El Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto determinó que la causa judicial por la muerte de Nora Dalmasso, ocurrida en 2006, debe continuar “activa y abierta” para que el Estado pueda cumplir con su deber de investigación y esclarecer la verdad sobre lo ocurrido.
El juez Diego Ortiz habilitó a la defensa y a la querella a proponer las medidas de prueba que consideren pertinentes y útiles para avanzar en el proceso de averiguación de la verdad histórica sobre el presunto abuso sexual seguido de muerte.
La resolución cita precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconocen el derecho de las víctimas a conocer la verdad y la obligación estatal de investigar los hechos, aunque no se logre sancionar penalmente a los responsables.
Respecto a la solicitud de los defensores del sospechoso Roberto Marcos Barzola para declarar la prescripción de la acción penal, el juez rechazó esta petición, argumentando que cerrar el proceso en esta etapa impediría la total averiguación de la verdad real. Por lo que Bárzola podría continuar siendo investigado.
El magistrado enfatizó que el proceso penal debe seguir vigente y abierto para que la investigación continúe y se puedan incorporar todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
Asimismo, descartó que el caso configure un crimen de lesa humanidad según la jurisprudencia de la CIDH, aunque reconoció que se trata de un caso grave de violencia de género. Según el juez, para que un hecho se considere crimen de lesa humanidad bajo esta normativa, debe involucrar circunstancias específicas como la participación de agentes del Estado o su instigación, lo que no se ha comprobado en esta causa.