Legisladores de distintos partidos tomaron el reclamo de Madres del Dolor Río Cuarto para exigir la declaración de emergencia en Salud Mental y Adicciones en toda la provincia. El flagelo de más de 50 familias de Río Cuarto que reclaman un espacio de contención prolongada para sus familiares. Aseguran que, en los últimos 10 años, la Provincia redujo un 32,5% del personal de Salud Mental.
Fotografía: Santiago Mellano
El dolor de más de 50 madres de Río Cuarto se hizo eco en la Legislatura provincial. En los últimos meses cobró fuerza el reclamo de un grupo de madres de niños y adolescentes con consumos problemáticos. Además de pedir que el Estado disponga de un espacio para garantizar su tratamiento prolongado, se han congregado fuera de Tribunales para pedir que se faciliten los pedidos de judicialización de internaciones involuntarias. Aseguran que, cuando se llega a este tipo de instancias, es porque realmente las alternativas que ofrecen las distintas áreas del Estado se quedan cortas y las internaciones en el Hospital San Antonio de Padua no duran más de 72 horas.
“He internado unas 10 veces a mi hijo en un lapso de dos años. Él tiene 16 años pero hay criaturas que están empezando a consumir a los 7 u 8 años. Tenemos miedo y todo el mundo sabe que ya está el crack acá en Río Cuarto, el famoso pipazo’”, comentó Liliana, integrante del grupo de Madres del Dolor que inspiró el proyecto de ley para declarar la Emergencia en Salud Mental y Adicciones.
Liliana es madre soltera. Hace dos años que su hijo comenzó a consumir y asegura que una vez debió llamar a los Bomberos para que la ayudaran a trasladarlo. En los ojos de las madres del dolor hay un denominador común: sienten que muchas veces la sociedad le traslada la responsabilidad en lugar de abordar la problemática como un problema de salud pública (la cual está cada vez más desfinanciada).
El legislador de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, aseguró que este proyecto se inspiró en la lucha de las madres de Río Cuarto que, al igual que tantas familias de la provincia, llevan años pidiendo por un Estado que garantice el tratamiento adecuado para la recuperación de sus hijos. El proyecto de ley está firmado por cinco legisladores de la UCR, Frente Cívico y Encuentro Vecinal que piden que se declare la Emergencia en Salud Mental y Adicciones en toda la provincia (tres de ellos son profesionales de la medicina).
Las estadísticas son claras: el 75% de los casos que requieren un tratamiento adecuado en materia de salud mental están asociados al consumo de drogas y, en la ciudad de Córdoba, la Justicia ordena 70 internaciones involuntarias por mes. Sin embargo, el Estado sólo cuenta con 156 camas en toda la provincia para este tipo de situaciones que implican un tratamiento de un mínimo de dos a tres meses (los pacientes suelen ser trasladados a Santa María de Punilla o San Francisco). Teniendo en cuenta las cifras de la Capital y la disponibilidad de camas, se estima que menos de 90 pacientes del interior provincial podrían acceder a esta internación prolongada.
Las madres del dolor son taxativas en relación al accionar del Hospital San Antonio de Padua. Sostienen que los pacientes que llegan al nosocomio local solo son estabilizados para luego volver a la calle y tener contacto con sus proveedores. Si bien el Municipio cuenta con un área de adicciones y de abordaje integral (a partir de talleres con familiares, charlas en colegios, talleres culturales y deportivos y abordaje interdisciplinario), no cuenta con las herramientas para asistir los casos más agudos que requieren internaciones prolongadas.
El proyecto de Emergencia en Salud Mental tiene tres patas: autorizar la creación de instituciones cerradas que garanticen el tratamiento y contención prolongada en el paciente hasta romper el vínculo con su proveedor. Este proceso, según planteó Agrelo, llevaría un mínimo de tres meses. En segundo lugar, se requiere un trabajo sobre la “voluntad” del paciente para poder sostener la recuperación a mediano y largo plazo. En tercer lugar, el proyecto pondera el rol de la psiquiatría. “Córdoba ha dejado de formar psiquiatras. En el interior, en el sistema público, es casi imposible encontrar atención psiquiátrica”, manifestó el legislador de Encuentro Vecinal, quien enfatizó que la formación de estos profesionales ha bajado un 20% en los últimos tres años.
