La necesidad acecha, la ley los expulsa

Sin esquina, ¿adónde van?

La nueva legislación provincial endurece las condiciones de quienes viven de cuidar autos y expulsa de los semáforos a los limpia vidrios. En Río Cuarto, la medida abre interrogantes sobre el control del espacio público y el futuro de quienes dependen de estas tareas para subsistir.

Fotos: Laura Scott

Sentado en el borde de la vereda, en la esquina de Alvear y Sadi Carnot, Juan acomoda a su lado un balde blanco de dos litros, algunos trapos gastados y los elementos que utiliza para limpiar vidrios y lavar autos. Mientras conversa con un vecino que se detuvo a saludarlo, lleva la mano a un paquete de gomitas de menta y se sirve un puñado. Hablan del clima, del movimiento del día y de alguna anécdota del barrio.

La escena transcurre en calma, como cualquier otro día en una esquina que hace cinco años se convirtió en su lugar de trabajo. Sin embargo, sobre esa rutina cotidiana hoy sobrevuela una preocupación. La reciente sanción de la Ley Provincial 11.117 modificó el Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba e incorporó nuevas sanciones para quienes cuiden vehículos sin autorización legal y para quienes realicen tareas de limpieza de vidrios en la vía pública. La norma prevé multas, trabajo comunitario e incluso arrestos, abriendo un debate sobre los límites entre el ordenamiento del espacio público y la situación de quienes encuentran en estas actividades una forma de subsistencia.

Juan tiene 38 años, está separado y es padre de una niña de siete años. Antes de llegar a la calle trabajó durante más de diez años como albañil, oficio que comenzó a ejercer a los 15 años. Sin embargo, un accidente laboral en uno de sus pies lo dejó sin posibilidades de continuar en la construcción y, según cuenta, sin alternativas laborales.

Su rutina comienza todos los días a las cinco de la mañana. Desde su casa cruza caminando gran parte de la ciudad hasta llegar a la esquina donde pasa la mayor parte de sus jornadas. Allí cuida coches, limpia vidrios y lava vehículos. Asegura que no fija tarifas y que todo lo que recibe es a voluntad de quienes pasan por el lugar. “Yo me porto bien, no toco nada que no sea mío y no obligo a nadie a que me dé nada”, afirma.

Con el correr de los años, los comerciantes y vecinos de la zona se transformaron en una red de contención. Dice que muchas veces recibe comida, ropa o algo de dinero para ayudarlo a terminar el día. Incluso asegura que, ante una eventual intervención para retirarlo del lugar, quienes viven y trabajan en los alrededores saldrían en su defensa. “Los vecinos me quieren apoyar porque saben que soy buena gente. Mirame, todo lo que tengo puesto me lo han dado ellos”, dice mientras señala la ropa que lleva.

La inseguridad también forma parte de su cotidianeidad. Recuerda haber intervenido recientemente cuando intentaron robar una motocicleta y asegura que en la zona son frecuentes los episodios de violencia y las situaciones vinculadas a personas con problemas de salud mental.

“Hace unos días vinieron a robar una moto y yo estaba acá. No me tendría que haber metido, pero bueno, pobre chica. La ayudamos entre todos y el tipo se fue corriendo”, relata. Pero ninguna preocupación parece hoy tan urgente como la posibilidad de perder su única fuente de ingresos. “Hemos escuchado que nos quieren correr. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que comer”, plantea.

“Que nos den trabajo”

Juan asegura que jamás recibió asistencia social por parte del Estado y sostiene que, si el objetivo es terminar con estas actividades, deberían existir alternativas concretas para quienes dependen de ellas. “Si esa es la intención, que nos ayuden, que nos den trabajo”, concluye.

La inquietud de Juan no es aislada. La aplicación de la nueva legislación provincial ya comenzó a generar consecuencias visibles en la ciudad. Durante los últimos días, efectivos policiales notificaron a trabajadores que realizaban tareas de lavado de vehículos y limpieza de vidrios en distintos puntos de Río Cuarto para informarles que esas actividades quedaron prohibidas en la vía pública. Algunos comenzaron a acercarse al Concejo Deliberante para expresar su preocupación y solicitar que la implementación de la ley contemple medidas de contención social y laboral.

