Abuso y suicidio de una niña de 11 años

El clamor que nadie oyó

En los tribunales de Río Cuarto se está juzgando la conducta de un hombre de 63 años acusado de abusar de su sobrina, bajo amenaza de muerte. La víctima, una niña de once años acabó quitándose la vida y en su instante final dejó una carta que expone su calvario. Si la Justicia determina que el abuso y el suicidio tienen directa vinculación, el acusado Anselmo González pasará el resto de sus días en prisión

La historia que hoy sacude a los tribunales no empieza en la amplia sala de audiencias de la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto. Ese, en todo caso, es el final. La primera imagen de esta espeluznante causa no es la del acusado en el banquillo ni la de los tres jueces y los jurados populares que en las próximas horas decidirán su destino. Es la de una niña de 11 años (I.G.) que, encerrada en su habitación, está escribiendo una nota dirigida a la jueza de paz de Arias, el pueblo donde residía. En esa hoja nombraba el abuso sexual que había sufrido durante meses. Para minutos después, terminar con su vida. Al mismo tiempo Melina Ortiz, su madre, intercambiaba mensajes cordiales con el hombre al que ella señalaba como su abusador, su tío.

El 10 de enero de 2023, esa misma niña ya había intentado quitarse la vida. En esa ocasión, ingirió setenta pastillas. Su madre la encontró a tiempo. Fue trasladada primero al hospital del pueblo y, luego, al Hospital Infantil de Córdoba, donde le realizaron tres lavajes de estómago y la dejaron en observación. Allí, frente a médicos y profesionales de la salud, la niña dijo que su tío la violaba.

Ese señalamiento abrió la causa que hoy se juzga en los tribunales. En el banquillo está Anselmo González (63), acusado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con una menor de edad, en los términos del artículo 119 del Código Penal. En la primera audiencia, la fiscal Rosario Fernández López, pidió el cambio de calificación legal, y acusó a González de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el artículo 124. Es decir, de abuso seguido de muerte. Si en el proceso se demuestra la conexión entre los abusos y la muerte de la niña, la pena no será otra que la prisión perpetua.

Es por eso que la fiscal explicó por qué el debate se realiza con jurado popular, una modalidad poco frecuente en casos de abusos. “Sumamos a los jurados para evitar una posible nulidad del juicio si se lograba demostrar la conexión de la muerte de la nena con los abusos sexuales. Ya estando al frente de una condena de prisión perpetua, tiene que ser integrado por jurados populares”, explicó.

Los hechos que Otro Punto expone ocurrieron, según la acusación, durante 2023, en la casa de la abuela paterna de la niña, en Arias, la localidad cordobesa a 197 kilómetros al este de Río Cuarto. En ese mismo domicilio también vivía el imputado. Mientras la abuela, de 84 años, estaba postrada en la cama, el hombre obligaba a la menor de tan solo 11 años, a subirse la remera para tocarle y besarle los pechos. La amenazaba con una cuchilla y le decía que si no obedecía mataría a su madre y prendería fuego la casa.

No eran hechos aislados, sino reiterados. También la obligaba a bajarse la ropa interior para tocarle la zona íntima y se masturbaba frente a ella hasta eyacular. Todo bajo amenazas. Todo en silencio. Todo en una casa que debía ser un lugar seguro.

La niña (I.G.) vivía con su madre. Su infancia ya estaba marcada por la violencia. Cuando era bebé, su padre, afecto al alcohol, intentó prender fuego la casa con ambas mujeres adentro. En medio del ataque, la madre lo golpeó con una botella de vidrio. El hombre falleció tiempo después; la autopsia determinó que no murió por el golpe sino por una enfermedad. Sin embargo, la familia paterna responsabilizó a Melina por la muerte. Ella fue diagnosticada con estrés postraumático y medicada.

Tras el primer intento de suicidio y la revelación en el hospital, se activaron mecanismos judiciales y se dictó una orden de restricción. Sin embargo, tiempo después, mientras el imputado insistía por mensajes para ver a la menor en la casa de la abuela, I.G. tomó nuevamente pastillas. Esta vez no hubo margen. La autopsia concluyó que murió por intoxicación y asfixia por consumo de medicamentos psiquiátricos.

En la sala de audiencias, el acusado negó los hechos. Se abstuvo de responder preguntas, aunque dejó una frase breve: “Con la familia nos llevábamos bien y con el pasar de los años mejor, pero bueno”. No se sabe aún si volverá a hablar antes del veredicto.

El juicio tiene una ausencia que pesa. No hay familiares directos de la niña que puedan sentarse en primera fila. Su madre murió el año pasado de un ataque al corazón. La fiscal lo dijo sin rodeos: era necesario integrar jurados populares para evitar que el proceso quedara expuesto a nulidades, sobre todo si el debate confirma el nexo entre los abusos y la muerte.

La pregunta que atraviesa el juicio no es solo jurídica. Es, sobre todo, humana. ¿Qué sucede en la vida de una niña de 11 años para que la muerte parezca una salida? ¿Qué terror debe anidar en su cuerpo para que elija callar hasta que el dolor se vuelva insoportable?

La acusación intentará probar que el abuso no fue solo un delito sexual, sino el detonante de una cadena de sufrimiento que terminó en suicidio. Que las amenazas con una cuchilla no fueron un recurso aislado, sino el mecanismo que terminó con los sueños de una nena. Que el silencio impuesto por el miedo se transformó en una carta final.

En el centro del debate hay artículos del Código Penal, discusiones sobre agravantes y nulidades posibles. Pero detrás de esa arquitectura jurídica hay una escena imposible de desoír: una niña sola en su habitación, escribiendo su última verdad en una hoja de papel.