Daniel Frangie, Defensor del Pueblo de Río Cuarto, se presentó esta mañana en el Concejo Deliberante para rendir cuentas de lo trabajado durante el último año.
En una radiografía detallada de los asuntos en los que intervinieron, aseguró que la agenda de la institución se expandió: de recibir, en su mayoría, quejas sobre los servicios municipales a intervenir en problemáticas sociales, digitales, jurídicas y de acceso a derechos.
Uno de los ejes centrales fue el aumento de las estafas digitales. La Defensoría intervino en numerosos casos vinculados a fraudes virtuales, logrando resoluciones favorables en aproximadamente el 30% de las denuncias atendidas. En ese sentido, pidió mayores exigencias para con las entidades financieras.
Otro de los datos duros del informe tiene que ver con el acceso a la vivienda. En una ciudad donde se estima que el 30% de la población alquila, la Defensoría debió orientar jurídicamente en más de 1300 casos vinculados a conflictos de contratos y aumentos desmedidos durante el último año.
A la tensión de los alquileres se sumó la preocupación por los servicios públicos. En relación con EMOS, se registraron numerosas quejas por incrementos tarifarios y por la falta de agilidad en la implementación y resolución de tarifas sociales. Asimismo, se expresó preocupación por la posible derogación del beneficio de Zona Fría, que permite descuentos en las tarifas de gas y representa un alivio importante para miles de familias.
Durante su exposición, Frangie advirtió que el contexto actual impacta en el ejercicio de los derechos básicos. La Defensoría reportó crecimiento en situaciones de vulnerabilidad social, que golpean con mayor fuerza a sectores atravesados por problemas de salud, discapacidad y a las infancias.
En el área de inclusión social, la Defensoría señaló que gran parte de las intervenciones están vinculadas a barreras burocráticas y administrativas que dificultan el acceso a prestaciones y derechos. Entre ellas, se mencionan las demoras y dificultades relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad y el acceso a prestaciones de salud.
El Defensor subrayó una paradoja moderna: las plataformas estatales creadas para facilitar trámites hoy son una barrera para muchos. Sistemas como CIDI y Mi Argentina, aunque necesarios para múltiples gestiones, continúan representando dificultades para muchos ciudadanos, especialmente adultos mayores y sectores con menor acceso tecnológico.
Por último, la agenda de infraestructura no quedó fuera del reporte. Las quejas por los problemas derivados de la obra de circunvalación, el trazado de la Ruta 30 y la autovía de Holmberg continúan siendo una demanda latente de los vecinos y usuarios que transitan la región.