En la sesión de este jueves, el gobierno nacional buscará que el Senado apruebe la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
La iniciativa oficialista modifica el régimen que regula quiénes y en qué condiciones pueden comprar tierras rurales.
La Ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El objetivo es preservar la soberanía nacional sobre recursos estratégicos: el agua dulce, los suelos productivos y las zonas de frontera.
Uno de los puntos más importantes es que la legislación fija un tope del 15% de posesión extranjera sobre tierras rurales de todo el territorio nacional, cada provincia y cada municipio, departamento o unidad subprovincial. Además, establece que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo permitido y un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola o su equivalente en otras regiones del país.
La ley que fue impulsada por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado -Federico Sturzenegger- reúne modificaciones sobre la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, los procesos de desalojo, los alquileres y las expropiaciones. Esta redefine la relación entre propiedad privada, intervención estatal, protección ambiental, derecho a la vivienda y control del territorio.
“Lo que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”, advirtieron desde el Observatorio de Tierras, una iniciativa de investigación integrada por científicos del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El proyecto del Gobierno
El Gobierno busca derogar la Ley de Tierras y, con ello, eliminar el límite del 15% de extranjerización, la eliminación del tope de 1.000 hectáreas por propiedad y la habilitación a la compra de territorios estratégicos. Habilita que ciudadanos y sociedades privadas puedan comprar tierras, aunque limita a los Estados extranjeros o empresas estatales.
Hoy, más de 13 millones de hectáreas de tierras rurales están en manos extranjeras. La mayor parte se concentra en zonas de frontera, corredores logísticos, acuíferos estratégicos, bosques nativos, áreas cercanas al río Paraná y territorios con minerales. Es decir, capitales extranjeros compran espacios clave para la soberanía y la producción.
Si bien las primeras versiones del proyecto eliminaban los topes a la extranjerización, el texto más reciente establece un límite del 25% por persona o empresa. Desde las organizaciones sociales y académicas, advierten que este tope es “engañoso”: solo se calcularía sobre la superficie rural total de cada provincia.
No establece topes para departamentos, municipios ni otras escalas locales, que es donde los datos del Observatorio de Tierras muestran las mayores concentraciones. Así, una provincia puede mantener un promedio bajo mientras un departamento entero queda mayoritariamente en manos extranjeras.
También introduce cambios claves en la Ley de Manejo del Fuego. No se elimina todo el Sistema Federal de Manejo del Fuego, sino que se modificarían las restricciones creadas para impedir que el suelo quemado sea rápidamente loteado, vendido o destinado a nuevos negocios inmobiliarios y productivos.
Actualmente existe un plazo de 60 años para bosques nativos y 30 años para zonas agropecuarias y pastizales, tras un incendio forestal se prohibía la venta de terrenos o la modificación de su uso comercial y de construcción para evitar la especulación inmobiliaria.
El nuevo proyecto elimina estas restricciones, permitiendo emprendimientos inmobiliarios o actividades agrícolas inmediatamente después de tareas de restauración. En la práctica, reduce las barreras que impiden cambiar el uso económico de una tierra después de que se quema.