La secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD), Florencia Granato, advierte que el deterioro salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la ley de financiamiento configuran un escenario crítico para el sistema universitario. El panorama se complejiza con la media sanción de la reforma laboral. En ese contexto, los docentes anunciaron dos semanas de paro, del 2 al 13 de marzo.
Mientras en el Congreso se debatía el proyecto de reforma laboral, en distintos puntos del país hubo concentraciones y movilizaciones. Río Cuarto no fue la excepción. En la UNRC, docentes y no docentes realizaron una medida de fuerza en rechazo a las modificaciones. La plaza Roca se convirtió en el epicentro del reclamo de organizaciones sociales y sindicatos que advierten que estos cambios implican un retroceso y un deterioro de las condiciones laborales. Hay un cansancio que no se disimula. No es solo el desgaste de una negociación salarial que no avanza, sino la sensación de estar frente a un conflicto más profundo. Florencia Granato habla desde ese lugar. Licenciada en Economía y egresada de la casa de estudios local, conoce la universidad no solo como trabajadora, sino también como producto del sistema público que hoy siente amenazado. Considera que el sector está embarcado en una pelea estéril ante un gobierno que no los escucha.
“Hubo otros momentos complicados en la historia. En la época de Alfonsín hubo muchos paros; la situación salarial era muy difícil. También, durante el primer gobierno de Cristina, había ítems en negro en el salario docente y se realizaron medidas de fuerza para blanquearlos”, recuerda. Sin embargo, asegura que desde el inicio del mandato de Javier Milei el panorama universitario “va de mal en peor”. “Los cálculos indican que se han perdido entre siete y diez salarios. Es muy grave la situación. A nivel nacional, el 50% de los docentes tienen ingresos que los ubican en la línea de la indigencia. En la universidad local, la mitad gana menos de un millón de pesos”, señala, mientras mira su remera blanca con la consigna: “Yo defiendo la Universidad Pública”.
En ese sentido, menciona que un grupo importante de educadores no recibe incrementos desde febrero de 2025: un año sin actualización salarial. “Son quienes tienen dedicación simple y perciben 250 mil pesos. En el caso de dedicación semiexclusiva, el salario ronda los 500 mil”, precisa.
Fuera del aula
En la universidad se desempeñan 1.853 docentes. La realidad de muchos de ellos, como la de otros trabajadores, cambió en el último tiempo. Han debido recurrir a otras opciones para llegar a fin de mes. “Desde enero de 2024 hasta hoy hubo una caída de 50 cargos docentes. No necesariamente por renuncias, también por jubilaciones. Muchos buscan otros empleos para completar ingresos porque el salario no alcanza. Esto afecta la calidad de la docencia, ya que deben dedicar menos tiempo a la tarea académica”, explica.
Menciona que algunos venden cosméticos o corrigen tesis. En otras provincias, señala, hay docentes que realizan tareas de limpieza o trabajan como conductores de aplicaciones de transporte. Al repasar el escenario actual, la secretaria general sostiene que “la universidad pública es el blanco de este gobierno”, y agrega: “Hay una decisión de erosionar su prestigio y de limitar el acceso de los sectores de menores recursos”.
Lo que viene
Granato comenta que el Gobierno nacional realizó ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una propuesta de incremento del 12,5% en cuotas hasta diciembre, presentada como recomposición de lo perdido en 2025, sin reconocer el deterioro sufrido en 2024. Para los gremios, la oferta es insuficiente y se da en un contexto donde no se cumple la ley de financiamiento universitario ni se convoca a paritarias, el ámbito formal de negociación con las federaciones docentes. “El Gobierno no está llamando a discutir salarios como corresponde y no garantiza los aumentos comprometidos por ley, ni en sueldos, ni en becas, ni en presupuesto”, sostiene.
Como respuesta, en asamblea local se resolvió realizar una medida de fuerza de dos semanas, del 2 al 13 de marzo. “Esto implica un turno de examen y la primera semana de dictado de clases. El mandato será llevado al plenario de Conadu, donde se pondrá en consideración la medida”, explica.
Media sanción
Ahora, el conflicto se inscribe en un escenario político más amplio. La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado tras 12 horas de debate y 42 votos afirmativos. Luego será el tiempo de la votación en Diputados.
Granato advierte que la iniciativa “implica un retroceso en materia de derechos laborales” y cuestiona los cambios vinculados a la jornada de trabajo, el banco de horas y las limitaciones al derecho a huelga. “No hay nada que amplíe derechos. Llega en un mal momento y deja más desprotegidos a quienes ya están precarizados”, afirma.
La remera blanca con la consigna “Yo defiendo la Universidad Pública” dice más que cualquier número. Entre las aulas, las calles y el Congreso, la Universidad sigue siendo un terreno de disputa abierta.