A cuatro años de la sanción de la Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins (Ley 27.636), que establece un cupo mínimo del 1% de personas travestis, transexuales y transgénero en empleos del Estado nacional, la situación en Córdoba muestra un grave retroceso en su implementación. Con el cambio de gestión nacional, la mayoría de las personas trans que habían accedido a puestos de trabajo en organismos públicos como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional o el Banco Nación fueron desvinculadas al no renovarse sus contratos.
Estas personas habían ingresado mediante contrataciones precarias, como contratos a plazo fijo o bajo régimen de monotributo, lo cual las dejó especialmente expuestas a los recortes aplicados por el nuevo gobierno. Especialistas en derecho laboral advierten que en muchos casos se ha despedido a un porcentaje mayor de personas trans que del resto del personal. Se presentaron más de 25 medidas judiciales para exigir la reincorporación, pero la mayoría fueron rechazadas por motivos formales o por considerar que no existía relación laboral protegida.
Actualmente, son muy pocas las personas del colectivo que continúan trabajando en la administración pública nacional en Córdoba. La provincia, además, no aplica la ley nacional a nivel local, por lo que no hay normativa que garantice la inclusión laboral trans en el sector público cordobés. Tampoco existen datos actualizados y públicos sobre cuántas personas trans fueron contratadas ni cuántas han sido desvinculadas.
Organizaciones sociales y referentes del colectivo advierten que este retroceso pone en riesgo el único mecanismo institucional que había comenzado a revertir la histórica exclusión laboral del colectivo travesti-trans. Además, denuncian que el incumplimiento de la ley no solo implica una vulneración de derechos, sino también un abandono del rol del Estado como garante de políticas reparatorias para poblaciones históricamente marginadas.
Fuente: La Nueva Mañana