Un dato que expone el proyecto de Emergencia es que en el Hospital Neuropsiquiátrico se recibían 10 especialistas por año y, desde la modificación del sistema, solo se han graduado 7 de ellos en tres años. Por otra parte, se advierte una reducción del 32,5% en el personal destinado a Salud Mental. El costo de la medicación, clave para avanzar en la recuperación y para transitar el período de abstinencia, oscila entre los $100.000 y $400.000. A eso, se suma que en la actualidad hay un 35% de cordobeses que no cuentan con obra social y el sistema de salud público está receptando cada vez más demanda.
El subsecretario de Salud del Municipio, Isaac Pérez Villarreal, manifestó que hay cerca de 30 personas de Río Cuarto que se encuentran realizando un tratamiento ambulatorio y que reciben medicación de parte del Ministerio de Salud de la Provincia. Mencionó que el trabajo que realiza el Municipio apunta a la prevención y la contención. De manera descentralizada, se trabaja en distintos CIC, CIM y dispensarios de la ciudad. También se está utilizando el espacio que supo funcionar como Refugio Tinku y se articula con dispositivos como Sedronar, Hogar de Cristo, entre otras instituciones. Pérez Villarreal destacó que también se está trabajando en prevención de adicciones que van más allá de las sustancias como, por ejemplo, los casinos online.
El proyecto de ley propone que los recursos que se utilicen provengan del superávit que está previsto para el 2025 (que supera los $40.000 millones). “El proyecto pide que se autorice utilizar parte de ese superávit para contratar nuevos psiquiatras, invertir en formación y pagarles horas extras. En los pueblos del interior es casi imposible encontrar un especialista. También planteamos que haya lugares de internación prolongada para los adictos. Para algo existe el Estado y es justamente para acompañar a los más vulnerables. Hay casi 1 millón y medio de personas sin obra social. Es todo un universo que queda afuera”, enfatizó Agrelo.
Para la creación de estas instituciones cerradas y monovalentes (actualmente prohibidas), se requiere reformar la Ley de Salud Mental de la Provincia para contener a los pacientes en la etapa aguda y sub aguda de la enfermedad. El proyecto propone esa modificación y la creación de un régimen impositivo especial para quienes se comprometan a destinar un 50% de su capacidad de atención a pacientes del sistema público, así como la exención impositiva por 10 años a establecimientos privados que amplíen su capacidad de atención en un 50% para pacientes del sistema público. También la creación de un fondo especial de psicofármacos y un Vademecum para garantizar la provisión gratuita de medicamentos, con los recursos ya existentes.
Liliana asegura que hay entre 60 y 70 niños y adolescentes cuya situación implica un abordaje urgente en la ciudad. “Lamentablemente se tapa todo lo vinculado al narcotráfico. A veces se nos señala a los padres como los responsables. Yo soy madre sola y trabajo todo el día. No tengo quien cuide a mis hijos”, dice con la voz entrecortada. Cansadas de golpear puertas, las madres del dolor siguen insistiendo en que la situación es más urgente de lo que parece y lamentan que aún no se haya inaugurado el Centro de Adicciones municipal, más allá de que aseguran que este establecimiento no podrá contener las situaciones de gravedad que requieren internaciones prolongadas. Andrea Casero, referente de Encuentro Vecinal, reflexionó que el Poder Judicial también dificulta el acceso a la judicialización de las internaciones involuntarias y que muchas familias no pueden costear los gastos de afrontar ese proceso. “Hay chicos de 11 años con intentos de suicidio. Se tiene que actuar ya”, enfatizó.