El doble femicidio de Luna y Mariel desnuda el crecimiento de una violencia que es ideológica, organizada y legitimada desde sectores que promueven el antifeminismo como bandera. Este caso revela cómo el odio hacia las mujeres se ha vuelto un proyecto político en marcha.
Imagino lo que diría Pablo Escobar si mirara la política argentina hoy. Seguramente repetiría que el problema nunca fue la droga, sino la conciencia de los políticos. Y no le faltaría razón. Ningún dinero narco entra a la política sin la complicidad del poder, ningún cargamento cruza una frontera ni un avión despega sin un guiño que lo habilite. Lo de Espert es la prueba de que el narcotráfico no solo se infiltra, se asocia. Y cuando uno de esos nombres cae, lo que se derrumba no es una persona, sino la máscara de un sistema entero.
En política, la confianza no es un lujo, es puro combustible. Y cuando se apaga, no alcanza con empujar la máquina. En 2025, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) perforó por primera vez el umbral de dos puntos, una señal que en la Argentina suele anticipar voto castigo. No es solo una raya en un gráfico; es un veredicto social sobre la credibilidad del oficialismo. En apenas dos meses, el indicador se desbarrancó alrededor de veinte por ciento y quedó debajo de la zona de seguridad.
La corrupción es el principal problema del país y ningún gobierno logró frenarla. Hace falta una ingeniería institucional que funcione como un panóptico democrático, una vigilancia continua sobre los funcionarios, transparencia obligatoria y control ciudadano.
El tropiezo bonaerense dejó al descubierto los límites claros del mileísmo, con un núcleo duro consolidado, pero incapaz de expandirse. La estrategia de blindaje interno y la tensión con las provincias anticipan un escenario de riesgo nacional
Milei llegó al poder prometiendo “terminar con la casta y la corrupción”. Hoy enfrenta un combo de expedientes que exponen la contradicción entre ese discurso y las prácticas que denuncia. No es “la vieja política contra Milei”, son hechos bajo investigación judicial que tocan su mesa chica y a los Menem, símbolo de privilegios, mediaciones opacas y negocios con el Estado.
Hay días (o incluso meses o años enteros) en los que la política argentina parece una parodia de sí misma. No hablo de chicanas de campaña ni de discusiones ideológicas legítimas; hablo de ignorancia, de desconocimiento elemental, de frases que hieren porque vienen de quienes deberían defender derechos y construir futuro.
“¿Por qué no cierran si no cobran?”. Esa fue la pregunta que escuchó Carolina Armeloni más de una vez en el último año. Ella, referente de la Cámara de Discapacidad de Córdoba, lo tiene más que claro; si los centros de día cierran, hay personas que no comen; si los terapeutas dejan de atender, hay cuerpos que se atrofian. Si el Estado se retira, no hay reemplazo posible.
El Estado, convertido en villano, es también indispensable. Se lo repudia en los discursos, pero se lo reclama en la vida cotidiana. Una problemática para investigar: negar aquello de lo que no se puede prescindir.
“Todo lo sólido se desvanece en el aire”, decía un ilustre pensador, y en estos tiempos pareciera que incluso lo más elemental, como es el vínculo entre ciudadanía, representación y sentido colectivo, también se disipa. Hace un par de noches, en plena celebración de la autodenominada “derecha fest”, me preguntaba qué es exactamente lo que se festejaba. ¿Es la victoria de una cosmovisión individualista? ¿Una revancha simbólica? ¿Una celebración de la antipolítica disfrazada de batalla cultural? Mientras tanto, del otro lado, el silencio, la fragmentación y una pregunta que me dejó inquieta luego de conversar con un amigo político de larga trayectoria: ¿Dónde se hace política hoy?
