Las universidades públicas de todo el país profundizan sus medidas de fuerza ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), la Asociación Gremial Docente inició una nueva semana de paro total, sin asistencia a los lugares de trabajo, que se extenderá hasta el 22 de marzo.
Esta decisión, impulsada por la CONADU, le da continuidad al plan de lucha que ya traía dos semanas de huelga previa.
El gremio de los trabajadores nodocentes, ATURC, también realizan este lunes un paro de 24 horas, sin asistencia.
El reclamo de docentes y nodocentes
El principal reclamo de los gremios es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en el 2025. La misma contempla mejoras salariales, aumento en gastos de financiamientos, recomposición de las becas e inversión en infraestructura.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional remarcaron que “lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias”, ya que el 97% del presupuesto de las universidades se destinan a salarios. No existe un acuerdo paritario desde octubre del 2024 y el último aumento fue en diciembre y por decreto, equivalente al 2%.
La ley fue reglamentada, pero no comenzó a implementarse. La propuesta del Gobierno, que aún permanece en estado de borrador, no contempla la brecha entre ingresos y aumento del IPC -calculada en una pérdida del 53%, según la CONADU- en los dos primeros años de gestión de Javier Milei y propone que el financiamiento universitario se ajuste “en la medida en que la inflación observada” supere los 14,3%, lo que podría suceder en junio si continúa el actual ritmo del 2,9% mensual. A su vez, y en lugar de sujetar los incrementos salariales a la inflación, anticipan una propuesta del 12.3% en tres tramos: el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre.
Ante este panorama, el Consejo Superior de la UNRC declaró por unanimidad la emergencia salarial, presupuestaria y de becas. A través de la resolución, exige el cumplimiento inmediato de la Ley N° 27.795, remarcando que es la única forma de garantizar que la universidad pueda seguir funcionando, investigando y enseñando.