Se disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) encargada de recabar información sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, que el presidente había promovido en sus redes sociales en febrero de 2025.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según el texto oficial, la UTI cumplió con su tarea al recopilar información de diversos organismos estatales, como la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete. Esta información fue remitida al Ministerio Público Fiscal para su análisis.
Sin embargo, aún no se han publicado los informes oficiales que justifican la disolución de la unidad. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación en manos de la jueza María Romilda Servini.
La UTI fue creada el 19 de febrero de 2025, cinco días después de que Milei difundiera el lanzamiento de $Libra, vinculada al proyecto “Viva la Libertad”. La promoción presidencial generó un aumento vertiginoso en el valor de la criptomoneda, que luego se desplomó, afectando a miles de inversores. La unidad tenía la misión de recopilar información y colaborar con el poder judicial y el Ministerio Público Fiscal durante la investigación. María Florencia Zicavo, entonces jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y mano derecha de Cúneo Libarona, fue designada como titular de la UTI.
A pesar de la disolución de la unidad, la investigación continúa en la Justicia Federal, la Oficina Anticorrupción y el Congreso Nacional. Sin embargo, el avance se ve obstaculizado por la falta de colaboración de funcionarios gubernamentales para proporcionar información. Además, el caso llegó a tribunales de Estados Unidos, donde un grupo de damnificados presentó una demanda colectiva.