Tras la denuncia pública en Otropunto.ar, altos funcionarios de la Provincia desembarcaron en los tribunales de Río Cuarto para “llevar tranquilidad” a los empleados que se resisten a trabajar bajo las órdenes de la jueza Natacha García a quien acusan de “violenta” y “maltratadora”. El jefe máximo de la Administración General del Poder Judicial, Luis Sosa, confirmó que están investigando la actuación de la magistrada
Apenas horas después de que Otropunto.ar sacara a la luz la denuncia contra la jueza Natacha García, desde Córdoba llegaron a los tribunales de Río Cuarto el máximo jefe de la Administración General del Poder Judicial, Luis Sosa, acompañado del secretario del área Legal y Técnica, Sebastián Néstor Mira. Y lo hicieron con una misión prioritaria: “llevar tranquilidad” a los empleados y funcionarios judiciales que se resisten a trabajar bajo las órdenes de la magistrada Natacha Irina García del fuero penal de Río Cuarto, a la que consideran “violenta” y “maltratadora”.
Ambos funcionarios se instalaron en una oficina del segundo piso del Polo Judicial donde durante una hora recibieron a más de una decena de empleados que pidieron hablar en bloque, y no individualmente como habían propuesto inicialmente los delegados de Córdoba.
Mientras eso sucedía en Río Cuarto, otra empleada judicial viajaba a la capital de la provincia para exponer frente a los altos jefes de justicia el calvario que habría vivido mientras se desempeñó bajo las ordenes de la jueza que hoy se encuentra en la cuerda floja. Fueron cinco horas de un testimonio cargado de angustia.
Mientras aguardaba para entrevistar a los funcionarios que llegaron para apagar el incendio, este periodista vio cómo se retiraban en fila india los trabajadores. Lo hacían con el gesto adusto, y alguno de ellos –con los ojos enrojecidos- apretaba en un puño un pañuelo de papel.
“Hemos tomado conocimiento de algunas noticias periodísticas de medios locales que habían hecho referencia a un tema que hoy en día está en plena investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia, más concretamente el sumario administrativo. Vale aclarar que eso no significa que haya culpa ni responsabilidad de nadie”. Así, sin mencionar el nombre de la funcionaria que alcanzara notoriedad nacional cuando presidió el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, Luis Sosa inició con cautela el diálogo con Otropunto.ar.
-Para entenderlo correctamente, lo que hay es una investigación en curso de la conducta de la jueza Natacha Irina García, ¿se abrió un sumario administrativo?
-No se ha abierto. Cualquier denuncia por una cuestión administrativa va a la oficina de Sumarios. Allí se hace una pequeña investigación previa. Y, si está de acuerdo con la denuncia o encuentra prueba suficiente para iniciar la investigación y darle participación a la supuesta persona sumariada, se abre el sumario. Esto todavía no se ha hecho, estamos en la etapa previa.
-¿Con qué tipo de testimonios se encontró cuando habló con los empleados?
-Nosotros no vinimos a buscar testimonios. Nosotros vinimos a oir a la gente, el que quiera hablar con nosotros o conocer nuestra opinión lo atendemos, como lo estamos haciendo ahora con usted.
-A eso me refería, ¿con qué panorama se encontraron?
-La idea del Tribunal Superior fue que viniéramos y transmitiéramos tranquilidad a la gente. Que se sepa que estamos trabajando en toda esta situación, en los supuestos hechos que se han ventilado. No hemos hablado con los empleados sobre la situación personal de cada uno sino que ellos querían conocer cuál era nuestra visión y transmitirnos cuál era su situación general porque no todos han tenido contacto con la señora magistrada. No todos han estado en una situación que los convierta en víctimas. Entonces, algunos quieren saber cómo se va a actuar cosa que nosotros no podemos adelantar porque, como le estoy diciendo, hay una investigación en curso y de acuerdo a esa investigación es lo que se va a resolver o no.
-Otropunto.ar hizo público que hay un grupo de empleados que trabajaban bajo la órbita de la jueza y aseguran haber recibido maltrato laboral por parte de la magistrada. Y otros empleados del área donde sería trasladada que se niegan a trabajar con ella.
-Sí, sí, nosotros no vamos a hacer referencia ni a nombres ni a situaciones concretas. Es así, esto no lo puedo desconocer. Lo que yo le puedo informar es que nos hemos reunido con los chicos (sic) de ambos tribunales donde se habría generado esta situación de incomodidad, por llamarla así. Y bueno les hemos transmitido lo mismo que le estoy diciendo a usted: que el Tribunal Superior va a oir a todos los testigos que tenga que oir, va a leer todas las presentaciones y tomará la decisión conforme a derecho y a las pruebas que tenga. Esa es la realidad. De todas maneras, cuando hay una magistrada relacionada con en estas cuestiones administrativas, se le da un trato distinto al de cualquier otro agente judicial. Hay que tener paciencia. Vamos a ver… Rige el derecho de defensa, el principio de inocencia igual que en el fuero penal.
