Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, el proyecto obtuvo media sanción. La votación se desarrolló en medio de un clima político tenso y una creciente preocupación por la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales. La sesión estuvo acompañada por una masiva movilización frente al Congreso, que incluyó a trabajadores universitarios, estudiantes, personal del Hospital Garrahan y jubilados. La jornada estuvo marcada por incidentes con la Policía Federal, que reprimió con gases lacrimógenos a manifestantes.
Durante el debate, varios diputados de la oposición advirtieron sobre las consecuencias de la desfinanciación del sistema universitario. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, habló de una “crisis fabricada y deliberada” por el oficialismo. Danya Tavela, de Democracia para Siempre, calificó al Gobierno como “soberbio, corrupto e insensible”, mientras que Christian Castillo, del Frente de Izquierda, sostuvo que acompañará el proyecto aunque con reservas respecto a su alcance real, y exigió una recomposición salarial inmediata para el personal universitario.
El presidente Javier Milei ya había vetado una versión similar de esta ley en septiembre de 2024, argumentando que implicaba un gasto fiscal insostenible. Desde el oficialismo reiteraron que volverán a vetar la norma en caso de que también sea aprobada por el Senado, por lo que la oposición deberá alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras si desea insistir y convertirla en ley pese al veto. Por ahora, el texto pasará a ser tratado por el Senado, donde el debate se anticipa igualmente complejo.
La media sanción representa un importante respaldo político y social al reclamo de las universidades públicas, en un contexto de ajuste y tensión entre el Gobierno y el sistema educativo. Rectores, gremios docentes y estudiantes advirtieron que la situación es insostenible y que urge una respuesta concreta para garantizar el funcionamiento pleno de las instituciones y el derecho a la educación superior en el país.