A raíz de la suspensión a los cinco investigadores imputados en la causa por el uso de laboratorios de la UNRC para negocios privados, las autoridades de la institución remarcaron que no se trata de una sanción sino de una medida preventiva hasta que finalice el proceso judicial. Confirmaron que, en los casos de las docentes que pidieron licencia, dicha suspensión comenzará a regir luego de finalizado ese período.
Foto: LV16
La Universidad Nacional de Río Cuarto, a partir del área de Asuntos Jurídicos y la Facultad de Ciencias Exactas, resolvió suspender preventivamente a los cinco investigadores que se encuentran imputados en la causa que investiga la utilización de insumos y equipamiento de los laboratorios de la UNRC para negocios privados. La medida era esperada por la docente denunciante, quien desempeña sus tareas en un laboratorio que se encuentra a pocos metros del espacio de trabajo de los denunciados.
En conferencia de prensa, el director de Asuntos Jurídicos de la UNRC, Hugo Abraham, manifestó que se abrió un sumario administrativo a los fines de determinar el grado de responsabilidad que puede concluir en una sanción disciplinaria (desde un apercibimiento a una exoneración) para quienes mantienen un vínculo laboral con la UNRC. En el caso de los investigadores del Conicet, se trata de otro camino administrativo pero aseguró que eso no interfiere en la decisión -aprobada por el Consejo Directivo- de suspender a los cinco imputados.
No obstante, Abraham resaltó que “la suspensión no es una sanción sino una medida preventiva que se aplica en el ámbito administrativo, independientemente de la causa penal”, y agregó que “toda sanción que pueda caer en la investigación que lleva a cabo la Universidad cuando hubiese un proceso penal en marcha tiene carácter provisorio hasta que se conozca el resultado de ese proceso penal”.
El decano de la Facultad de Exactas, Germán Barros, aclaró que las cinco personas suspendidas forman parte de la Universidad y se desempeñan en la institución hace varios años, más allá del vínculo contractual de algunos de ellos con institutos de doble dependencia. Remarcó que el doctor Lucas Gallarato, el magister Oscar Masciarelli y la técnica Jufith Reynaga se desempeñan como personal de apoyo del Conicet, mientras que Analía Llanes y Julia Iparraguirre son docentes efectivas de la facultad. En el caso de Gallarato, el decano informó que también tiene un contrato de locación de servicios que inició el pasado 12 de marzo y finaliza en agosto (como docente auxiliar suplente). Los cinco profesionales se encuentran suspendidos, en principio, por 30 días. No obstante, esta medida es prorrogable hasta que finalice el proceso de investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
La rectora Marisa Rovera manifestó que la institución se puso a disposición del Juzgado Federal de manera inmediata y que el pedido de informe a la Justicia fue enviado el pasado 14 de mayo para conocer el estado del proceso penal. Aseguró que la Universidad presta, a través de sus distintos convenios, más de 300 servicios a terceros y se trata de “una práctica de vinculación muy reconocida y muy legitimada socialmente. Los servicios se brindan, se aprueban por el Consejo Directivo y se ratifican a través del Consejo Superior”.
“De confirmarse estos hechos, claramente obedecen a conductas y cuestiones éticas de estas personas. De ninguna manera tiene que ver con una práctica de nuestra institución. Es un hecho particular, aislado y que merece ser investigado y como corresponde”, agregó Rovera y apeló al reconocimiento y legitimidad social que tiene el sistema universitario: “De ninguna manera esto puede poner un manto de sospecha al significado social y el rol de las universidades públicas”.