Así lo confirmó el fiscal Pablo Jávega, quien consideró que quienes podían ser querellantes en su momento no lo fueron por estar acusados. Se trata de un argumento técnico.
Fue a fines de 2024 que la prueba de ADN incriminó a Roberto Barzola, un parquetista que estaba trabajando en la casa de la víctima.
Debido a que pasaron 18 años del hecho, la parte defensora del parquetista, pidió su sobreseimiento por estar “prescripta” la causa.
El fiscal se opuso y dejó el tema en manos del juez.