El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 158 votos a favor pero sin alcanzar los dos tercios necesarios para blindarla frente a una eventual decisión presidencial. La norma contemplaba la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la inflación y la reapertura de paritarias docentes y nodocentes. Desde el Poder Ejecutivo fundamentaron la medida en el elevado costo fiscal y en la falta de recursos identificados para sostenerla. El veto generó un inmediato repudio por parte de los gremios universitarios, que anticiparon un paro nacional y una movilización al Congreso el día que se trate el rechazo a la decisión del Gobierno. Estudiantes, docentes, investigadores y nodocentes también comenzaron a organizarse para sumarse a las protestas en distintas ciudades del país. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, su presidente Víctor Moriñigo advirtió que el oficialismo busca “la muerte por inanición de la universidad pública” y alertó sobre el impacto que tendrá la falta de financiamiento en el funcionamiento cotidiano del sistema. La oposición, en tanto, prepara una sesión especial en la Cámara baja con el objetivo de reunir los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la ley.
