Causa Alicio Dagatti

La abogada, el veterinario y el “perfilador” de carne

De qué acusa el fiscal de Delitos Complejos a los tres detenidos a los que acaba de dictarles la prisión preventiva

La noticia que Otro Punto anticipó en la tarde del jueves significó un nuevo revés para los tres riocuartenses implicados en la grave acusación que está llevando adelante el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier y que tiene en el centro de la escena al empresario de la carne Alicio Dagatti.

Es que además del presidente de Asociación Atlética Estudiantes, de su hijo, y de uno de los responsables del Frigorífico Livorno. Gavier amplió la mira a otras tres personas que se encontraban bajo el mando de Dagatti, a quienes les acaba de dictar la prisión preventiva.

Se trata de la abogada Virginia Collosa (35), el médico veterinario Roberto Adrián González (40) y Emanuel Giardina (38), empleado del frigorífico Livorno. Los tres fueron detenidos a mediados de marzo de este año y al igual que el resto de los detenidos en la causa Dagatti deberán esperar el juicio, en una celda del Complejo Carcelario 1 Reverendo Luchesse.

La “causa madre” investiga cómo se ingresaban a Bouwer cargamentos de carne que provenían del frigorífico riocuartense Livorno y que, según la acusación, contenían en el interior de las reses estupefacientes, alcohol, y teléfonos celulares que una vez que ingresaban al penal eran utilizados por los internos para tramar estafas.

Pero la acusación de Gavier no se agota allí, sino que se profundizó cuando el fiscal de Delitos Complejos empezó a seguir la ruta de uno de los camiones que provenía del frigorífico de Dagatti y que fue rechazado en Bouwer el 26 de diciembre de 2023 porque los encargados de recibirlo en el penal notaron que por la coloración oscura de la carne y el fuerte olor que despedía, se hacía evidente que las reses no estaban aptas para el consumo humano.

De acuerdo a la extensa acusación, tanto Collosa, como González y Giardina cumplieron un rol decisivo para que esa carne volviera a ser introducida al penal, acondicionada de tal manera que no se notara a simple vista que se trataba del mismo cargamento que había sido rechazado.

Para Gavier, esa operatoria constituye una defraudación al Estado y a particulares. Pero, en su óptica, la maniobra no se agotó allí, sino que ese mismo cargamento habría servido como pretexto para engañar a la empresa de transporte. ¿De qué manera? A través de un reclamo judicial en el que el frigorífico Livorno le exigió a la transportista una alta suma de dinero como compensación. Para lograr su cometido, habrían fraguado el decomiso de la carne. En otras palabras, le enrostraron que por “haber perdido la cadena de frío” en el trayecto desde Río Cuarto a Bouwer, el frigorífico sufrió el decomiso de la mercadería.

De la investigación que llevó adelante Gavier surge que ese decomiso, nunca existió y las 62 reses devueltas fueron “maquilladas” o perfiladas con un cuchillo quitándoles las partes que estaban notoriamente en mal estado para así poder reintroducirlas al penal de Bouwer.

Ahora bien, ¿qué rol le atribuyó a cada uno de los acusados?

Virginia Collosa habría utilizado su rol profesional para “brindar asesoramiento técnico-legal funcional al plan delictivo”. Es decir que habría ayudado a confeccionar la documentación que respalde el engaño. Si bien Collosa negó conocer las actividades ilegales y aseguró haber trabajado de manera externa para redactar un descargo administrativo por un rechazo de mercadería, la Fiscalía sostiene que su participación no fue inocente, sino que la acusa de haber ayudado a fraguar pruebas que habrían buscado justificar el envío de carne en mal estado al penal de Bouwer a fines de diciembre de 2023.

A Federico Emanuel Giardina, trabajador del frigorífico, lo señala como un eslabón fundamental dentro del engranaje. Asegura que era el “perfilador” de la carne. El encargado de limpiar con un cuchillo las zonas más oscuras de las reses. Claro que el fiscal lo dice en el estilo leguleyo: siguiendo instrucciones de los líderes de la banda, “manipulaba los productos cárnicos para disimular su mal estado”, facilitando así que fueran distribuidos a los centros de detención. Además, habría ayudado a ocultar irregularidades dentro del frigorífico, especialmente en las cámaras de refrigeración que estaban bajo su responsabilidad.

Finalmente, Roberto Adrián González, el veterinario habilitado por SENASA, es acusado de haber omitido controles sanitarios obligatorios sobre la carne distribuida y de permitir que terceros utilizaran su firma y sello oficial para autorizar envíos sin supervisión. El fiscal entiende que González “violó de manera reiterada sus deberes profesionales”, contribuyendo activamente a encubrir el ingreso de productos en mal estado y, por lo tanto, vulnerando la salud pública.

A los tres los consideró integrantes de una asociación ilícita, es decir, una banda organizada con estructura, permanencia y fines delictivos. Ese delito prevé penas de hasta 10 años de prisión, y más aún si se comprueban delitos complementarios como defraudación al Estado o atentado contra la salud pública.