Distintas encuestadoras concluyeron en que casi un 80% de la ciudadanía conoce el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina Milei, la principal señalada en los audios de Diego Spagnuolo por “pedir el 3%” de cada soborno. En Río Cuarto, la posible sobrefacturación en el PAMI que reviste características similares.
“Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (Javier Milei) no está metido pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. Le dije ‘Javi, está pasando esto, esto y esto. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo’”, se oye en uno de los audios filtrados que se atribuye al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien recientemente fue eyectado del gobierno nacional. “A Karina le debe llegar el 3%”, señaló el ex funcionario en otro tramo de una conversación y ese resultó ser el dato que más fijación logró en los ciudadanos que se enteraron del escándalo de corrupción que incluso llegó a copar la agenda de los medios porteños más afines al gobierno nacional.
Que el hecho haya logrado tanta pregnancia en momentos en los que parece moneda corriente el desinterés y la apatía frente a cualquier episodio de la actualidad política, no es un dato menor. Se suman la circunstancia de que involucra a un organismo sumamente sensible en el Estado (que recientemente dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad), a un integrante de la familia Menem y a nada más y nada menos que la secretaria general de la Presidencia y principal armadora de La Libertad Avanza, Karina “el jefe” Milei.

En cuanto al sector privado, el principal implicado hasta el momento es la droguería Suizo Argentina. El delito comprendería coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de la compra de medicamentos a dicha empresa. Además de nombrar a Karina Milei, Spagnuolo menciona al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas horas, el presidente Javier Milei se refirió por primera vez al hecho y, como era de esperarse, lo atribuyó a supuestas “operaciones políticas del kirchnerismo” en el marco de la campaña electoral.
Spagnuolo había cobrado mayor trascendencia en los últimos meses, luego de que se conociera que le manifestó a la madre de Ian Moche (el niño activista por los derechos de las personas autistas) que “si una familia tiene un hijo con discapacidad, es problema de la familia. No del Estado”. Los audios atribuidos al (ahora ex) director de la ANDIS pusieron el foco en un supuesto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos a esta droguería. Un dato que alimenta las sospechas: Suizo Argentina aumentó exponencialmente la cantidad de contratos con el Estado (tanto nacional como con distintas provincias). Se estima que el monto de dichas contrataciones pasó de sumar $3 mil millones a aproximadamente $100 mil millones. En solo un año, se multiplicaron por más de 30.
Esta empresa es presidida por Jonathan Kovalivker, uno de los herederos de la centenaria droguería. Se encuentra siendo investigado (junto a su hermano Emmanuel Kovalivker y otros posibles implicados) tras haber sido señalado en los audios de Spagnuolo. Desde el pasado viernes se allanaron varios domicilios en Nordelta, la droguería en cuestión y la sede de la ANDIS. A eso, se suma que Emmanuel Kovalivker intentó huir de su casa al enterarse que la Justicia realizaría un allanamiento. En su auto, se encontraron sobres que portaban la suma de entre 266 mil dólares y 7 millones de pesos.
Más allá de todo el entramado que formaría parte del delito, distintas consultoras se encargaron de medir el impacto del hecho en la opinión pública y la gran mayoría coincide en que ha logrado una fuerte pregnancia: entre el 75% y el 80% de la ciudadanía conoce de qué trata el escándalo de las coimas en la ANDIS. Según la encuestadora Trespuntozero, el 78,8% de los ciudadanos conoce la noticia. Una cifra que revela que prácticamente 8 de cada 10 argentinos ha oído al respecto (aunque esto no implica conocer los pormenores de las distintas maniobras o reconocer la participación que tendrían los distintos empresarios y funcionarios).

