Era la hora 9:53 del lunes 18 de Julio de 1994. Una violenta explosión redujo a escombros el edificio donde funcionaba la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando tras de sí 85 muertos y 300 heridos. El mayor atentado terrorista sufrido en Argentina en toda su historia.
Y comenzaron las improvisaciones…y la monumental maniobra de encubrimiento. La Policía Federal no tuvo control en ningún momento sobre los rescates ni la remoción de escombros. Nada se hizo metódicamente ni se cuidaron las pruebas que pudieran recogerse. El único vehículo que podía atestiguar de dónde había venido la onda explosiva (un Renault importado atravesado por perdigones), quedó tapado por los escombros que le depositó una grúa, tornando imposible determinar qué daños habían sido por la bomba y cuáles por lo que le fue arrojado posteriormente encima.
El juicio, que comenzó en septiembre de 2001, concluyó en 2004 con el fallo del Tribunal Oral Federal 3, que declaró nulas todas las acciones judiciales debido a graves irregularidades. En 2003 la SIDE, con la colaboración del FBI, el Mossad, servicio secreto israelí, y otros servicios europeos elaboró un informe que asegura que el autor del atentado era una persona llamada Ibrahim Hussein Berro, que ingresó a la Argentina junto con Ahmed Saad. Sin embargo, los estudios realizados por el FBI, finalizados en 2017, darían negativo luego de analizar muestras de ADN recogidas en el lugar del atentado. El sospechoso sería muerto meses después en Beirut en un ataque israelí.
La Fiscalía acusó a ex funcionarios iraníes como autores intelectuales, y de esta manera, Interpol emitió órdenes de detención —conocidas como notificaciones rojas— para cinco exfuncionarios iraníes. Ellos son: Ahmad Vahidi, entonces ministro de Defensa iraní y exjefe de la Guardia Revolucionaria; Alí Fallhijan, ex ministro de Seguridad; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires; Ahmad Reza Ashgari, el exsecretario de esa sede diplomática. Al día de hoy, Irán se niega a entregarlos o siquiera permitir que sean interrogados en su propio territorio.
La muerte del Fiscal especial Alberto Nisman en muy extrañas circunstancias -y jamás esclarecida-, dejó aún más incertidumbre en una causa de por sí trabada y bloqueada. Cambiaron los Gobiernos, las autoridades judiciales y los jefes policiales, pero siempre se trabajó sobre la misma hipótesis: las autoridades de la República Islámica de Irán habían decidido “castigar” a Argentina por negarse a efectivizar la venta de agua pesada oportunamente acordada durante el Gobierno del Presidente Alfonsín. La decisión se había instrumentado a través del movimiento Jizballah del Líbano con sus células en América del Sur (Ciudad del Este).
Sin embargo, hasta el propio Mossad terminó reconociendo que dicha pista era poco sólida. Jamás, en cambio, se investigó la llamada “Pista Siria”, más creíble y vinculada directamente con el entonces Presidente Carlos Menem. ¿Por qué? De una profusa investigación realizada por el matutino “Página/12”, se deriva una impresionante síntesis, a saber: Inmediatamente después del atentado a la AMIA, la pista que involucraba al ciudadano argentino de origen sirio Alberto Kanoore Edul era una de las más fuertes. Según los datos, había llamado a Telleldín (reducidor de autos robados) días antes de la explosión y tenía entre sus contactos al agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina y a otro sospechoso, Moshen Rabbani. También existía el dato de la ubicación de un volquete en la puerta de la mutual judía minutos antes del atentado, propiedad de la empresa Santa Rita -del también descendiente de sirios Nassib Haddad-, que ese mismo día había ubicado otro volquete en la puerta de una de las propiedades de Kanoore Edul.
El 26 de Julio de 1994, Galeano ordenó intervenir los teléfonos pertenecientes a Kanoore Edul. Días después sumó tres allanamientos a propiedades de esa familia. El 1º de Agosto de 1994, el padre del sospechado fue a la Casa Rosada y se reunió con Munir Menem, quien por entonces era el titular de la Unidad Presidente y hermano menor del ex mandatario. Lo que se pudo reconstruir en la instrucción indica que, tras el encuentro, Munir Menem llamó a Galeano, quien interrumpió la investigación de esa línea “por motivos contrarios a derecho y destinados a sustraer de la investigación y de las consecuencias penales a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a otras personas de su entorno que se encontraban sospechadas de haber realizado el atentado”.
Tras ese encuentro, de los tres allanamientos sólo se concretó uno, mientras que las autoridades judiciales dieron por probado que los efectivos a cargo de esas acciones se comunicaron con Kanoore Edul para alertarlo. Galeano no volvió sobre esta pista. Los legajos de transcripciones de escuchas telefónicas que había ordenado, en tanto, desaparecieron. Lijo acusó a Menem de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad. Munir falleció. Galeano respondió por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violación de medios de prueba, mientras que Anzorreguy respondió por los de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica, lo mismo que su segundo, Juan Carlos Anchezar. Para el juez, el Fino Palacios encubrió, abusó de su autoridad y violó medios de prueba. Su par, el comisario Carlos Castañeda, también cometió falsedad ideológica.
Pasaron 31 años. El reclamo de Justicia es el mismo. Y, en tanto, hay otro Gobierno que juega con fuego en su Política Exterior, provocando riesgos al alinear acríticamente al país con el actual Gobierno de Israel y apoyando sus ataques y bombardeos.
¿Es Argentina hoy más segura que en 1994? ¿Sus servicios de inteligencia son mejores? ¿Sus autoridades judiciales y policiales están preparadas para investigar y dar rápidas respuestas frente al terrorismo internacional? La respuesta, lamentablemente, es NO.
