Un juez federal declaró hoy nula la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, conocida como protocolo antipiquetes, que fue implementada en diciembre de 2023 por la actual senadora Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad en el Gobierno de Javier Milei.
El fallo, dictado por el magistrado Martín Cormick en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N°11, responde a una presentación de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron la constitucionalidad de la norma. Según estas entidades, el protocolo atentaba contra derechos protegidos por la Constitución Nacional (como la libertad de expresión, de reunión y de petición) y por tratados internacionales.
La resolución declarada nula establecía que toda manifestación que interrumpa el tránsito constituía un delito en flagrancia, lo que habilitaba a las fuerzas de seguridad a dispersar o desalojar protestas sin necesidad de orden judicial. Ese criterio fue uno de los principales motivos de la demanda judicial.
Organismos de derechos humanos aportaron cifras sobre los efectos del protocolo desde su puesta en marcha. Según registros elaborados por el CELS, casi 1.400 manifestantes resultaron heridos en distintos operativos de control de protestas entre 2024 y 2025, incluidos periodistas y ciudadanos en movilizaciones sociales.
El juez Cormick sostuvo en su fallo que la medida excedió las facultades del Ejecutivo al “interpretar de forma ampliada el concepto de flagrancia” y al “modificar de hecho normas del régimen penal y de organización de las fuerzas de seguridad”, comprometiendo derechos fundamentales.
La sentencia se produce en un contexto de creciente crítica de organizaciones internacionales y locales que ya habían denunciado prácticas represivas vinculadas al protocolo, e incluso habían solicitado su derogación ante instancias judiciales y de derechos humanos.
Bullrich, hoy senadora y excabeza del Ministerio de Seguridad, había defendido públicamente la legalidad y eficacia de la norma en múltiples oportunidades durante su aplicación, generando fuertes debates sobre el balance entre orden público y ejercicio del derecho a la protesta.