La palabra límites suele ser bastante incómoda en el debate público argentino; tan incómoda como recurrente. Hoy vuelve a escena a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei, una norma que tensiona principios básicos del Estado de derecho y habilita prácticas que la democracia argentina había decidido, de manera explícita, dejar atrás.
El decreto modifica sustancialmente la Ley Nacional de Inteligencia y otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades inéditas desde el retorno democrático. Entre ellas, la posibilidad de aprehender personas sin orden judicial, en el marco de actividades de inteligencia o ante supuestos de flagrancia. Esta atribución, creada por decreto y no por ley del Congreso, introduce una peligrosa confusión entre inteligencia, seguridad y función policial, una frontera que fue cuidadosamente delimitada tras la experiencia del terrorismo de Estado.
Desde una perspectiva constitucional, el problema es doble. En primer lugar, el uso del DNU resulta jurídicamente endeble ya que no existe una situación de necesidad y urgencia que justifique legislar sobre materia penal y de seguridad interior, ámbitos expresamente vedados a este tipo de normas. En segundo lugar, el contenido del decreto vulnera derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso y el control judicial de la coerción estatal, pilares de cualquier régimen republicano.
Pero el alcance del decreto va aún más allá, ya que declara encubiertas todas las actividades del sistema de inteligencia, incluidas las doctrinarias y presupuestarias. La SIDE pasa a administrar recursos y decisiones sin controles efectivos, en un contexto donde la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia no se encuentra funcionando, y donde el Poder Judicial ha mostrado serias falencias para investigar prácticas de espionaje ilegal en los últimos años.
El nuevo esquema también crea una Comunidad de Inteligencia Nacional bajo conducción de la SIDE, integrando a fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y organismos civiles como el RENAPER o Migraciones. Esta arquitectura institucional reedita lógicas propias de la inteligencia autoritaria, con intercambio masivo de información sensible, dilución de responsabilidades y ampliación descontrolada del poder de vigilancia estatal. Claramente esto no es solo modernización, sino de concentración de poder sin contrapesos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la redefinición de la contrainteligencia. Bajo conceptos vagos e imprecisos —“injerencia”, “interferencia”, “amenazas al orden constitucional”— se habilita, de hecho, el espionaje político, social y periodístico. La excepción introducida a la prohibición histórica de intervenir en la vida política y en los medios de comunicación abre la puerta a la persecución de opositores, organizaciones sociales y periodistas críticos, bajo el paraguas del secreto de Estado.
Como politóloga, me resulta imposible no leer este proceso en clave de regresión democrática. Las democracias contemporáneas no se erosionan solo con golpes de Estado, sino también mediante decisiones normativas que, paso a paso, vacían de contenido las garantías institucionales. Y como abogada, no puede pasarse por alto que habilitar detenciones sin orden judicial, por agentes que no se identifican y fuera de todo control inmediato, no es una anomalía menor, sino una ruptura con el consenso jurídico construido desde 1983.
Las advertencias de organismos de derechos humanos, constitucionalistas y sectores políticos diversos no son exageraciones retóricas. Son alertas fundadas en la experiencia histórica argentina y en estándares internacionales de derechos humanos. La creación de una policía secreta, aun cuando no se la nombre así, es incompatible con un Estado que se pretenda liberal, republicano y democrático.
Ningún gobierno, por más legitimidad electoral que ostente, puede arrogarse la potestad de vigilar, detener y silenciar sin controles. La seguridad no se construye debilitando derechos, y la inteligencia no se fortalece sustituyendo al Poder Judicial.
Como ciudadana, hago un llamado urgente al Congreso de la Nación para que haga valer su responsabilidad indelegable de revisar y rechazar este DNI activando los mecanismos de control parlamentario y reestableciendo el debate público y democrático sobre el sistema de inteligencia. Ningún Estado debe arrogarse el derecho de espiar y detener en las sombras. Nunca Más.
