El juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” de Córdoba llegó a una resolución contundente: el tribunal condenó a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero, hallándola culpable de cinco homicidios calificados y ocho intentos de homicidio cometidos durante 2022. La condena se dictó tras considerar que existía prueba suficiente “más allá de toda duda razonable”.
Además, fueron condenados cinco exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, al haber omitido actuar frente a señales de alarma internas que advertían sobre los episodios trágicos ocurridos en el hospital.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el reconocimiento judicial de la violencia institucional ejercida por el Estado provincial. El tribunal sostuvo que las madres y familias de las víctimas no solo sufrieron la pérdida de sus hijos, sino también el destrato, la negación de respuestas y la falta de contención durante meses. Esta violencia se manifestó en el silencio, la desinformación, la revictimización y el abandono institucional, lo que generó un sufrimiento adicional, evitado y evitable.
El fallo subraya que la cadena de responsabilidades incluyó omisiones graves por parte de funcionarios que no activaron los protocolos correspondientes, y que tardaron meses en reconocer públicamente lo ocurrido, incluso cuando desde el propio hospital se habían elevado alertas internas.
En cuanto al exministro de Salud, Diego Cardozo, el jurado popular decidió por unanimidad su absolución, al no haberse probado su participación directa en los hechos ni en el encubrimiento.
Este fallo sienta un precedente importante en la Justicia argentina, no solo por las condenas penales, sino por haber visibilizado de forma explícita cómo el Estado puede también ejercer violencia sobre sus ciudadanos, ya sea por acción u omisión. Reconoce, además, el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación.