La lucha de dos maestras jubiladas
Viejas locas
Un pequeño grupo de jubiladas cordobesas juntó casi 40 mil firmas durante un año y medio en reclamo por la recuperación del 82% móvil. Lograron reunirse con los legisladores y su iniciativa tuvo tratamiento en la Unicameral pero aseguran que el proyecto final no respetó el pedido original de los firmantes. La lucha de dos docentes jubiladas de Río Cuarto que instan a la sociedad a no resignarse y defender lo que les corresponde por derecho
18 horas. Esa fue la cantidad de tiempo que un grupo de jubiladas permaneció en la Legislatura provincial hace una semana. Entre reuniones de comisión con los legisladores y maratónicas sesiones como acostumbra la Unicameral, un pequeño grupo de mujeres aguardaba pacientemente que el trabajo de más de un año y medio rindiera sus frutos. Sin embargo, aseguran que el proyecto que se aprobó dista del propósito original del pedido de casi 40.000 jubilados de Córdoba que prestaron su firma en apoyo a esta iniciativa popular.“El proyecto fue utilizado como un caballo de Troya para habilitar una ley opuesta a lo que el pueblo pidió”, señalaron desde el colectivo impulsor del proyecto.
En ese grupo, dos docentes jubiladas de Río Cuarto fueron protagonistas de la lucha que busca recuperar el 82% móvil, el fin del impuesto a la viudez y la regularización del Apross. Gricelda Crespi y Marcela Monje formaron parte de la odisea que implicó presentar una iniciativa que sea factible de tratarse en la Legislatura provincial.
“Transitamos calles, despachos, estudios, tratando de hablar con la gente y conseguir firmas. Primero conseguimos 16.000 y nos faltaba el porcentaje que exige la Ley 7811, que es la de Iniciativa Popular. Y después llegamos a 36.000 firmas pero en febrero fueron rechazadas porque no estaban certificadas. Al final, conseguimos 38.000 firmas certificadas en las comisarías y logramos que la Junta Electoral certificara también esas firmas. Eso facilitó el ingreso a la Legislatura porque cumplimos con todos los requisitos”, señaló Gricelda Crespi a Otro Punto.
La excesiva burocracia no hizo que este grupo de jubiladas flaqueara en su objetivo de llegar a la Unicameral. En gran parte, por el convencimiento de que los ciudadanos no solo deben ejercer la democracia una vez cada cuatro años sino que es un deber cívico reclamar los derechos que nos corresponden. Crespi consideró que, más allá del resultado adverso en relación al proyecto aprobado, el colectivo de la iniciativa cordobesa logró poner sobre la mesa la necesidad de interpelar a la clase política. “Hay que entender que peticionar a las autoridades es posible, aunque sea difícil. Pero tienen que saber que los estamos observando y trabajamos este reclamo de forma legítima y jurídicamente viable”, señaló la docente jubilada.
La mañana siguiente a la jornada maratónica en la Legislatura, Gricelda reflexionó al respecto junto a su amiga e integrante del grupo de jubiladas, Marcela Mone. Ambas consideran que su experiencia fue “casi como una película”. “Nosotras no estamos acostumbradas a esto y estuvimos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente”, comentó Gricelda. En ese lapso, las mujeres dialogaron con los legisladores que integran la comisión de Trabajo y Previsión Social e incluso fueron reconocidas, tanto por el oficialismo como por la oposición, por el esfuerzo destinado a la recolección de casi 40.000 firmas en todo el territorio provincial.
“Yo les pido que se pongan una mano en el corazón y piensen si a cada uno de ustedes les gustaría que les descuenten 20% de su sueldo por un aporte solidario que nadie quiso. Necesitamos ese dinero. Nuestro sueldo ha bajado porque cobramos el 64% de nuestros haberes. Eso significa que nuestro sueldo se vino a pique”, dijo Marcela Monje frente a los legisladores que integran la comisión de Trabajo y Previsión y fue tajante al remarcar a los representantes del Poder Legislativo que estaban a punto de tratar algo histórico y que podía ser un hito democrático. “Tenemos a toda la provincia de Córdoba detrás nuestro”, dijo Marcela, consciente de la representación que estaba ejerciendo en nombre de las jubiladas y jubilados cordobeses.
