera capacitación en EMOS indica que, al menos en este sector, el sistema está lejos de haberse implementado en su totalidad.
Pero esta no es la única firma perteneciente a Elettore que celebró un contrato con el Municipio de Río Cuarto. AME S.A.S (actualmente BPI Servicios S.A.S) también firmó un convenio con el Ejecutivo local por el lapso de cuatro años (con posibilidad de prorrogarse por dos años más). En este caso en particular, se trata de un servicio de capacitación y acompañamiento en el proceso de certificación de Normas ISO 9001. En este último caso, Otro Punto accedió a información sobre un pedido de devolución del dinero abonado por parte del Ente Municipal de Obras Sanitarias (ya que, al menos en esta dependencia, no se habría cumplido con la prestación).
Por otra parte, tras varios pedidos de informe del director por la oposición (Lucas Castro), se advirtió la presencia de integrantes de la firma TRASUS que visitaron las oficinas del EMOS para actualizar información y avanzar en la implementación del software, así como también llevar a cabo las distintas jornadas de capacitación.
“Hay una ilegalidad absoluta en esos contratos”
El ex concejal radical, Marcos Curletto, dialogó con Otro Punto para recordar la discusión que se dio hace casi tres años en el Legislativo local. Aseguró que se trata de contrataciones ilegales que, pese a haber pasado por el Concejo Deliberante (y ser ratificadas con el voto del oficialismo), superaban el monto permitido por ordenanza para llevar a cabo contrataciones directas. Además, señaló que tampoco cuadraban en el carácter de emergencia, que es una de las excepciones para llevar a cabo una contratación directa, independientemente de si excede el monto permitido.
En su momento, ambos contratos pertenecientes a las empresas de Elettore comprendían un gasto de más de $5 millones mensuales. Estos montos, según lo estipulado, son actualizables trimestralmente y de manera automática. Desde el Tribunal de Cuentas, el vocal Carlos Ordóñez planteó que, sólo en el 2024, el ex ministro de Finanzas percibió más de $450 millones de parte de la Municipalidad de Río Cuarto.
“No solo no era una cuestión urgente, sino que esta empresa tampoco era la única que podía prestar ese servicio. El Cluster Tecnológico dijo que, por mucha menos plata, ellos podían hacer lo mismo”, recordó el ex edil y aseguró que “lo más grave fue que es una contratación directa y millonaria de nada más y nada menos que un ex funcionario provincial”. Curletto recordó que esto incluso generó “tensiones” con la entonces subsecretaría de Tecnologías de la Información, encabezada por Nicolás Llamosas: “El propio funcionario nos dijo que ellos tenían personal capacitado para hacerlo y que solo requerían de más recursos y cierto tiempo para poder implementarlo”.
Para el oficialismo, esto parece un tema cerrado, ya que dichos contratos siguen vigentes y podrían estarlo hasta el 2028 (fecha en la que culminaría la actual gestión). “Es contradictorio que fomentaran por un lado el Polo Tecnológico pero después no cumplieran con la ordenanza que establece que el Cluster Tecnológico es un asesor no vinculante del Estado Municipal ante este tipo de cuestiones”, consideró el ex concejal, quien además señaló que dicha contratación debiera haber sido judicializada. “Aunque se haya ratificado en el Concejo, se debería haber ido a la Justicia porque se violentaba la ordenanza de contrataciones”.
“Estamos hablando de contratos con empresas de un tipo del riñón del cordobesismo que, casualmente, también había firmado convenios con otros municipios peronistas. Nadie rindió cuentas de todo ese proceso pero no sorprende en esta Córdoba que es como una Formosa pero con buenos modales”, agregó el ex edil en diálogo con Otro Punto. Curletto también remarcó que el área de la cual dependía la contratación de dichas herramientas de modernización era Gobierno Abierto, en aquel entonces conducida por el actual intendente Guillermo De Rivas.
Más contratos (ninguno de Río Cuarto)
Desde el Cluster Tecnológico siguen planteando que hay personal en Río Cuarto que está “sumamente capacitado” para llevar a cabo las tareas que realizan estas empresas foráneas. Esta vez se advierte algo más de “mesura” en comparación con el contundente planteo que realizaron en el 2022, cuando pidieron que la Municipalidad diera de baja el contrato con la empresa de Elettore.
