Milei llegó al poder prometiendo “terminar con la casta y la corrupción”. Hoy enfrenta un combo de expedientes que exponen la contradicción entre ese discurso y las prácticas que denuncia. No es “la vieja política contra Milei”, son hechos bajo investigación judicial que tocan su mesa chica y a los Menem, símbolo de privilegios, mediaciones opacas y negocios con el Estado.
Ilustración: Gaju
El gobierno de Javier Milei atraviesa otro gran escándalo político y judicial producto de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpican a funcionarios de su círculo cercano. Lo que en principio parecía un caso aislado de retornos en contrataciones públicas terminó exponiendo una contradicción de fondo. El presidente que construyó su campaña en torno a la lucha contra la “casta” y la corrupción enfrenta acusaciones que reproducen las mismas prácticas que juró desterrar.
El epicentro del caso está en las contrataciones de medicamentos a través de ANDIS. La justicia investiga una red de retornos a partir de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex funcionario del organismo, donde se mencionan a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El apellido Menem volvió al centro de la política argentina, reviviendo la memoria de los años noventa, marcados por privatizaciones, negocios con el Estado y corrupción sistémica. Milei prometió no repetir esas lógicas; sin embargo, la presencia de los Menem en su mesa chica refleja la continuidad de prácticas que él mismo denunciaba como casta.
Durante la campaña, Milei construyó un relato binario: “pueblo contra casta, honestidad contra corrupción, él contra los políticos tradicionales”. Pero, para lamento del presidente, los hechos muestran lo contrario. Hay audios, allanamientos, crecimiento desmedido de contratos y un Congreso que reabre comisiones investigadoras. El Javo intenta cubrirse en el argumento de la “opereta K”; sin embargo, los procesos judiciales avanzan con pruebas concretas y secuestro de dinero.
El mismo Milei demoniza a los “degenerados fiscales” dando cátedra de que el déficit es el origen de todos los males. Sin embargo, quiero comentarle al primer mandatario que la corrupción, por sí misma, es déficit. Pensemos en sobreprecios, coimas y auditorías debilitadas, ¿qué implican? Claramente un gasto público inflado y deterioro de los controles. Por lo que, este escándalo, erosiona su discurso moral y también su bandera económica.
La pregunta que hoy incomoda de sobremanera es: si la lucha era contra la casta, ¿por qué los operadores siguen siendo los Menem? Si no hay plata, ¿cómo se justifica el crecimiento exponencial de contratos a una sola empresa? Si todo es una opereta, ¿por qué hay allanamientos, pruebas y dinero incautado?
El caso pega una piña justo en el punto de knockout de la identidad mileísta: su argumento anticasta. Con la economía en recesión y el malestar social en aumento, el relato de transparencia y austeridad pierde fuerza frente a las sospechas de corrupción. El espejo de los noventa vuelve a proyectarse, pero esta vez bajo un gobierno que prometía ser lo opuesto.
Más allá del “voto duro”, el combo corrupción + recesión + deterioro institucional tiende a erosionar confianza y capacidad de gobierno antes de las elecciones legislativas. Aun con inflación a la baja, la agenda anticorrupción volvió al top of mind y ya se expresa en el Congreso.
En definitiva,
- Prometieron barrer la casta; hoy hay audios, allanamientos y una comisión investigadora. Promesa vs. praxis
- Mientras se recortan pensiones y controles, se disparan contratos con intermediarios”. Pregunta: ¿quién paga la coima? Adivinaron: ¡nosotros! Corrupción = menos derechos
- La “nueva política” sostiene operadores y lógicas viejas. Menemismo recargado
- Si no hay nada que ocultar, abran compras, chats y reuniones; que declaren Karina, Lule, Sturzenegger y la mar en coche.
