La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que exige la implementación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión confirma el fallo de primera instancia y responde favorablemente al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas organizaciones gremiales y sociales.
El fallo rechaza la apelación presentada por el Ejecutivo y exige que cumpla de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esto obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior , entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La apelación del Gobierno fue rechazada por la Justicia debido a que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría . Además, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.
La resolución llega en el marco del paro nacional docente que es impulsado por los trabajadores en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento. El CIN aseguró que se trata de un fallo “a favor de las universidades”.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, calificaron la decisión como “arbitraria” y argumentaron que la aplicación de la ley requiere previamente la definición de sus fuentes de financiamiento y su inclusión en el Presupuesto.
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