La iniciativa formó parte de una jornada nacional en repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación, que incluyó a familias, personas con discapacidad y trabajadores del sector, se replicó en otras ciudades del país como Córdoba capital y Cosquín. Los participantes denunciaron que el veto representa un abandono del Estado hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y apuntaron contra los diputados cordobeses que votaron en contra o se abstuvieron, entre ellos Belén Avico, Laura Rodríguez Machado, Luis Picat, Gabriel Bornoroni, María Celeste Ponce y Alejandra Torres.
La ley vetada declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2027 y contemplaba mejoras como actualizaciones automáticas de aranceles, aumento de pensiones no contributivas, apoyo a talleres protegidos y cumplimiento del cupo laboral en el Estado. El Gobierno argumentó que su implementación tendría un alto costo fiscal, estimado en más de dos billones de pesos en 2025. Diversas organizaciones, como el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, rechazaron el veto por considerarlo socialmente injusto y reclamaron su anulación en el Congreso, que necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para revertirlo.