La disconformidad de parte de los jubilados con la aprobación final se explica por diversas razones. En principio, porque la nueva normativa daría cierta discrecionalidad al poder Ejecutivo. Implica declarar la emergencia previsional por cinco años y aplicar aportes progresivos a los trabajadores activos que van del 2% al 8%, dependiendo el salario.
Esta semana, el gobernador Martín Llaryora presentó la Ley de Equidad Jubilatoria que apunta, principalmente, a la eliminación del Fondo Complementario de Cobertura de Atención y una nueva escala progresiva de aportes personales para trabajadores activos (en lugar del aporte fijo del 4%). Es decir, solo quienes cobran más de $3 millones y medio aportarían un 8% más. Según indicaron desde la Provincia, el 74% de los trabajadores activos no verá modificaciones en su aporte. En el caso de docentes y gran parte del personal de salud y las fuerzas de seguridad, recibirían un adicional mensual no remunerativo de hasta el 82% del haber bruto para aquellos que cobren hasta $1.300.000. El gobierno provincial aseguró que casi 10.000 beneficiarios dejarían de pagar el aporte solidario y que las nuevas alícuotas van del 5% al 20% aplicadas de manera escalonada según el nivel del ingreso.
Más allá de estos puntos, el colectivo que presentó la iniciativa popular evidenció su enojo a partir de aspectos como, por ejemplo, el pedido de declaración de emergencia de la Caja de Jubilaciones. Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia aseguran que la deuda de la Caja no asciende a casi $700 mil millones sino a menos de $250 mil millones. “La diferencia de aproximadamente $450 mil millones surge de intereses que la propia Provincia le cobra a la caja de jubilaciones por aportes que realiza el Estado Provincial”, dijo Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia en sus redes sociales. El funcionario consideró que no se puede hablar de déficit sino de una “decisión administrativa del propio gobierno” y que cobrar intereses a la Caja permite “construir el relato de que la Caja está quebrada y justificar decisiones que terminan perjudicando a los jubilados”.
“El gobernador usurpó el expediente que correspondía a la iniciativa popular para presentar su propio proyecto. Un proyecto que pone a jubilados contra jubilados”, dijo María del Carmen Robbiatti, una de las mujeres que impulsó el proyecto de Iniciativa Popular en Córdoba. “Ellos (por el oficialismo) dijeron que aprobar la ley, tal y como nosotros la presentamos, no era viable y que esto que salió fue lo más cercano a eso. Nosotros no somos abogados ni técnicos jurídicos. Tendríamos que haber tenido tiempo de analizar y estudiar el proyecto que finalmente salió, tener asesoramiento. Ellos tienen cantidad de asesores en todas las bancadas y nosotros solitas nos defendimos como pudimos”, reflexionó Gricelda Crespi. “Nosotros optamos por un abordaje diferente, sin cortar calles ni violando otros derechos. Simplemente siguiendo lo que dice la Constitución Nacional y Provincial”, agregó en diálogo con Otro Punto.
Los jubilados que forman parte del colectivo de la Iniciativa Popular son María del Carmen Robbiati, Adriana Carranza, Amalia Piana, Zulema Biolatto y Darío Almada. Entre ellos se definen como un pequeño grupo que tuvo que sobrellevar los obstáculos de una enorme burocracia. Pese al enojo aún latente en los jubilados, desde este grupo resaltan la posibilidad de haber podido decir a los legisladores, de manera directa y mirándolos a los ojos, cuál es la situación que atraviesan los jubilados y jubiladas de Córdoba.
“Por ahí escuché que algunos se referían a nosotras como un par de viejas locas. Que éramos utópicas y que estábamos pidiendo algo imposible. Bueno, más allá del resultado, esto deja en claro que cuando uno se pone de pie, se pueden conseguir estas cosas. Lamentablemente, ellos (los legisladores) tuvieron una oportunidad histórica de reivindicarse. Y lo hubieran logrado si aprobaban una ley más fidedigna a lo que nosotros reclamamos”, dijo Gricelda, quien insiste en que hay que regirse por aquella frase que dijo el Papa Francisco: “No podemos mirar la vida desde el balcón. Hay que meterse e involucrarse”.