¡Qué linda consigna la de asociar aborto con caída de la natalidad! Por si lo desconoce, señor presidente, las sociedades no dejan de tener hijos por una ley. Las sociedades cambian porque se modifican las expectativas, las oportunidades, los proyectos de vida y las condiciones materiales de existencia. La demografía lo explica hace décadas; la política, prefiere no escucharla.
Me resulta particularmente preocupante la reciente declaración de Javier Milei, quien atribuyó la caída de la natalidad en Argentina a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sosteniendo que la sociedad “hizo un desastre” al reconocer este derecho. La afirmación no solo que es incorrecta por donde se la mire, sino que es una simplificación extrema de uno de los fenómenos demográficos más estudiados del mundo contemporáneo.
Los datos oficiales muestran que la reducción de la natalidad en Argentina comenzó mucho antes de la sanción de la Ley 27.610. El descenso se profundizó a partir de 2014, mientras que la legalización de la IVE – ILE ocurrió recién a fines de 2020. Incluso, la caída de los nacimientos entre 2014 y 2020 fue más pronunciada que la observada en los años posteriores a la aprobación de la norma.
La cronología, por sí sola, ya alcanza para desmontar la supuesta relación causal que intenta construir el presidente y ningún análisis serio puede atribuir a una ley aprobada en 2020 un fenómeno que ya se encontraba consolidado varios años antes, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Existe una tendencia global que atraviesa a países con sistemas políticos, culturas, religiones y marcos normativos completamente distintos. América Latina experimenta este proceso desde hace décadas y organismos internacionales como la Cepal y el Fondo de Población de las Naciones Unidas vienen documentándolo sistemáticamente.
La transición demográfica constituye uno de los procesos sociales más importantes de la modernidad. A medida que las sociedades mejoran sus condiciones sanitarias, educativas y económicas, las personas modifican sus comportamientos reproductivos. Las mujeres acceden a mayores niveles de educación, se incorporan masivamente al mercado laboral, postergan la maternidad, desarrollan proyectos vitales más diversos y disponen de mejores herramientas para decidir si desean tener hijos, cuándo hacerlo y cuántos tener.
Durante décadas, la política pública en materia de salud sexual y reproductiva buscó precisamente que los embarazos fueran resultado de decisiones libres e informadas. El acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y los servicios de salud reproductiva permitieron reducir embarazos no intencionales, especialmente en adolescentes, uno de los cambios demográficos más relevantes de los últimos años.
Pretender explicar todo este proceso social mediante una única variable revela un desconocimiento alarmante de cómo funcionan los fenómenos poblacionales. En demografía, como en todas las ciencias de lo social, existe la premisa básica de que los cambios son multicausales. En el caso de la fecundidad, no responde a una decisión política aislada ni a un acontecimiento puntual, sino que es el resultado de transformaciones económicas, culturales, institucionales y tecnológicas que interactúan durante largos periodos de tiempo.
Por eso resulta llamativo que quien suele reivindicar la evidencia y el conocimiento económico adopte una mirada tan rudimentaria cuando se trata de cuestiones demográficas. La misma rigurosidad que exige para analizar la inflación o la productividad desaparece cuando el tema involucra derechos sexuales y reproductivos. Más preocupante aún es el componente moral que acompaña el diagnóstico presidencial. Al responsabilizar al aborto por la caída de la natalidad, falsea los datos y construye un discurso que presenta las decisiones reproductivas de las mujeres como un problema social y que transforma derechos reconocidos por ley en supuestas amenazas para la supervivencia colectiva.
El razonamiento presidencial es débil y peligroso. Porque si la baja natalidad fuera efectivamente una preocupación pública —y existen razones legítimas para debatir sus implicancias económicas y previsionales— la respuesta no consistiría en restringir derechos ni en culpabilizar a quienes deciden no maternar. Consistiría en diseñar políticas que permitan compatibilizar trabajo y crianza, ampliar las licencias parentales, fortalecer los sistemas de cuidado, garantizar viviendas accesibles y generar condiciones materiales que reduzcan la incertidumbre sobre el futuro. En otras palabras, la solución sería crear más libertad para formar familias, no menos libertad para decidir sobre el propio cuerpo. La Argentina necesita discutir seriamente los desafíos demográficos que enfrenta, y dejar de reemplazar la evidencia por prejuicios.