Más que un aporte al debate público, el proyecto para derogar la paridad de género en Córdoba parece una maniobra de visibilidad política. Una provocación diseñada para hacer ruido en redes antes que para discutir políticas públicas con rigor
Cada tanto aparece en la política un gesto que busca más ruido que reflexión. El proyecto presentado en la Legislatura de Córdoba para eliminar la ley de paridad de género —anunciado en redes sociales con la frase “chau al curro del género”— es uno de esos casos.
No porque abra un debate novedoso, este debate existe desde hace décadas. Sino porque lo hace desde una premisa profundamente equivocada que es creer que la igualdad formal equivale a igualdad real.
El legislador que impulsa esta iniciativa sostiene que las políticas de paridad son un “subsidio” y que las mujeres ya viven en un contexto de plena igualdad jurídica. Incluso afirma que la paridad “infantiliza” a las mujeres y que el mérito debería ser el único criterio de selección política. El problema grave que tiene este argumento no es ideológico, sino que es netamente empírico.
Quien conoce mínimamente la historia de la participación política de las mujeres —en Argentina, en América Latina o en cualquier democracia contemporánea— sabe que las normas de acción afirmativa no surgieron por capricho ni por moda. Surgieron porque los sistemas políticos, dejados a su dinámica “natural”, tendieron sistemáticamente a excluir a las mujeres de los espacios de decisión.
Durante décadas, incluso después de conquistado el derecho al voto, las mujeres ocuparon una proporción mínima de cargos legislativos, ejecutivos y partidarios. No porque faltara talento o vocación política, sino porque los partidos —estructuras profundamente masculinizadas— reproducían lógicas de selección donde las redes informales de poder, los recursos y las oportunidades de carrera política estaban concentrados en varones.
Las leyes de cupo primero y de paridad después no nacieron para “regalar cargos”.
Nacieron para corregir una distorsión estructural en la competencia política. Y los resultados están a la vista.
Argentina pasó de tener legislaturas casi exclusivamente masculinas a convertirse en uno de los países con mayor representación femenina del mundo. Córdoba, en particular, fue pionera en ese camino.
La paridad no es un privilegio, sino una regla de juego democrática ya que las democracias representativas no solo se legitiman por el voto, también se legitiman por la pluralidad social que logran reflejar en sus instituciones.
Decir que la paridad “pone un techo” a las mujeres revela, además, una incomprensión básica de cómo funcionan estas normas. La paridad no limita la presencia femenina, esta garantiza que las listas no puedan construirse excluyéndolas. El objetivo no es fijar un máximo, sino impedir que la política vuelva a ser un espacio reservado para un solo género. Si hoy la paridad parece algo natural, es precisamente porque funcionó.
Resulta llamativo, por otro lado, el momento elegido para anunciar la iniciativa. Difundir el proyecto en el 8M difícilmente pueda interpretarse como una coincidencia. Más bien parece una estrategia clásica de visibilidad política para provocar atención mediática.
Pero señor legislador, gobernar en democracia exige algo más que frases provocadoras. Exige comprender la historia de las instituciones que se pretende modificar, exige reconocer las desigualdades que todavía persisten, y exige, sobre todo, discutir políticas públicas con responsabilidad intelectual.
Porque lo verdaderamente preocupante no es que exista una posición crítica sobre la paridad, esa discusión es legítima. Lo preocupante es la ligereza conceptual con la que se pretende darla por terminada, como si las desigualdades de género en la política hubieran desaparecido por decreto.
Por eso, antes de anunciar el final de una política pública que amplió derechos y mejoró la salud democrática, tal vez convendría hacer algo mucho más simple: estudiar un poco más la realidad que se pretende explicar.