-¿Cuando menciona que hay un trato distinto, quiere decir que los magistrados tienen algún tipo de privilegio en estos casos?
-No, no, no. Es distinto porque si supongamos que procede un sumario administrativo la jueza tiene que pasar a un jury de enjuiciamiento y ahí tendrían que analizar su situación.
Por única vez, interviene el Secretario Legal y Técnico para reforzar:
-Es la garantía de estabilidad del magistrado que está en la Constitución y que dura mientras dura su buena conducta. Si hay una inconducta, se debe probar.
-Entiendo. Le consulto ahora sobre el enroque de magistrados que se propuso desde Córdoba para que la jueza García pase a ocupar el lugar de un vocal de la Cámara 2, y viceversa. ¿Eso ya está aprobado?
-No. Eso fue una propuesta del Poder Judicial que tiene que ir a la Legislatura y después tiene que haber un decreto del gobernador que lo apruebe. Hasta donde yo sé eso está en la instancia de propuesta. En otras ocasiones se ha hecho lo mismo, por cuestiones familiares o de salud. Es una simple propuesta que ahora tienen que analizar los otros poderes.
-Permítame disentir. Más que una “simple propuesta” pareciera un intento por descomprimir la situación a raíz de los reclamos que se han ventilado.
-Bueno, en este caso sí. Lógicamente, siempre tienen algún sentido estos traslados. Tiene que tener un fundamento, no podemos hacer algo así sin un fundamento.
-¿Cuándo hizo eclosión esto?
-Nosotros tomamos conocimiento cuando recibimos un pedido de pase que hizo la secretaria de la jueza. Y después eso tuvo un efecto dominó para que apareciera una serie de presentaciones que nosotros hemos transmitido a Sumario Administrativo para que sea esa oficina la que decida de qué manera actuar.
-Se lo pregunto porque los agentes judiciales sostienen que estas situaciones de maltrato en las que habría incurrido la jueza García se remontan más de dos años. En todo ese tiempo, se registraron pedidos de pase y carpetas médicas en la Cámara Primera del Crimen. ¿Eso ustedes no lo conocían?
-No, nosotros en el Poder Judicial tenemos 79 edificios, 23 sedes circunscripciones. Problemas tenemos permanentemente. En la Justicia estamos más de ocho horas diarias trabajando con idas y venidas y, en casi todas las oficinas judiciales, se tratan temas muy duros. Entonces, la Administración General cuando toma conocimiento de alguna situación hace una pequeña investigación, habla con los superiores y si, prima facie, justifica la intervención de Sumario Administrativo se le da aviso. O se avisa a su superior, o a Medicina Legal, o a Salud Mental.
-¿Cuánto tiempo lleva usted a cargo de Administración General?
-Tres años y 42 años en el Poder Judicial.
– Sólo le preguntaré por los últimos tres años entonces ¿En el tiempo que lleva en su cargo alguna vez tuvo una situación de esta gravedad, en la que empleados y funcionarios se resistan en bloque a trabajar bajo las órdenes de un magistrado?
-No, no es habitual. No sé tampoco si el caso es de gravedad. La gravedad en todo caso es que muchos empleados opinen de la misma manera. Pero bueno, ha cambiado mucho la sociedad. Hoy en día los empleados y los jóvenes se expresan, denuncian, no se quedan callados. Y me parece bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar los hechos. Si bien en esta instancia la Administración General no necesita una certeza, al menos requiere un fundamento acorde a la certeza para tomar una decisión.
-¿Tienen un plazo para expedirse, teniendo en cuenta que la licencia de la jueza García concluye el 15 de marzo?
-No, no hay un plazo. El Tribunal Superior analizará si se extiende esa licencia o no. No podemos hacer futurismo.
De la entrevista con el jefe de la Administración General de Justicia puede inferirse que recién en las últimas semanas tomaron conocimiento en Córdoba de los problemas de convivencia entre la magistrada y sus colaboradores. Sin embargo, Otropunto.ar pudo confirmar que ya en 2023 un empleado que trabajaba bajo las órdenes de Natacha García y que sufrió severos trastornos de salud había expuesto su situación. Si esa denuncia llegó o no a los oídos de las máximas autoridades de Justicia de la Provincia es una incógnita. Lo concreto es que ahora, más de un año después, aquel pedido de auxilio ignorado durante largos meses es parte de la investigación interna que compromete a la magistrada.
