La Justicia hizo lugar al pedido de restitución internacional. El juez estableció condiciones de “regreso seguro” que el padre deberá cumplir.
La Justicia cordobesa ordenó que un niño de tres años regrese a Bogotá, Colombia, luego de determinar que su traslado a la Argentina fue ilícito. El Juzgado de Familia de 2° Nominación hizo lugar al pedido de restitución internacional tras considerar que la residencia habitual y el centro de vida del menor se encontraban en su país de origen, donde tenía un entorno educativo y social consolidado.
El traslado a Córdoba, ocurrido en febrero de 2026, había sido una decisión unilateral de su madre, quien alegó un “grave riesgo” y la “falta de ejercicio de la custodia” por parte del padre. Sin embargo, tras comprobar las condiciones de vida del niño en Bogotá y no acreditarse un peligro calificado que impidiera el retorno, el juez Gabriel Tavip desestimó el planteo de la mujer.
Según la resolución judicial, el viaje fue ilícito ya que vulneró el Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, al concretarse sin la autorización paterna ni la autorización de un juez para que el niño saliera del país.
Regreso seguro
Dado que su madre es su principal referente afectivo, el juez determinó que el niño viaje junto a ella y permanezca bajo su cuidado hasta que la Justicia colombiana resuelva la responsabilidad parental.
La resolución supeditó la ejecución efectiva del retorno al cumplimiento previo de un paquete de medidas de protección y “regreso seguro” que deberá asumir el padre. Entre estas obligaciones, el progenitor tendrá que hacerse cargo del costo de los pasajes aéreos para ambos desde Córdoba hacia Bogotá, así como también proveer a la madre y al niño de un inmueble en la capital colombiana por el término de un año, con características equivalentes a la vivienda que ocupaban antes del traslado.
El juzgado solicitó la intervención de la Autoridad Central de la República Argentina para que trabaje en coordinación con su par colombiana en la supervisión del cumplimiento de estas medidas. A su vez, el tribunal requirió que se le garantice a la progenitora el acceso a patrocinio jurídico gratuito en Colombia, sumado a asistencia institucional y resguardo ante eventuales situaciones de vulnerabilidad o violencia.