Un dato en particular fue el que mayor impacto (y fijación) logró en los ciudadanos: “Karina pide el 3%”. De hecho, esta semana hubo una oleada de memes en relación a este dato en particular. La consultora Horus realizó un estudio sobre la opinión en redes sociales (Instagram y Facebook) y determinó que el 86% piensa que “existe corrupción en el gobierno nacional” y asocian la figura de Karina Milei como la principal responsable. Más allá de un diagnóstico relativamente común, hay consultoras como La Sastrería (de Raúl Timerman y Juan Malagoli) que remarcan que esto, a una semana del escándalo, no implica necesariamente un cambio en la intención de voto de La Libertad Avanza (pero sí influye en la imagen de la gestión)
Karina, el denominador común
Que el gobierno nacional empiece a asociarse a la palabra corrupción no radica solamente en las maniobras que se le adjudican a distintos funcionarios públicos desde el inicio del gobierno libertario. La decepción e indignación se potencia cuando se tiene en cuenta que el discurso de campaña del actual mandatario nacional enfatizó en combatir la corrupción, “sacar la casta del Estado”, entre otras promesas que estuvieron lejos de concretarse. El doble discurso es lo que alimenta la condena social de un sector que confió en el actual presidente por “no venir de la política” y por apostar a que aquellos dirigentes que llevan tiempo viviendo del Estado “pierdan sus privilegios”.
Este último asunto que involucraría a la propia hermana del presidente y a funcionarios que estaban a cargo de una de las áreas más sensibles del Estado, tiene todos los condimentos para generar un repudio generalizado (a excepción de los más férreos defensores del gobierno que seguramente adhieren a la teoría de que se trataría de una mera operación electoral).
Hay diversas sospechas que ya ponían a “El jefe” (como apodan a Karina) en el centro de distintos escándalos desde el día 1. El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols aseguró en declaraciones a TN que Karina Milei le habría pedido 2 mil dólares para grabar la empuñadura del bastón presidencial. Por otra parte, en el medio del escándalo internacional por la “cripto estafa” $LIBRA, la secretaria de la Presidencia también fue señalada. Hayden Davis, desarrollador de dicha cripto, apuntó a la hermana del presidente en un mensaje de texto dirigido a un empresario con el que trataba de cerrar un negocio. Según informó el diario La Nación, el mensaje de Davis señalaba: “Podemos hacer que Milei lo tuitee o encontrarnos con él personalmente para hacer promoción. Yo controlo a ese negro. Le mando $$ a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Y otro caso que fue mencionado incluso por ex militantes de La Libertad Avanza como la diputada Lourdes Arrieta, quien admitió haber pagado $60.000 para ser candidata en 2023. Desde el momento en que una candidatura puede comprarse y nadie de dicho espacio político lo niega, ¿qué puede esperarse hacia delante?
El PAMI Río Cuarto y un posible caso de corrupción
De comprobarse las sospechas en torno a una posible sobrefacturación en el PAMI de Río Cuarto, se trataría de un caso de corrupción de gran magnitud para la UGL. Según informó el periodista Leonardo Brochero al programa radial Nada Fake, se realizó un relevamiento interno en el organismo que detectó irregularidades en las prestaciones médicas. Se teme que se trate de un caso de sobrefacturación, ya que advirtieron un crecimiento estrepitoso en la cantidad de autorizaciones de prácticas médicas complejas.
Básicamente, en agosto del año pasado se autorizaban aproximadamente cuatro prácticas al mes con estas características. Al mes siguiente, ascendieron a más de 100 y entre mayo y julio de este año, alcanzaron los 180 casos mensuales. La sospecha es alimentada por otros factores como el hecho que varios de los prestadores que figuran en las órdenes autorizadas no poseen consultorios y equipamiento acorde a las prácticas que facturan. Brochero remarcó que el ex titular del PAMI, Santiago Pinasco, renunció antes de expedirse sobre el pedido de auditoría interna.

Cabe resaltar que, en medio, seis trabajadores aseguran haber sido difamados y señalados como los responsables de los presuntos desmanejos. La Justicia Federal de Río Cuarto está investigando el caso, luego de que los empleados denunciaran que el autor o autores de los mensajes difamatorios (desconocidos hasta el momento) les atribuyeran responsabilidad del por cumplir roles en la fiscalización de las prestaciones y en distintos tipos de control. Es importante aclarar que las auditorías requieren siempre de la autorización del director local del PAMI o de alguna autoridad de la central de la obra social.
El posible caso de sobrefacturación en el PAMI es el gran elefante en la habitación. En el armado local de LLA, nada se dice al respecto y ninguno de los directores que tuvo el PAMI en el último año y medio se ha referido a esto públicamente. El escándalo de las coimas en la ANDIS reavivó las sospechas por corrupción en distintas delegaciones de PAMI (La Plata, Chaco, Santa Cruz, Misiones, Formosa, Villa Gesell, entre otras) y también se trataría por denuncias de pedidos de dinero (coimas) a funcionarios y empleados.
La ex militante de La Libertad Avanza y referente del espacio, Mila Zurbriggen, manifestó que “no hay manera de sobrevivir en LLA sin corromperse y sin ser funcional a Karina Milei”. En diciembre se van a cumplir dos años desde que el presidente libertario ocupa el sillón de Rivadavia. Y la casta tiene de todo… menos miedo.