Al grito de “basta de pagar internas de la casta”, Milei lanza una reforma que recorta gasto, en su teoría, pero más aún competencia. Se busca eliminar el único mecanismo que permite ordenar diferencias sin romper y deja a la oposición entre la lapicera y la fractura. Menos primarias, más control del juego.
La reforma electoral que impulsa Milei tiene un punto crítico que no admite eufemismos; la eliminación de las PASO no es, en los hechos, una política de ahorro, sino una intervención directa sobre cómo se organiza la oposición. El Gobierno la presenta como una corrección contra “la casta”, eliminar las PASO, cambiar el financiamiento de la política e incorporar Ficha Limpia. Pero cuando se observa el paquete en conjunto, lo que aparece no es una visión de fortalecimiento institucional, sino una arquitectura de conveniencia.
A nivel nacional, hoy el mapa político está atravesado por distintos polos con aspiraciones dentro de cada espacio. PRO, radicalismo, libertarios y distintos armados provinciales en el universo no peronista; y, del otro lado, también conviven liderazgos en tensión dentro del peronismo. Sin PASO, esos espacios o van hacia una negociación cerrada donde alguien impone candidato —con el consiguiente costo político— o la consecuente fragmentación en varias listas. Con PASO, en cambio, pueden competir dentro de una misma oferta y acumular votos en la elección general. El punto es que las primarias no solo ordenan a la oposición no peronista, también ordenan al propio peronismo. Sin ese mecanismo, sería mucho más difícil, por ejemplo, que dirigentes con diferencias profundas como Axel Kicillof y Guillermo Moreno puedan canalizar sus disputas dentro de un mismo frente competitivo. Sin PASO, esa convivencia se vuelve mucho más improbable: o hay ruptura o hay imposición. Es exactamente ese efecto —la posibilidad de unificar lo diverso sin romper— lo que las PASO introdujeron en el sistema y lo que ahora se busca eliminar.
El mismo razonamiento baja a la Provincia de Córdoba (en el caso de que existiera una PASO provincial). Hoy el mapa opositor se encuentra entre el armado libertario de Gabriel Bornoroni, Luis Juez, Rodrigo De Loredo, otros sectores de la UCR y dirigentes del PRO. En ese escenario, una PASO permitiría que se pueda disputar liderazgo dentro de un mismo frente sin romperlo (el pedido de Ferrer por ejemplo de la “gran interna”). Sin ese mecanismo, esa interna no desaparece sino que se traslada a la negociación —donde pesan más las lapiceras que los votos— o termina en listas separadas.
Ese es el punto que el oficialismo conoce y que explica la oportunidad de la reforma. Las PASO son, en la práctica, un instrumento de agregación opositora. Permiten que dirigentes que “no irían juntos” en condiciones normales —por diferencias personales, ideológicas o territoriales— encuentren un canal competitivo común. Sin PASO, esa convergencia es mucho más difícil. Y en un sistema fragmentado como el argentino actual, dividir 10 o 15 puntos puede definir una elección.
Del otro lado, para el oficialismo, el cálculo es inverso. Ningún gobierno competitivo necesita PASO para definir su candidatura presidencial o su liderazgo central. No las usó el kirchnerismo en sus momentos de mayor poder ni las necesitó Mauricio Macri en 2019 para ordenar su oferta. Mostrar una interna en el poder suele ser más un problema que una solución. Por eso, la eliminación de las PASO tiene un efecto concreto ya que le quita a la oposición una herramienta clave sin afectar de manera significativa al oficialismo.
El argumento del costo tampoco resiste demasiado análisis político. Las PASO representan una fracción menor del gasto público nacional y, sobre todo, su impacto es marginal frente a otras partidas. Si el objetivo fuera estrictamente fiscal, el recorte no estaría puesto en un mecanismo que estructura la competencia democrática, sino en áreas de mayor volumen presupuestario. El foco en las PASO revela otra prioridad.
A esto se suma un dato no menor: el proyecto no viene solo. Incluye Ficha Limpia y cambios en el financiamiento. La primera, con alto consenso social, aparece en el paquete como incentivo para conseguir votos en el Congreso. Es decir, se negocia: “si querés Ficha Limpia, aceptá eliminar las PASO”.
El capítulo del financiamiento también tiene efectos concretos. Si se avanza hacia un esquema con menor financiamiento público y mayor peso del aporte privado, el resultado es previsible: partidos con menos estructura —y menos acceso a recursos— quedan en desventaja. En la práctica, eso reduce la competencia real y eleva la barrera de entrada.
De cara a 2027, un oficialismo que hoy no tiene garantizada la reelección necesita que sus adversarios compitan entre sí más de lo que compiten contra él. Quitar las PASO empuja exactamente en esa dirección.
El problema es que lo que es eficaz para una estrategia no siempre es saludable para la institucionalidad. Porque las reglas electorales no solo ordenan quién gana o pierde sino que definen cómo se construyen las mayorías. Y cuando esas reglas se modifican para debilitar la capacidad de coordinación de una parte del sistema, lo que se erosiona es el verdadero equilibrio democrático en su conjunto.