A fines del año pasado, el tribuno de Cuentas, Carlos Ordóñez, envió una nota al Cluster en la que detallaba los pagos percibidos por cuatro empresas contratadas por el Municipio. Además de Trasus y BPI (pertenecientes a Elettore), también figura un contrato con Silvia Marina Carrizo (Exia Software, consultoría de Córdoba) por “trabajos de migración de los sistemas municipales a Genexus 16 web”. Este contrato fue renovado todos los años desde el 2021 hasta el 2024 y habría recibido, bajo todo concepto, cerca de $470 millones.
En tanto, Multeo S.R.L (oriunda de Santa Fe) fue contratada por su servicio de movilidad digital para la captura de actas de tránsito. Dicho contrato inició el año pasado y sería por 24 meses. El monto que recibiría esta firma en ese lapso superaría los $100 millones. Según Ordóñez, todas estas contrataciones superarían los $1700 millones en total. “Dinero que podría haber quedado en la ciudad y que, además, permitiría la generación de fuentes de trabajo”, manifestó el tribuno de cuentas.
Si este debate finalmente vuelve a tomar estado público, la actual gestión se verá interpelada por una oposición que busca raspar por otras aristas, más allá de la problemática de la inseguridad que acaparó la agenda en las últimas semanas. Desempolvar viejos contratos (la mayoría “heredados” de la gestión Llamosas) podría significar una oportunidad para que el Ejecutivo revise si considera pertinente sostenerlos o marcar su “impronta propia” también en este aspecto.
Y parece que el Intendente GUILLERMO DE RIVAS, sigue con la misma tónica:
🟧 DENUNCIAN QUE LA EMPRESA DE LA HERMANA DEL INTENDENTE (Buro SRL) SE HARÁ CARGO DE ADMINISTRAR LOS DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO
El titular de Conciencia Desarrollista Pablo Carrizo 2 informó en sus redes un contrato millonario que se realizó entre el intendente Guillermo De Rivas y la empresa de su hermana (Cecilia De Rivas): Buro SRL. El acuerdo habría sido por 2 años y de 140 millones de pesos, además del usufructo por cada gestión.
El presidente de Conciencia escribió en sus cuentas “🟠 EL NEGOCIO FAMILIAR DEL INTENDENTE: Les presento una nueva empresa monopólica que los riocuartenses deberán sostener con los impuestos: BURO SRL, la empresa familiar del intendente que se ocupará de “administrar el cuidado de los documentos de la municipalidad”. Un nuevo kiosco que hay que bancarle a la casta gobernante”.
La UCR de Río Cuarto expresó su preocupación por la continuidad del contrato entre el municipio y la empresa Buró SRL, vinculada a una familiar del intendente De Rivas. Aunque no hay ilegalidad y el vínculo comenzó durante una intendencia radical, consideran que su renovación refleja una falta de ética de la gestión actual.
El centro de la crítica gira en torno a la renovación o continuidad del vínculo contractual que la Municipalidad mantiene con Buró SRL —empresa prestadora de servicios de archivo desde el año 2012—, cuyo vínculo con una hermana del actual intendente fue confirmado por el presidente del Tribunal de Cuentas. A pesar de que la normativa local no prohíbe expresamente este tipo de contrataciones, desde el radicalismo remarcan que “la ética pública no se agota en la legalidad”.
“El hecho de que no exista una irregularidad jurídica explícita no elimina la gravedad ética que implica sostener una contratación de estas características”, sostuvieron desde el partido. En ese sentido, recordaron que el municipio no ha adherido a la legislación nacional ni provincial en materia de ética pública, y que la Carta Orgánica Municipal no contempla restricciones para casos de potencial conflicto de intereses como este.
Desde la UCR llamaron al intendente De Rivas a brindar “explicaciones claras” sobre la situación y solicitaron al Concejo Deliberante que avance en el diseño de nuevas herramientas normativas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
Entre las propuestas concretas, el comunicado sugiere la adhesión a la Ley Provincial N.º 9.733 de Ética Pública y la creación de un régimen municipal de transparencia y gestión de conflictos de interés. “La ética no es un adorno institucional, sino el fondo mismo de una gestión que quiere ser creíble, legítima y respetada por sus vecinos”, concluye el texto difundido este 24 de abril.