En su última sesión, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto trató en primera lectura el proyecto de Ordenanza conocido como “Ficha Limpia”, el cual propone la inhabilitación de personas condenadas por la justicia penal provincial o federal para que puedan ser candidatas en elecciones generales o designadas en cargos públicos. Esta iniciativa modifica el régimen electoral local establecido en la Carta Orgánica Municipal, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la política local.
La propuesta incluye, además, las designaciones para cargos dentro del Ejecutivo Municipal, como aquellos relacionados con la Defensoría del Pueblo, las secretarías, fiscalías, jueces contravencionales, directores y síndicos de entes municipales.
PRENSA CONCEJO DELIBERANTE
Según lo planteado en la ordenanza, las personas condenadas a penas privativas de libertad (de ejecución condicional o efectiva) o a penas de inhabilitación para cargos públicos, por delitos dolosos previstos en el Código Penal de la Nación, no podrán ser candidatos/as a cargos públicos electivos municipales. El proyecto establece que solo las sentencias condenatorias, confirmadas por tribunales de instancia superior, serán consideradas para la inhabilitación. Esto asegura el cumplimiento del principio de “doble conforme”, tal como explicó el Concejal Biga: “La normativa contempla el legítimo derecho de defensa de las personas y hemos establecido que la sentencia debe ser condenatoria y confirmada por un tribunal de instancia superior.”
Además, como la propuesta implica modificaciones a los códigos electorales y al régimen de los partidos políticos, se informó que los jueces electorales municipales serán convocados en las próximas semanas para participar en reuniones con los concejales, con el fin de avanzar en el análisis de la segunda lectura y la parte operativa de la norma.
Por su parte, el Concejal Franco Miranda destacó el compromiso histórico de los legisladores y concejales de Córdoba en trabajar por la reforma política, resaltando la importancia de seguir avanzando en este tipo de iniciativas para fortalecer la democracia y la transparencia en la gestión pública.
Este proyecto continúa su tratamiento legislativo y se espera que en próximas sesiones se profundice en su discusión y posible sanción final.
