Un análisis sobre el debate por la Ley de Tierras y por qué hay reformas que no dependen sólo de los votos, sino también de los consensos culturales que una sociedad decide preservar.
Foto: Santiago Mellano
El Gobierno decidió retirar el capítulo de la llamada Ley de Tierras que modificaba el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Lo hizo porque no tenía los votos suficientes para aprobarlo y porque incluso gobernadores y aliados anticipaban que no acompañarían esa iniciativa.
Pareciera haber sido una derrota legislativa o un error de cálculo político, pero probablemente el episodio haya mostrado que existen temas sobre los cuales la política descubre que no alcanza con tener una mayoría circunstancial. Hay ciertos consensos sociales que son mucho más resistentes que cualquier negociación parlamentaria.
El gobierno de Milei llegó con una vocación reformista pocas veces vista en la Argentina reciente. En menos de tres años logró instalar debates que hasta hace poco parecían imposibles: el tamaño del Estado, el equilibrio fiscal, el sistema previsional, las empresas públicas o el régimen laboral. Muchas de esas discusiones rompieron viejos consensos y modificaron el sentido común de buena parte de la sociedad y, guste o no, forma parte del mandato que recibió en las urnas. Pretender debatir esas normas es totalmente legítimo y válido en una democracia.
Pero también es legítimo que una sociedad establezca límites sobre aquello que considera parte de su patrimonio colectivo. Porque la tierra, en la Argentina, nunca fue solamente un bien económico. Es territorio, soberanía, recursos naturales, producción y también memoria colectiva, es una de esas cuestiones donde la racionalidad económica convive con una carga simbólica enorme. Allí los argumentos técnicos dejan de ser suficientes porque la discusión pasa a jugarse en el plano de la identidad nacional.
Todos los países conservan algunos consensos de esa naturaleza; son acuerdos que sobreviven a los cambios de gobierno y a las alternancias ideológicas porque forman parte de la manera en que una sociedad se piensa a sí misma. No significan que esos temas no puedan debatirse. Significan que quien pretenda modificarlos deberá construir algo más sólido que una mayoría legislativa; primero se deberá convencer a la sociedad, y eso lleva un tiempo prudente.
Quizás por eso la discusión pública terminó imponiéndose sobre la discusión jurídica. El debate dejó rápidamente de concentrarse en los alcances concretos del proyecto para girar alrededor de qué significa, para los argentinos, la propiedad de la tierra.
Sería un error concluir que existen temas prohibidos o reformas imposibles; las democracias avanzan precisamente porque son capaces de revisar sus propias reglas. Pero también sería un error creer que toda norma puede modificarse con la misma facilidad. No todas las leyes tienen el mismo peso simbólico; algunas regulan actividades económicas; otras rozan fibras profundas de la identidad de un país.
Tal vez esa sea la verdadera enseñanza que deja esta semana. Gobernar también consiste en reconocer que hay reformas que dependen del Congreso y otras que, antes de llegar al recinto, necesitan atravesar un proceso mucho más complejo: el de construir un nuevo consenso cultural. Porque, al fin y al cabo, las democracias se sostienen sobre las mayorías, claro, pero también descansan sobre aquellos acuerdos que, generación tras generación, una sociedad decide preservar. Y entender dónde termina el margen de la política y dónde empiezan esos consensos es, quizás, una de las formas más maduras de ejercer el poder.
