El sindicato local denuncia
que 124 trabajadores fueron desvinculados, sumándose a los más de 130 cesanteos aplicados en octubre del año pasado. En total son más de 250 empleados afectados, en una fábrica que hace menos de un año contaba con 375 trabajadores.
De acuerdo con las denuncias sindicales encabezadas por Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico, la jornada comenzó con una fuerte presencia policial y militarizada dentro y fuera del establecimiento. “Desde las 4 de la mañana militarizaron la fábrica, con infantería adentro y policías en el perímetro exterior”, expresó Felici, quien agregó que muchos trabajadores quedaron atrapados dentro de la fábrica sin poder salir y sin poder acceder el turno siguiente.
La situación derivó en una contundente respuesta de los operarios: tomas de la planta, bloqueos en el ingreso al polo químico y un paro total de actividades en todas las empresas del sector químico provincial, convocado por el SPIQyP. El gremio anunció además una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo cordobés por un supuesto lockout patronal, acusando a la empresa de haber paralizado la producción y de retirar productos en camiones sin explicación, lo que alimenta los temores de un vaciamiento o una futura venta encubierta.
Felici cargó contra la empresa por supuesta irresponsabilidad institucional y reiterado incumplimiento legal: “La respuesta al Ministerio de Trabajo de Córdoba y al sindicato fue nuevamente romper con toda la legalidad y ejecutar los despidos sin comunicación previa”, indicó.
Mientras tanto, trabajadores denunciaron que la empresa aún no pagó el salario de junio, lo que sirvió de detonante para la huelga y profundizó el conflicto.
El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, admitió que tuvo un contacto informal con la dueña de la petroquímica, pero aseguró que no fue informado oficialmente de los despidos. Aseguró que la empresa no se cerrará, sino que atraviesa una reestructuración con reducción de personal, aunque no precisó el número exacto. Reclamó que esta crisis no se extienda a otras industrias del polo químico como Atanor, que está en proceso de inversión y consolidación. Alertó, asimismo, sobre el impacto en el consumo local y la economía familiar: “Nos ha afectado mucho la primera tanda de despido, y ahora esto se repite”.
Desde el gremio sostienen que este nuevo recorte va más allá de un ajuste convencional: habría una estrategia encubierta para flexibilizar las relaciones laborales, romper contratos colectivos y sacar ventaja del clima político favorable a la liberalización.
Fuente: Perfil