La iniciativa incluye medidas más estrictas para el control de extranjeros en el país. La reforma, anunciada en plena campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, será implementada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), aún sin fecha de publicación.
Principales medidas anunciadas:
Deportaciones y restricciones de ingreso: Se prohibirá el ingreso al país de personas condenadas y se deportará a quienes cometan delitos en territorio argentino.
Cobro por servicios de salud: Los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán abonar por los servicios de salud. Además, se exigirá un seguro médico para ingresar al país.
Autonomía universitaria y cobro de aranceles: Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar por sus servicios, respetando su autonomía.
Requisitos para la ciudadanía: Se reducirá el tiempo de residencia ininterrumpida necesario para obtener la ciudadanía argentina.
Procesos de apelación más ágiles: Se acortarán los plazos para las apelaciones en los procesos de expulsión del país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, detalló estas medidas en una conferencia de prensa. La ministra Bullrich destacó que Argentina debe ser una “tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes”, y subrayó que quienes viven y pagan impuestos tienen los mismos derechos que los nacionales, pero quienes ingresan sin cumplir con la ley no deben recibir los mismos beneficios.
La reforma migratoria busca endurecer el control sobre la inmigración y garantizar que los servicios del Estado sean utilizados de manera equitativa y legal.