La nueva pirámide de ingresos publicada recientemente por la Consultora W vuelve a mostrar un dato que debería preocuparnos menos por lo que dice y más por lo que insinúa: la sociedad argentina ya no se organiza alrededor de una clase media sólida, sino alrededor de una clase media que se desdibuja cada día.
Cada 25 de noviembre repetimos que la violencia sigue ahí, que persiste, que muta, que se intensifica. Pero este año se suma una sensación de un país donde la violencia está gritando. Y cuando se la escucha con atención, ese grito tiene una palabra nítida, urgente, incómoda en la actualidad: ¡Estado!
El desgaste emocional frente a una política que se recicla sin renovarse, un clima social frágil y una esperanza en pausa. Una mirada personal honesta sobre lo que se rompe, lo que se repite y lo poco que todavía nos impulsa a seguir mirando hacia adelante.
Argentina abre la puerta a que civiles accedan a armas semiautomáticas mientras la polarización social cada día es mayor. La discusión ya no es técnica, sino cultural. ¿Qué tipo de sociedad construimos cuando preferimos un fusil antes que confiar en el otro?
Las elecciones del 26 de octubre en Córdoba dejaron un resultado tan contundente como inesperado. Perdió Schiaretti, y con él se derrumbó la ilusión de que el cordobesismo podía sobrevivir a la polarización nacional. Muchos consultores fallamos; algunos porque subestimaron el poder de la nacionalización, otros porque insistieron en un diagnóstico puramente local. Se siguió pensando a Córdoba como una provincia de centro moderado cuando hace rato se volvió estructuralmente hacia un costado.
Entre gestos vacíos y discursos sin contenido práctico, la dirigencia argentina contribuye a una degradación sostenida del debate público. En lugar de gobernar, muchos prefieren actuar; y frente a esa desconexión, la gente elige no creerles más.
El doble femicidio de Luna y Mariel desnuda el crecimiento de una violencia que es ideológica, organizada y legitimada desde sectores que promueven el antifeminismo como bandera. Este caso revela cómo el odio hacia las mujeres se ha vuelto un proyecto político en marcha.
Imagino lo que diría Pablo Escobar si mirara la política argentina hoy. Seguramente repetiría que el problema nunca fue la droga, sino la conciencia de los políticos. Y no le faltaría razón. Ningún dinero narco entra a la política sin la complicidad del poder, ningún cargamento cruza una frontera ni un avión despega sin un guiño que lo habilite. Lo de Espert es la prueba de que el narcotráfico no solo se infiltra, se asocia. Y cuando uno de esos nombres cae, lo que se derrumba no es una persona, sino la máscara de un sistema entero.
En política, la confianza no es un lujo, es puro combustible. Y cuando se apaga, no alcanza con empujar la máquina. En 2025, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) perforó por primera vez el umbral de dos puntos, una señal que en la Argentina suele anticipar voto castigo. No es solo una raya en un gráfico; es un veredicto social sobre la credibilidad del oficialismo. En apenas dos meses, el indicador se desbarrancó alrededor de veinte por ciento y quedó debajo de la zona de seguridad.
La corrupción es el principal problema del país y ningún gobierno logró frenarla. Hace falta una ingeniería institucional que funcione como un panóptico democrático, una vigilancia continua sobre los funcionarios, transparencia obligatoria y control ciudadano.
