Durante semanas, la discusión pública dejó de concentrarse únicamente en el horror del femicidio de Agostina para empezar a recorrer un camino mucho más incómodo para el gobierno de Córdoba. Un fiscal que había liberado al principal acusado y estaba por asumir un nuevo cargo institucional; el circuito de ingresos a la Municipalidad de Córdoba; los controles sobre la noche; los vínculos entre funcionarios, estructuras políticas y decisiones judiciales. Problemas que parecían independientes, forman parte de una misma conversación.
Por años, el peronismo cordobés consiguió administrar sus crisis por separado; un escándalo era un escándalo, un error era un error, cada conflicto tenía su explicación, sus responsables y su fecha de vencimiento. El caso Agostina rompió ese mecanismo ya que, por primera vez, distintas fallas del Estado aparecieron conectadas en una misma historia.
El femicidio de una niña, por sí mismo, ya constituye una tragedia inmensa, que nos cala en lo más profundo. Pero, visto desde el tinte político, este caso conectó piezas que hasta hace pocas semanas aparecían dispersas. De golpe, la discusión dejó de ser exclusivamente sobre un crimen para transformarse en una conversación sobre cómo funciona el Estado cordobés. La pregunta pública sobre ¿quién mató a Agostina?, se transformó en ¿quién lo dejó llegar hasta ahí?
Apareció entonces el fiscal que un año antes había otorgado la libertad bajo fianza a Claudio Barrelier y que, paradójicamente, estaba a punto de asumir un nuevo cargo institucional como Procurador penitenciario adjunto. Su designación quedó frenada mientras se analiza un eventual jury por mal desempeño.
En paralelo, se miró el circuito de ingresos a la Municipalidad de Córdoba. El principal acusado apareció también como parte de una estructura de incorporaciones por vínculos personales y políticos que volvió a instalar el viejo debate sobre el empleo público como mecanismo de pertenencia y protección.
Después llegó la tercera capa y una de las más controversiales del gobierno de la ciudad de Córdoba: los controles sobre la noche. ¿Quién controla los boliches? ¿Las habilitaciones? ¿Las inspecciones? ¿Coimas?
Nada de eso era nuevo, por cierto, pero el caso de Agostina obligó a mirarlo todo al mismo tiempo. Claramente no existe evidencia de responsabilidad política directa en el crimen de esta joven, pero este suceso revela una imagen de un Estado excesivamente acostumbrado a convivir con zonas grises.
Los gobiernos que permanecen muchos años en el poder desarrollan fortalezas evidentes, como la de conocer el territorio, administrar mejor, construir equipos estables. Pero también generan rutinas que producen confianza hacia adentro, y muchas veces, estas confianzas reducen la capacidad para detectar cuándo determinadas prácticas dejaron de ser normales para la sociedad. ¿Se están haciendo bien las cosas?
El caso Agostina encontró al peronismo exactamente en ese punto. No golpeó únicamente a Daniel Passerini, también alcanzó a Martín Llaryora, ya que ambos representan una misma continuidad política.
En el Panal intentan relativizar el impacto electoral. Admiten una baja de algunos puntos en la imagen municipal y sostienen que la gestión terminará recuperando terreno. La apuesta oficialista consiste en responder con más obras, más presencia territorial y una agenda intensa de gestión.
Es una estrategia lógica, pero creo sinceramente que esta vez la discusión gira alrededor de la confianza institucional. Se debe mostrar que las reglas y las “rutinas” efectivamente cambiaron; que los controles empiezan a funcionar; que los responsables pagan costos y que las instituciones corrigen sus propios errores.
La oposición, mientras tanto, enfrenta otro desafío; su tentación natural será convertir el caso en una bandera electoral permanente, pero la sociedad suele castigar tanto la impunidad como la especulación. Si el oficialismo minimiza el problema, pierde credibilidad, pero si la oposición solo intenta rentabilizar el dolor, también.
Si Córdoba percibe que este fue un hecho excepcional, el oficialismo probablemente logre absorber el impacto. Pero si termina instalándose la idea de que Agostina no fue víctima únicamente de un asesino sino también de un conjunto de fallas institucionales que el Estado permitió durante demasiado tiempo, entonces el daño dejará de ser coyuntural.