Guillermo Natali (Concejal)

“Fue la Policía a decirles que no podían estar. Si la decisión es que actúe directamente la Policía, entonces tendremos que ver qué hacemos con la ordenanza; la que está en vigencia no fue fácil de aprobar y dio buenos resultados. La realidad de Río Cuarto no tiene nada que ver con la de Córdoba Capital, que es mucho más compleja”, sostuvo el concejal Guillermo Natali.

La ordenanza municipal había sido presentada como una herramienta para ordenar la actividad de los trapitos mediante mecanismos de identificación y control. Ahora, la entrada en vigencia de la ley provincial plantea dudas sobre la continuidad de ese esquema.

Desde la oposición también surgieron propuestas para evitar que la implementación de la normativa derive en la pérdida inmediata de ingresos para decenas de familias.

Franco Miranda (Concejal)

El concejal Franco Miranda reclamó un período de transición de entre 45 y 60 días que permita adaptar la legislación local al nuevo marco provincial. Según explicó, ese plazo serviría para discutir alternativas y definir mecanismos de acompañamiento para quienes hoy dependen de la actividad para subsistir. “Estuvimos preguntando si nuestra ordenanza, que fue la primera y que sirvió como base para la ordenanza de Córdoba Capital y para la ley provincial, nos permitiría generar un paraguas de entre 45 y 60 días para adaptar la legislación. En ese tiempo podríamos discutir cuál podría ser la mejor forma de adaptarnos a la ley provincial”, explicó en una entrevista con diario Puntal.

Miranda sostuvo además que el municipio cuenta con información sobre las personas que trabajan como cuidacoches y sus grupos familiares, por lo que consideró que el debate no debería limitarse a la aplicación de sanciones. “Lo que estoy pidiendo es que no se les dé un bolsón y una orden de carne porque la gente quiere trabajar. Tomemos un tiempo para ver cómo solucionamos la situación”, afirmó.

Semáforos despoblados

Mientras el debate político continúa, los cambios ya se advierten en las calles; un relevamiento realizado por este medio durante los últimos días muestra que varios de los puntos donde históricamente trabajaban “trapitos” hoy permanecen vacíos. Desde el viernes 28 ya no se observan cuidacoches en la zona del Concejo Deliberante, en esquina Echeverría frente a Clínica del Sud, en distintos cruces de la avenida Sabattini ni en sectores de la avenida Marcelo T. de Alvear.

La situación también se repite en la esquina de Alvear y Sadi Carnot. Allí, donde Juan desarrollaba su actividad desde hacía años, dejó de ser visto después del último domingo.

La discusión, sin embargo, no se limita a quienes trabajan en la calle. Entre vecinos y conductores aparecen posturas diversas. Algunos consideran que la nueva normativa responde a una demanda histórica vinculada al uso del espacio público y a situaciones que muchas veces generaban incomodidad. “Uno no siempre sabe si está pagando por un cuidado o porque siente presión. Hay veces que uno deja el auto y siente que, si no colabora, puede tener algún problema”, comentó un vecino consultado.

Otros entienden que la regulación puede ser necesaria, pero advierten que la problemática de fondo excede la actividad de los trapitos. “Hay mucha gente que está ahí porque no consigue trabajo. El Estado tiene que controlar, pero también ofrecer alternativa”, sostuvo otro riocuartense.

Esa tensión entre ordenamiento urbano y vulnerabilidad social atraviesa gran parte del debate que abrió la nueva legislación. Mientras algunos celebran una mayor regulación de las actividades desarrolladas en la vía pública, otros advierten que la prohibición corre el riesgo de desplazar el problema sin resolver las causas que lo originan.

Silencio oficial

Para conocer cómo se implementará la nueva normativa en Río Cuarto y cuáles serán las medidas que adoptará el municipio frente a la entrada en vigencia de la Ley 11.117, se intentó contactar a distintas áreas municipales vinculadas al ordenamiento urbano y la asistencia social. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta por parte de las autoridades consultadas.

Por ahora, las esquinas vacías son la señal más visible de un proceso que recién comienza y que ya levanta polvareda.

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